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Relator CIDH: La región está en una encrucijada de la democracia
03:28 - Fuente: CNN

(CNN Español) – El golpe que, para los expertos, le dio la Corte Suprema de Colombia al secreto profesional de los periodistas ha despertado preocupación en el país. El alto tribunal falló a favor de una decisión previa que le pedía a Publicaciones Semana revelar las fuentes sobre una historia que se publicó en 2013. Este jueves, la Asociación Colombiana de Medios de Información emitió un comunicado rechazando la orden judicial.

En el artículo, que salió en las páginas de la revista Dinero (propiedad de Semana), se mencionaba a Leyla Rojas, exviceministra de Aguas y responsable del tema de sostenibilidad en el proyecto carbonífero CCX Colombia, que había impulsado el empresario Eike Batista. La publicación de Dinero menciona “aparentes irregularidades” por parte de Rojas, con base en la información obtenida.

Tras la publicación, Rojas demandó a Publicaciones Semana y exigió como prueba todos los correos electrónicos, comunicaciones y documentos que respaldaban la denuncia de Dinero, como lo consignó la Fundación para la Libertad de Prensa en un comunicado. De acuerdo a la sentencia de la Corte Suprema, Rojas “estima haber sido víctima de un daño” por la publicación del artículo, que dejó “en entredicho la veracidad de sus aseveraciones”.

El juez de primera instancia negó la solicitud de la exfuncionaria, pero cuando el caso llegó al Tribunal Superior de Bogotá este falló a favor de revelar las fuentes del artículo. Y esa fue justamente la decisión que ratificó el pasado 7 de diciembre la Corte Suprema de Justicia, con el argumento de que la actividad del ejercicio periodístico “no puede o puede entenderse absoluta, pues impone a quienes la ejercen unos deberes de fidelidad, imparcialidad y certeza”.

Bajo este planteamiento, el alto tribunal sostuvo que “la exhibición de tales documentos se torna indispensable en criterio de aquella demandante, a fin de conocer la autenticidad de las afirmaciones efectuadas en el artículo periodístico”. Además, indicó la Corte, en el asunto están en pugna las garantías de la libertad de expresión y de información, frente a la honra. Y en conclusión Publicaciones Semana debe revelar sus fuentes. Pero la decisión de la Corte generó preocupación en el país.

“La situación es grave”

En conversación con CNN en Español, el director de la Fundación para la Libertad de Prensa, Pedro Vaca, recordó que la “reserva de la fuente no es un privilegio de periodistas sino una garantía para poder exponer en el marco del debate público cosas que con nombre propio unas personas no se atreverían a decir. Y aquí estoy hablando de casos de corrupción, de entramados criminales”.

En este sentido, Vaca considera que el hecho de que un juez falle en contra de proteger la reserva de la fuente y que en últimas obligue a revelarla “puede implicar cualquier cantidad de retaliaciones, de riesgos a la vida, a la integridad, garantías laborales, e incluso discriminación de personas que puedan servir de fuentes periodísticas”. Según él, la “situación es grave” por las consecuencias que genera, ya que hay “un efecto inhibitorio en el cual las fuentes periodísticas en Colombia pueden sentir temor de que al entregar información a un periodista”.

El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, escribió en su cuenta de Twitter: “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”

“Antecedente nefasto”

Por su parte, la Asociación Colombiana de Medios de Información emitió un comunicado señalando que la decisión de la Corte “crea un antecedente nefasto contra elementos esenciales para el ejercicio del periodismo profesional en el país”. En su pronunciamiento, aseguró que la reserva de la fuente es esencial “para el futuro del periodismo, que afronta hoy tantísimas amenazas a nivel mundial y nacional”, así como para asegurar “el libre flujo de información, la independencia y libertad de los periodistas y el derecho de la sociedad a estar adecuadamente informada”.

Vaca, quien dijo conocer varios procesos de esta índole, explicó que “es bastante normal que la contraparte, el funcionario público, pida estas cosas. Lo que es atípico que el sistema judicial acceda. La contraparte puede pedir misa, pero es al juez al que le toca balancear si está vulnerando o no la libertad constitucional”. También hizo énfasis en que no se está hablando de la vida privada de Rojas, sino “de una denuncia directamente relacionada con sus funciones públicas”. Y, “hay un estándar muy fuerte que dice que los funcionarios públicos tienen que ser tolerantes a la crítica”.

En últimas, Vaca sostuvo que aquí el debate no se está situando en si lo que dice el artículo es cierto o no, sino quién proporcionó la información. “El problema no es tanto quién proporcionó la información sino identificar si la información está soportada. Lo fácil para Semana sería entregar la fuente, pero lo coherente es dar esta pelea”, añadió recordando que la libertad de expresión no es un derecho sin límites y ese tampoco es el punto de la discusión.

‘No revelaremos las fuentes’

El director de la revista Semana, Alejandro Santos, dijo en entrevista con la cadena RCN Radio que cumplirá el fallo pero no entregarán la identidad de las fuentes. “Nosotros tenemos todo el ánimo de colaborar con las pruebas, pero sin revelar las fuentes”, señaló. También dijo: “aportamos los correos, pero taparemos los nombres y las identidades de las fuentes”. Y aseguró que si los periodistas empiecen a tener “la obligación judicial de revelar las fuentes” se “pondría en peligro la importancia de una protección fundamental para el ejercicio de la fiscalización del periodismo en Colombia”. Eso sí, aclaró que no está desafiando a la justicia y que lo que hay que poner sobre la mesa son “los riesgos reales” de esta decisión.

Por su parte, el abogado de Rojas, Juan David Gómez, señaló a medios locales que Semana “ha pretendido que esos documentos no se publiquen o que al menos se haga abstracción de los remitentes. Eso es imposible por una razón, y es que un documento para que sea jurídicamente válido tiene que ser auténtico y la autenticidad está en la certeza de su autoría”. De acuerdo al defensor, después de que se publicara el artículo, Rojas entregó todos los documentos que demuestran que los señalamientos en su contra son “falsos”. “Nosotros esperamos que nuestra decisión sea confirmada y esperaríamos que con la fundamentación jurídica que expuso la Corte, pues la decisión sea confirmada”, añadió Gómez.