(CNN) – Suman más de 250.000.
Han vivido legalmente en los Estados Unidos durante casi dos décadas.
Y ahora, tienen menos de dos años para irse, encontrar otra forma legal de quedarse o enfrentar la deportación.
El Departamento de Seguridad Nacional anunció este lunes que está poniendo fin al “estado de protección temporal” para los salvadoreños.
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La decisión, aclamada por la línea dura de la inmigración y criticada por los grupos de derechos de los inmigrantes, dejó a miles de personas conmocionadas e inseguras sobre el futuro de sus familias.
“Después de 17 años de una vida normal, todo simplemente desapareció”, dijo Cristian Chavez, de 37 años.
Es un trabajador de tecnologías de la información en Houston, Texas. Chávez dice que no está seguro de lo que haría a continuación. “Me siento perdido”, dijo. “Es como si todos mis planes para el futuro estuvieran muertos”.
Mientras los funcionarios explican su decisión y los activistas presionan para que el Congreso intervenga, aquí hay un vistazo a algunos de los eventos clave y cuestiones en juego:
Comenzó con un terremoto
El terremoto de magnitud 7,7 que sacudió a El Salvador en enero de 2001 fue el peor que golpeó al país en una década. Un mes después, dos poderosos temblores sacudieron al país nuevamente.
Los barrios fueron sepultados. Las casas colapsaron. Más de 1.100 personas fueron asesinadas. Otros 1,3 millones de salvadoreños fueron desplazados.
La devastación provocó una decisión en marzo de 2001. El entonces fiscal general de Estados Unidos, John Ashcroft, determinó que los inmigrantes de El Salvador que habían estado en los Estados Unidos desde febrero de 2001 podían solicitar protección temporal o TPS, lo que los protegería de la deportación y les permitiría obtener permisos de trabajo. Fue una designación de 18 meses.
Ahora, han pasado casi 17 años. Una y otra vez, funcionarios de diferentes gobiernos determinaron que las condiciones en El Salvador no habían mejorado lo suficiente como para que los migrantes con TPS vuelvan a su país de origen. El lunes, el gobierno de Trump informó que decidió poner fin a las protecciones a partir del 9 de septiembre de 2019.
¿Alrededor de 400.000 afectados?
Las estimaciones difieren sobre cuántos inmigrantes afectará la decisión. A fines de 2016, había 263.282 beneficiarios salvadoreños de TPS, según las últimas estadísticas provistas a CNN por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos.
Activistas y expertos han puesto el número de salvadoreños que podrían perder protecciones más cerca de 200.000, señalando que las estadísticas oficiales probablemente incluyan a personas que ya no están en el programa porque su estado migratorio ha cambiado o han dejado los Estados Unidos.
También hay otro grupo que los expertos dicen que se verá afectado: casi 200.000 hijos estadounidenses de padres salvadoreños con TPS.
“Nuestra familia se separará… ¿Qué voy a hacer ahora?” dijo Chávez, quien cría a dos hijastros y un primo en Houston. “¿Cómo puedo decirles que tengo que irme?”, se pregunta.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes dicen que es injusto y cruel terminar con el TPS para los salvadoreños que han construido vidas, pagado impuestos, contribuido a la economía y criado familias en Estados Unidos durante casi dos décadas.
También argumentan que la violencia y la pobreza generalizada hacen que sea inseguro volver a El Salvador.
Aquellos que apoyan poner fin al TPS para salvadoreños y otros inmigrantes, como la Federación para la Reforma de Inmigración
Estadounidense, dicen que hay una razón por la cual la designación fue referida como “temporal” y argumentan que las condiciones en El Salvador son lo suficientemente buenas para que los migrantes regresen.
El Salvador tiene el tamaño de Nueva Jersey. Y está a casi 3.220 kilómetros de Washington.
Pese a su tamaño y lejanía, el país de 6,2 millones de personas se ha convertido en un gran problema en el debate sobre inmigración en los Estados Unidos.
Incluso antes de los terremotos, inmigrantes salvadoreños habían estado ingresando a los Estados Unidos. Un importante motivo: la guerra civil del país, que duró de 1980 a 1992. Los expertos estiman que el conflicto envió a más del 25% de los residentes de El Salvador que huían para salvar sus vidas. Más de 330,000 salvadoreños llegaron a los Estados Unidos entre 1985 y 1990, según el Migration Policy Institute.
Y en los últimos años, mientras que la inmigración desde México se ha desacelerado, la tasa de inmigración desde El Salvador y otros países de Centroamérica ha ido en aumento.
Alrededor de 465.000 de los inmigrantes salvadoreños que viven en Estados Unidos son indocumentados, según una proyección del Migration Policy Institute.
En los últimos cinco años, más de 58.000 menores no acompañados de El Salvador fueron detenidos en la frontera de Estados Unidos y México, de acuerdo con la Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos y en el último año fiscal, que terminó en septiembre, más de 24.000 padres y niños salvadoreños que viajaban juntos fueron detenidos en la frontera.
La tasa de asesinatos de El Salvador es una de las más altas del mundo, y los expertos han dicho que la pobreza y la violencia fueron los principales factores que alimentaron la reciente ola migratoria .
MS-13: un nuevo enemigo público número 1
El gobierno de Trump ha vinculado repetidamente a los jóvenes detenidos en la frontera con la famosa pandilla Mara Salvatrucha, conocida como MS-13.
Y Trump frecuentemente menciona a la MS-13 cuando promete endurecer la ley de inmigración.
MS-13 es más fuerte en Centroamérica, especialmente en El Salvador. Pero la pandilla en realidad comenzó en Los Ángeles en la década de 1980, durante otra ola de migración salvadoreña. Los analistas dicen que sus ramificaciones en América Central se afianzaron cuando los miembros fueron deportados por Estados Unidos.
Grupos de derechos de los inmigrantes dicen que es engañoso usar MS-13 como excusa para cualquier represión y señalar que muchas de las víctimas de la pandilla son inmigrantes.
En una demanda colectiva presentada el año pasado, la ACLU acusó al gobierno de utilizar reclamos sin fundamento de afiliación a pandillas para detener y deportar a adolescentes inmigrantes.
En 2017, más de 1.200 personas con presuntos vínculos con pandillas fueron deportadas a El Salvador, de acuerdo con funcionarios de migración. Eso es más del doble del número de presuntos pandilleros deportados a El Salvador en 2016.
Si bien la MS-13 y el TPS son temas separados, algunos ven la escalada del gobierno de Trump en las duras conversaciones sobre la pandilla como un indicador del enfoque de los funcionarios hacia la región.
El Salvador depende del dinero de los inmigrantes
Los funcionarios en el país centroamericano pintaron el anuncio del gobierno de Trump el lunes como una victoria, con el presidente Salvador Sánchez Cerén que alabó lo que él llamó la “extensión” de TPS hasta septiembre de 2019.
Pero poner fin al TPS para los salvadoreños podría ser un gran golpe para la economía de su país.
Trump ataca el ‘salvavidas’ de El Salvador
Las remesas, el dinero que los inmigrantes envían a casa, representan más del 17% del PIB de El Salvador.
La mayoría de ese dinero, dicen los expertos, proviene de salvadoreños que viven en los Estados Unidos.
Y funcionarios salvadoreños han tomado nota.
“Terminar el TPS será catastrófico para la economía de El Salvador”, escribió el canciller Hugo Martínez en un reciente artículo de opinión. “Porque agregará más deportados a las filas de los desempleados y eliminará las remesas, que respaldan a muchas familias en El Salvador”, explicó.
Esta no es la primera ni la última vez que escucharás sobre TPS
El Congreso creó TPS en 1990 como una forma de ayuda humanitaria para las personas que enfrentarían dificultades extremas si se las obliga a regresar a sus países devastados por conflictos armados y desastres naturales. Actualmente, alrededor de 437.000 personas de 10 países tienen TPS, según el Servicio de Investigación del Congreso pero decenas de miles perderán esa protección en los próximos años.
Los salvadoreños son solo el último grupo cuya designación TPS está en la tabla de cortar.
El mes pasado, el gobierno de Trump anunció que en julio de 2019 pondría fin al TPS para más de 50,000 haitianos que buscaron refugio en los Estados Unidos después de que un terremoto catastrófico azotara a ese país en 2010.
El año pasado, los funcionarios también anunciaron que terminaría el TPS para los inmigrantes nicaragüenses y sudaneses.
Los inmigrantes hondureños obtuvieron un breve indulto en noviembre, cuando el Departamento de Seguridad Nacional pospuso su decisión sobre cómo manejar las aproximadamente 86.000 personas con TPS de esa nación centroamericana, lo que provocó una extensión automática de seis meses. Pero a finales de este año, esa decisión volverá a estar pendiente de revisión.
Este año, los funcionarios también tendrán que decidir si extienden o no el TPS para Nepal, Somalia, Siria y Yemen. El actual gobierno extendió el TPS para Sudán del Sur el año pasado y volverá a considerar el tema en 2019.
Algunos activistas también están presionando para que el Congreso proponga una solución más permanente. Un proyecto de ley presentado el año pasado daría a las personas con TPS la oportunidad de solicitar convertirse en residentes permanentes de Estados Unidos.
Esta historia se ha actualizado para reflejar la decisión del lunes y agregar más detalles sobre por qué algunos expertos y activistas dicen que se verán afectados menos salvadoreños.
Tal Kopan de CNN, Bob Ortega, Paul Martucci y Taylor Barnes contribuyeron a este informe.