(CNN Español) – La madrugada de este sábado se registró en Ecuador la explosión de un artefacto en la parte posterior del comando policial de la ciudad de San Lorenzo en la provincia de Esmeraldas, según informó el Ministerio del Interior en un comunicado.
Tras el incidente, el presidente Lenín Moreno anunció en Twitter que decretaba el “estado de excepción” en San Lorenzo, así como en la ciudad de Eloy Alfaro.
Esta detonación no dejó fallecidos, pero sí 13 policías con heridas leves. Afectó además la estructura del muro posterior, los ventanales donde funciona el comedor y los dormitorios del comando.
También se registraron daños en vehículos policiales y civiles que se encontraban estacionados en el exterior.
La Fiscalía del Estado comenzó las investigaciones ante “un presunto móvil de atentado con carro bomba”.
Agregó que existe un 95% de destrucción en el edificio y en las viviendas cercanas al lugar de la explosión.
La zona se encuentra bajo custodia militar y policial. Personal de criminalística inspecciona el sitio donde ocurrió el hecho junto a efectivos del Grupo Especial Antinarcóticos, GEMA, y del Grupo de Operaciones Especiales (GOE).
La Policía Nacional de Ecuador, en su cuenta de Twitter señaló: “No permitiremos la presencia de grupos armados en nuestro territorio”.
Mientras se realizan las primeras investigaciones para determinar las causas de este hecho, el comandante de la Policía, General Ramiro Mantilla, se trasladó a San Lorenzo junto al ministro del Interior César Navas y otras autoridades para hacer un “análisis in situ” de estos hechos.
“No perderemos nunca el horizonte de nuestra misión institucional, no cederemos, seguiremos combatiendo la delincuencia organizada y no permitiremos que ella afecte la convivencia social pacífica en nuestro país. Eso tiene que quedarle claro a todos los policías”, dijo Navas en Twitter.
El presidente Lenín Moreno dijo en Twitter que el ataque es “un acto terrorista ligado a bandas de narcotraficantes que han sido golpeadas por la seguridad del Estado ecuatoriano. No vamos a permitir que nos amedrenten. Estamos tomando las medidas necesarias. Los mantendremos informados”.
En un tuit posterior, Moreno decretó el “estado de excepción” en las ciudades de San Lorenzo y Eloy Alfaro “a fin de fortalecer la seguridad de los ciudadanos y de la frontera”.
La Cancillería de Ecuador emitió un comunicado en el que expresa “su más enérgica condena al atentado perpetrado contra la Policía Nacional”.
“El gobierno enfatiza su absoluto rechazo a los actos violentos en todas sus formas y manifestaciones y recalca el compromiso que los ecuatorianos tienen con la paz, valor supremo para una convivencia civilizada”, dice el comunicado.
Varias autoridades y funcionarios se pronunciaron en sus cuentas de Twitter.
El presidente de la Asamblea, José Serrano, escribió: “El atentado en San Lorenzo requiere una respuesta urgente de las autoridades encargadas. Cuidado (con que) el narcotráfico que sabía que con el Estado ecuatoriano y la policía no se juega, hoy quieran amedrentarnos. Eso no lo podeos ni lo vamos a permitir”.
En esta zona de San Lorenzo, fronteriza con el departamento de Nariño en Colombia, ha existido por varios años una intensa actividad de bandas criminales y narcotráfico, sin embargo las autoridades hasta el momento no han culpado a ningún grupo en específico tras la explosión de esta madrugada.
El asambleísta desafiliado de Alianza País, Pabel Muñoz, expuso: “Atentado en San Lorenzo debe ser investigado con rapidez, seriedad y de manera profunda. La frontera norte está caliente y amerita especial atención. Esta debe ser una prioridad de Estado: paz y seguridad”.
La asambleísta de oposición por el Movimiento CREO, Lourdes Cuesta, escribió en su cuenta de Twitter: “Lo sucedido en San Lorenzo debe ponernos en alerta a todos. Estamos a tiempo de parar las cosas. Que el país no tenga que vivir lo que sufrieron países vecinos”.
El Ministerio del Interior contabiliza 63 viviendas afectadas y 24 personas atendidas con heridas leves, ninguna de ellas hospitalizada.
Además, se realiza un censo de personas afectadas para intervenir con la adecuación de albergues y centros de abastecimiento.