(CNN) – Al menos 10 personas han muerto desde que comenzaron las violentas protestas en Nicaragua con la reforma a la Seguridad Social, dijo el viernes la vicepresidenta Rosario Murillo a la agencia de noticias estatal El 19 Digital.
“Es una tragedia realmente en un país que ha vivido con tanta paz, que le ha costado construir esa paz, que ha vivido el mandato de la reconciliación. Un país que ha vivido buscando propiciar el cariño, el entendimiento, el encuentro, el diálogo, ahora se encuentra sometido a una asonada, a un asedio”, dijo Murillo a El 19 Digital.
En tanto, el presidente Daniel Ortega dijo que el gobierno enviará representantes a una mesa de diálogo con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) para abordar un ajuste a la reforma del Seguro Social.
“No somos perfectos. Obviamente hay hechos de violencia, pero logramos avanzar, como nunca en la historia de nuestro país, la paz la estabilidad”, dijo Ortega en Canal 4.
“Ya le hemos respondido al Cosep desde anoche, le dijimos que sí, van a estar listos nuestros representantes para ir a la mesa del diálogo y que el primer tema que se aborde sea el del seguro y que allí discutan, vean qué ajuste, qué reforma hay que hacerle a este decreto o hay que hacer uno nuevo, dando los pasos formales legales para que se proceda o se hace uno nuevo. Lo importante es que logremos sacar ese acuerdo por consenso, y nuestro llamado al pueblo nicaragüense a cuidar esta paz”.
El pasado lunes, el gobierno de Nicaragua anunció las nuevas tasas de aportes al Seguro Social en las que los empleados pasarán de dar al seguro el 6,25% al 7% de su salario, los empleadores pasaran de pagar el 19% al 22,5% de los salarios de sus trabajadores, y los jubilados ahora tendrán que contribuir con el 5% del monto que reciben como pensión de retiro.
Estas medidas fueron tomadas con el fin, dijo el gobierno, de sanear las finanzas del seguro social que, según datos del Banco Central, tiene deficit desde hace varios años.
La iniciativa privada en Nicaragua rechazó estas medidas al considerar que no garantizan una sostenibilidad a largo plazo de las finanzas del Seguro Social.