(CNN Español) – El partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) denunció el 7 de mayo el asesinato de un excombatiente en el departamento de Arauca, al noreste de Colombia. Tras este anuncio, el líder del partido, Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, envió un comunicado pidiendo a los desmovilizados tomar medidas para evitar más muertes.
Según el comunicado emitido por FARC a través de Twitter, el 7 de mayo fue asesinado Juan Vicente Carvajal Isidro, “excombatiente y exprisionero político en proceso de reincorporación”. Según la nota, con esta muerte “ya son 19 los exprisioneros asesinados en lo que va corrido de la firma del Acuerdo Final”.
La muerte fue confirmada por Giovanni Buitrago, comandante del departamento de Policía de Arauca, quien indicó que el cuerpo “presenta impacto de arma de fuego”. También señaló que se están investigando cómo sucedieron los hechos y quiénes fueron los responsables: “No hay certeza alguna”, comunicó.
En una carta emitida horas después del comunicado del partido, el presidente de la FARC condenó el asesinato como un hecho “verdaderamente alarmante”.
Sin embargo, el dirigente también hizo autocrítica y llamó a los desmovilizados a “reflexionar” sobre las actuaciones de Carvajal. Según dijo ‘Timochenko’, el excombatiente asesinado “manifestó que su interés no era el de sumarse al esfuerzo colectivo por la integración, sino que más bien tenía el propósito de hacer su propia experiencia personal”, dijo.
En la misma carta, el dirigente describió que Carvajal se había quedado en una zona en la que “sabía” de la “presencia de elementos paramilitares y de la llamada disidencia en la región, cuyas amenazas son públicas contra exintegrantes de las FARC-EP”.
“El conflicto no terminó, sino que cambió su forma de expresarse, lo cual requiere de nosotros un comportamiento consecuente”, escribió Londoño, quien concluyó su carta diciendo que la fuerza de los desmovilizados “reside en el accionar colectivo”.
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Ni la misión de la ONU para Colombia ni el Alto Comisionado para la Paz se han pronunciado sobre este hecho concreto.
Críticas al gobierno de Santos
La FARC aseguró que “los recientes ataques y amenazas en contra de militantes” del partido en diferentes partes de Colombia “deben obligar a las autoridades (…) a tomar medidas efectivas e idóneas”. “Basta ya de excusas mediáticas y burocráticas para no dar cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo Final en materia de protección, seguridad jurídica y reincorporación integral”, continuaba el comunicado del partido.
Para Timochenko, el asesinato es “un incumplimiento más del Estado en su compromiso de brindarnos garantías plenas para nuestra reincorporación económica, política y social”.
Unas acusaciones ya repetidas por el partido político y que el Gobierno ha respondido en otras ocasiones —no en esta en concreto— admitiendo problemas en la implementación pero que se está trabajando para ponerles solución.
“Ese proceso no lo vamos a dejar descarrilar, va por buen camino. Por supuesto que hemos tenido obstáculos, que hemos tenido problemas, pero eso es producto de la complejidad y del detalle de un acuerdo de tanta envergadura”, afirmó el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el martes durante la posesión de los once miembros de la Comisión para el Establecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.
“Y hoy estamos dando un nuevo paso en esa construcción de la paz y en ese respeto a los derechos de las víctimas”, sostuvo el mandatario, que insistió en que la paz “no nos va a quedar grande”. “Todos tenemos que perseverar, para ir construyendo y consolidando esa paz”, expresó.
CNN en Español contactó con el gobierno de Colombia para conocer su punto de vista tras esta última muerte y las acusaciones de FARC, sin que haya obtenido respuesta.
En una nota de prensa anterior a este último suceso, el jefe de la misión de la ONU en Colombia, Jean Arnaut, pidió que, “ante los nuevos retos” se acelerara “la reintegración de excombatientes de las FARC a la vida civil antes de que termine el mandato del actual Gobierno”.
El 19 de abril, subrayó “la necesidad de un impulso sostenido para colocar la reintegración de exguerrilleros en una base más sólida antes del fin del mandato del gobierno” tras las elecciones presidenciales del 27 de mayo.