(CNN Español) – Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Menem y Adolfo Rodríguez Saá tienen varias cosas en común; los tres fueron presidentes de Argentina y todos son ahora senadores de la república.
Los 23 senadores que fueron electos el 22 de octubre, entre ellos los tres exmandatarios, tomaron posesión este miércoles en la Cámara alta en Buenos Aires.
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Fernández de Kirchner (presidenta de 2007 a 2015) fue elegida por la provincia de Buenos Aires. No es su primera vez en el Congreso; fue senadora de 1995 a 1997, luego de 2001 a 2005, y en 2007 renunció a su cargo como senadora para aspirar a la presidencia.
Por su parte, Menem (presidente de 1989 a 1999) y Rodríguez Saa (que apenas fue presidente 7 días en 2001) retoman las bancas que ocupan desde 2005.
Fernández de Kirchner y Menem comparten algo más: ambos enfrentan problemas con la justicia.
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La expresidenta tiene cargos formales en su contra en tres investigaciones judiciales.
En la más reciente, el juez Claudio Bonadío decidió procesarla por asociación ilícita, lavado de activos y negociaciones incompatibles con la función pública.
La justicia investiga si a través del alquiler de inmuebles, la familia Kirchner recibió pagos por el otorgamiento indebido de obras públicas, licencias para el juego y explotación de áreas petroleras los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López. El juez también presentó cargos contra los hijos de la expresidenta, Máximo y Florencia Kirchner, a estos empresarios y a 16 personas más.
A todos les prohibió salir del país y les impuso embargos a sus bienes.
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En el caso de la expresidenta, su hijo y los empresarios, supera los 8 millones de dólares.
En cambio para Florencia Kirchner el monto es un poco menor: poco más de 6 millones de dólares.
Este procesamiento se suma a los cargos formales que enfrenta en otras dos causas: la de dólar futuro, relacionada con la venta de divisas por parte del estado y por la que irá a juicio en los próximos meses, y otra por el supuesto direccionamiento de obras públicas en la provincia de Santa Cruz al empresario Lázaro Báez.
La exmandataria rechazó las acusaciones y pidió una auditoría de todas las obras públicas durante su gobierno.
En la investigación de la causa Hotesur, en la que aún la exmandataria no tiene cargos formales en su contra, se investiga la misma operatoria que en Los Sauces, pero con el alquiler de los hoteles que posee la familia Kirchner.
La justicia argentina investiga los alquileres que realizaba la sociedad Los Sauces, propiedad de la expresidenta y sus hijos, a los empresarios contratistas del Estado, Lázaro Báez y Cristóbal López. La Fiscalía sospecha que a través de estos alquileres, los Kirchner recibían pagos por el “indebido otorgamiento” de obras públicas, licencias para el juego y explotación de áreas de industria petrolera a Báez y López.
Tanto la expresidenta como el resto de los acusados se han declarado inocentes.
La exmandataria y su familia niegan haber lavado dinero. Además, aducen que ellos alquilaban inmuelbes y que los hoteles los explotaban sus locatarios y que todas estas causas forman parte de una persecución política en su contra.
Pero la expresidenta también es investigada en varias causas más sin cargos formales.
Una de ellas es la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman sobre un presunto pacto con irán para encubrir el atentado de la mutual judía AMIA.
Nisman apareció muerto de un tiro en la cabeza en el baño de su casa el 18 de enero de 2015, cuatro días después de haber denunciado a la entonces presidenta y a varios funcionarios del gobierno por el supuesto encubrimiento de los acusados iraníes por el atentado a la mutual judía Amia, que en 1994 dejó 85 muertos.
Las acusaciones fueron negadas por Fernández y los demás funcionarios y fue desestimada en varias ocasiones por las autoridades argentinas.
La exmandataria ha dicho que la acusación de que haya tenido algo que ver con la muerte de Nisman “es un disparate”.
“Es una acusación sin fundamento. Nosotros en realidad no teníamos ningún motivo, se desencadenó en una vorágine impresionante”, dijo en una entrevista en septiembre.
Menem, por su parte, es el primer expresidente argentino en haber sido condenado a prisión.
El expresidente está condenado a 7 años de cárcel y 14 de inhabilitación para desempeñar cargos públicos por contrabando de material bélico a Croacia y Ecuador en los años 90, y a 4 años y seis meses por peculado por organizar un sistema clandestino de pagos en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que también lo inhabilitaría políticamente.
Por ser senador de la república, goza de fuero parlamentario, lo que impide su detención.