(CNN Español) – Treinta días de campaña: ese es el lapso de tiempo que tienen 40 organizaciones políticas para promover el “sí” o el “no” en el referéndum constitucional del cuatro de febrero.
En dicha consulta, más de 13 millones de ecuatorianos decidirán —mediante siete preguntas— si se realizan o no varias enmiendas a la constitución de ese país.
En Quito, el movimiento Democracia Sí empezó su campaña de apoyo a la iniciativa de Moreno, mientras que la facción correísta del movimiento Alianza País se pronunció en contra de la consulta por considerarla ilegal y producto de lo que califican como traición por parte del presidente Lenín Moreno.
La polémica votación toca fibras claves del legado del expresidente ecuatoriano Rafael Correa.
Son temas como la eliminación de la reelección indefinida —aprobada en 2015 bajo su mandato— y una reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social los principales ejes de la discordancia.
Por ejemplo, la pregunta número tres de la consulta lee así:
¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos?
Para entender la importancia de esta pregunta, es necesario recordar que en Ecuador, aparte de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, luego de la Constitución de 2008, se anexaron los poderes de Transparencia y Control, y el Electoral.
Dentro de las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está la de designar al procurador general, a todos los superintendentes, al defensor del pueblo, al defensor público, al fiscal general, al contralor general, a los miembros del Consejo Nacional Electoral, a los miembros de la Corte Constitucional, entre otros
Entonces, cuando la pregunta número tres habla sobre la reestructuración —no la eliminación— de este Consejo de Participación Ciudadana; la designación de nuevos consejeros por parte del Ejecutivo; y la entrega de poder a este consejo transitorio para evaluar el desempeño de las autoridades de control, así como la terminación de sus periodos se estaría hablando de la posibilidad de que estos nuevos consejeros pudiesen tener la autoridad para terminar el periodo de un fiscal general, del defensor del pueblo y hasta de los magistrados de la Corte Constitucional.
Ricardo Patiño, excanciller de Ecuador adepto al correísmo, señaló en especifico esta pregunta número tres como el apoderamiento de “todas las funciones del Estado” por parte del Ejecutivo.
Al mandatario también se le cuestiona el hecho de no haber seguido los controles jurídicos antes de presentar esta consulta popular al pueblo ecuatoriano, al no pasar por la aprobación de la Corte Constitucional y enviar la convocatoria directamente al Consejo Nacional electoral.