(CNN Español) — Dos periodistas y un chofer del diario El Comercio de Ecuador fueron secuestrados este lunes 26 de marzo en la frontera entre dicho país y Colombia, según confirmó el ministro del Interior de Ecuador, César Navas.
Las autoridades ecuatorianas condenaron el hecho y prometieron dar con los tres ecuatorianos secuestrados. El comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Alberto José Mejía, informó este miércoles de que el grupo ‘Óliver Sinisterra’, conformado por disidentes de las FARC al mando de alias ‘Guacho’ es el responsable del secuestro de los ecuatorianos.
La organización Reporteros sin Fronteras, autora de la clasificación global sobre libertad de prensa, emitió un comunicado pidiendo al gobierno del país “garantizar la seguridad de los periodistas que trabajan en estas zonas de conflicto transfronterizas, donde las condiciones de trabajo y de seguridad de los reporteros son cada vez peores”, escribió Emmanuel Colombié, responsable del Despacho América Latina de RSF, en la nota.
El secuestro y las consecuentes concentraciones en todo el país para pedir su liberación se suman a las múltiples noticias de agresiones contra comunicadores en la región. Estos hechos vuelven a recordar una realidad: ser periodista puede ser considerado trabajo de alto riesgo en según qué circunstancias, en las que los comunicadores se enfrentan a diversos peligros
El periodismo en Ecuador
La Unión Nacional de Periodista de Ecuador (UNP) envió este martes un comunicado lamentando el secuestro de sus compañeros “que se encontraban cumpliendo su deber cubriendo hechos noticiosos”. Guadalupe Fierro, presidenta de la UNP, alertó además de que “estas prácticas coercitivas” son “violatorias de la libertad de expresión” y forman parte “de la política de amedrentamiento de fuerzas antidemocráticas y delincuenciales”, por lo que pidieron a las autoridades “una sólida respuesta”.
“El periodismo es vital para el fortalecimiento de la sociedad civil”, dijo César Ulloa, vicepresidente de la UNP, este miércoles en declaraciones a Fernando del Rincón en Conclusiones. Los periodistas del país encajaron el secuestro de sus colegas como un acto contra la libertad de prensa y llamaron la atención sobre los peligros que se corre cuando se ejerce su profesión. Además, pusieron sobre la mesa la historia reciente del país en relación a la prensa.
Ecuador ocupa el lugar 105 de 180 países analizados en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa publicada por RSF en 2017. Según el informe de esta organización, la situación “no ha dejado de deteriorarse desde que Rafael Correa llegó al poder”. El expresidente estuvo en el poder hasta mayo de 2017, cuando le sucedió Lenín Moreno.
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RSF critica especialmente la Ley Orgánica de Comunicación, adoptada en junio de 2013, que “causó gran controversia y acentuó la disensión entre el gobierno y numerosos medios de comunicación privados”.
Una situación que tendrá consecuencias a largo plazo, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés): “Desde que asumió el poder en mayo, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno ha prometido poner fin a la batalla de hace un decenio entre el Gobierno y los medios. Sin embargo, varios reporteros y editores entrevistados por el CPJ declararon que la campaña contra la prensa emprendida por el antecesor de Moreno, el expresidente Rafael Correa, ha provocado un daño duradero al periodismo ecuatoriano”, escribió al respecto John Otis, corresponsal del CPJ para la región andina.
Sobre estos cambios también se pronunció la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que en octubre de 2017 emitió una resolución por la que pedía a Moreno una reforma de la Ley de Comunicación y anunció enviar una misión al país para evaluar “el proceso de reformas legales sobre la libertad de expresión”.
Pese a las críticas de RSF, lo cierto es que la situación de Ecuador en la clasificación mejoró el pasado año: pasó del puesto 109 en 2016 al 105.
La situación en América Latina
Según la SIP, los principales obstáculos para el ejercicio del periodismo en el continente son “la violencia en contra de los periodistas y de los medios, la proliferación de leyes y de proyectos que intentan controlar la actividad periodística, unidos a las presiones de parte de las autoridades y a la falta de acceso a las informaciones oficiales”. En concreto, esta organización contabilizó, en octubre de 2017, un total de 18 comunicadores muertos en ese año.
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“Los asesinatos son la expresión máxima de brutalidad que puede alcanzar la censura. Pero no termina ahí la persecución a los profesionales de la comunicación”, escribió la SIP en un comunicado tras su 73ª Asamblea, en octubre de 2017.
Esto puede observarse en el informe de RSF. Reporteros Sin Fronteras utiliza un código de colores en su clasificación. Con él, pretende que las diferencias entre los países se puedan apreciar a simple vista. Los colores van desde el blanco –buena situación–, pasando por el amarillo –situación más bien buena–, después el naranja –problemas significativos–, el rojo –situación difícil– y, finalmente, el negro –situación muy grave–.
Con un vistazo al mapa se puede apreciar que la situación general en América Latina se sitúa entre “problemas significativos” y “situación difícil”, con la excepción de Cuba, donde la situación es calificada como “muy grave”. También destaca Costa Rica, el país más sano en lo que a libertad de prensa se refiere en toda América Latina, con una calificación de “buena situación”.
Los dos peores países para ejercer el periodismo en América Latina son, según este informe, Cuba y México. “Cuba sigue siendo, año tras año, el país peor calificado en libertad de prensa de Latinoamérica. La muerte de Fidel Castro, en 2016, no produjo ningún cambio en esta república socialista de partido único: el régimen castrista, en el poder desde 1959, sigue monopolizando la información y no tolera voces independientes”, escribe el informe. El país ocupa el puesto 173 de un total de 180, y en la última clasificación descendió dos puestos.
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México, por su parte, es considerado “el país más mortífero de América Latina para los periodistas”. Según Reporteros sin Fronteras, cuando los periodistas mexicanos cubren temas relacionados con la corrupción de las autoridades o con el crimen organizado, “padecen intimidaciones, amenazas, pueden ser asesinados a sangre fría”. Además, el informe asegura que estos crímenes “suelen permanecer impunes. Esta impunidad se explica por la corrupción que reina en el país”.
Un reporte de Naciones Unidas de diciembre de 2017 dice que al menos 73 periodistas han sido asesinados en México desde el 2010. Según la SIP, 10 muertes habrían ocurrido entre enero y octubre de 2017.
Sin embargo, 2017 terminaba con halo de esperanza, al menos según la concepción de la SIP: “Se reportan algunos hechos de connotación positiva, como el dictado de sentencias en contra de los autores materiales de asesinatos de periodistas en Colombia y Guatemala y un clima de mayor respeto a la libertad de expresión en Ecuador”.