Nota del editor: esta es la primera parte. La siguiente: cómo el sistema de identificación de cadáveres de inmigrantes deja a las familias en el limbo.
(CNN) – Desde su pequeño pueblo en los Andes ecuatorianos, Darwin Cabrera hizo la larga y peligrosa travesía a través de América Central y México hasta cruzar el Río Grande hasta Estados Unidos.
Pero el 3 de junio de 2014, justo después de cruzar ilegalmente a El Paso, Texas, agentes de la Patrulla Fronteriza lo sorprendieron en la calle junto a un grupo de personas que también acaban de cruzar. En la persecución, el joven de 18 años se metió en uno de los canales junto al lado estadounidense del río y desapareció.
Dos días más tarde, agentes de la Patrulla Fronteriza que sobrevolaban la zona en helicóptero divisaron el cuerpo, flotando boca abajo. La policía de El Paso recuperó el cadáver. El forense local registró los detalles de la muerte.
Pero aunque los agentes de la Patrulla Fronteriza lo vieron entrar y luego vieron el cadáver, su muerte no fue contabilizada. Su recuento oficial de muertos en el cruce fronterizo en el sector de El Paso ese año: cero.
Después de que CNN se pusiera en contacto con funcionarios de la zona y mostrara a la Patrulla el informe del forense de El Paso, ésta reconoció el error y dijo que sumarían esta muerte a sus registros.
Durante 20 años, la Patrulla Fronteriza se ha encargado de rastrear e intentar evitar muertes en el cruce de fronteras. Pero una investigación de CNN descubrió que esta agencia ha sido, cuando menos, descuidada con el seguimiento y el registro de muertes. A pesar de comprometerse ante el Congreso y ante la Oficina General de Auditoría (GAO, por sus siglas en inglés) a llevar un registro completo de las muertes de inmigrantes, no lo ha hecho. Ha excluido muertes reportadas por otros cuerpos de policía, a pesar de asegurar que sí las había incluido, y tampoco ha contabilizado muertes de las que fueron testigos directos agentes de la Patrulla Fronteriza.
Durante los 16 años fiscales que concluyeron en septiembre pasado, CNN identificó al menos 564 muertes de personas que cruzaron ilegalmente en la fronteriza que no están incluidas en el recuento oficial de la Patrulla Fronteriza, que es de 5.984.
Esas muertes no contabilizadas se identificaron mediante la revisión de registros federales, estatales y locales y bases de datos y entrevistas con médicos forenses, patólogos, sheriffs y jueces de paz a lo largo de la frontera. No se trata de un recuento exhaustivo y completo, y hay indicios suficientes para creer que la cifra real podría ser de miles más.
Más de la mitad de las muertes no contabilizadas identificadas por CNN ocurrieron en los últimos cuatro años. Esas cifras coinciden con las de una investigación reciente de Arizona Republic, que forman parte de una serie de artículos sobre las condiciones en la frontera galardonada con el Premio Pulitzer 2018 al periodismo explicativo. Esos reportajes demostraron una discrepancia significativa entre el número de muertes de inmigrantes y las cifras reportadas entre 2012 y 2016.
La exclusión de las estadísticas federales de la muerte de Cabrera y tantas otras ha contribuido a minimizar la magnitud de la crisis humanitaria asociada a los cruces ilegales. Minimizar el número de muertos también hace más difícil que el gobierno de Estados Unidos evalúe el impacto integral de una política fronteriza, vigente desde mediados de la década de 1990, que utiliza barreras y otras herramientas para obligar a los inmigrantes a intentar cruzar por zonas más remotas y peligrosas.
Esa política se diseñó para disuadir a los que cruzan, pero, como percibieron las autoridades casi desde un principio, su principal consecuencia ha sido hacer que el viaje sea mucho más mortífero. Hoy, los expertos que estudian la frontera temen que
las estrategias de deportación y vigilancia de frontera que busca imponer el gobierno del presidente Donald Trump pueden provocar un mayor número de muertes, lo que hace todavía más importante el llevar un recuento preciso.
Carla Provost, jefa interina de la Patrulla Fronteriza, se negó a dar entrevistas a CNN y remitió las preguntas a Benjamin Huffman, jefe de planeación estratégica y análisis de la Patrulla Fronteriza.
Huffman reconoció que el recuento de muertes por parte de la agencia es incompleto. Agregó que la Patrulla Fronteriza puede excluir muertes registradas por entidades locales porque no se fía de sus estándares. “La forma en que otros determinan eso (lo que constituye la muerte de un inmigrante) puede ser diferente a como lo hacemos nosotros”, explicó Huffman.
Pero CNN descubrió que la Patrulla Fronteriza ha hecho pocos esfuerzos por contar las muertes más allá de las que se encuentra. Médicos forenses y sheriffs consultados coincidieron en que la Patrulla Fronteriza no les pide sus números.
Y 10 agentes y supervisores de la Patrulla al otro lado de la frontera suroeste y en Washington dijeron a CNN que solo contabilizan las muertes de inmigrantes que manejan directamente sus agentes. No incluyen otras muertes reportadas por terratenientes u otras autoridades policiales.
“Solo contamos lo que encontramos”, afirmó Felipe Jiménez, agente de la Patrulla Fronteriza de Tucson desde 2009. Agregó que, como técnico de emergencias médicas, ha participado en muchos rescates y encuentros con inmigrantes muertos.
“Los que encontramos son nuestro número oficial. Desde que llegué, ha sido lo que encontramos”, dijo Chris Cabrera, portavoz del sindicato de agentes de la Patrulla Fronteriza que trabajó como agente en el sector del Valle del Río Grande desde 2001.
Huffman no supo explicar por qué los informes que la Patrulla Fronteriza envía al Congreso dicen que contactan con otras agencias para el recuento de muertes cuando sus propios agentes y supervisores dicen lo contrario.
Es imposible saber exactamente qué muertes se incluyen en el recuento de la Patrulla Fronteriza, ya que sus informes no ofrecen casi ningún detalle específico. La agencia dijo que ocasionalmente agrega muertes de inmigrantes fuera de la región que cubre. Por ejemplo, Huffman explicó que incluyeron las muertes de 10 inmigrantes atrapados en un tracto-camión en San Antonio en julio pasado, a pesar de que fue el Servicio de Inmigración y Aduanas el que manejó el caso. Incluso con esas adiciones, sin embargo, los números que da la Patrulla Fronteriza se quedan cortas en comparación con el recuento de víctimas mortales conocidas de CNN.
El representante Henry Cuéllar, demócrata de Texas, dijo que los legisladores se fían de que la información sea correcta cuando elaboran políticas fronterizas. “La misión de la Patrulla Fronteriza es, en primer lugar, garantizar nuestra seguridad”, declaró Cuéllar a CNN. Sin embargo, añadió, el saber con precisión dónde y cuántos están muriendo o son rescatados ayuda a reducir los peligros, tanto para quienes cruzan la frontera como para los agentes que arriesgan sus vidas para salvarlos.
Cuéllar ya ha escuchado la preocupación de sus electores sobre las cifras de muertos. El año pasado, dijo, modificó el proyecto de ley de apropiación de la Cámara para exigir a la Patrulla Fronteriza más mayores detalles sobre cómo registra las muertes en la frontera y qué hace para evitarlas.
“La gente sacó el tema de si ‘estamos haciendo suficientes esfuerzos para que la Patrulla Fronteriza identifique y cuente las muertes en la frontera “, dijo Cuéllar. Cuando incorporamos los cambios, añadió,”pensamos que eran suficientes. … Quiero plantear estos problemas y preguntarles si deberíamos cambiar el protocolo. Queremos recuentos precisos”.
“No se contemplaron las muertes”
El aumento de las muertes en los cruces comenzó tras un cambio en la estrategia de la Patrulla Fronteriza en 1994. Ese año, la agencia decidió comenzar a construir barreras en áreas urbanas como El Paso para obligar a los que cruzan la frontera a ir a zonas más remotas y peligrosas.
Los legisladores pensaban que, al ver lo peligrosas que eran las nuevas rutas, la gente dejaría de intentarlo, según Doris Meissner, entonces comisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización, que en aquel momento incluía también la Patrulla Fronteriza.
Pero al cabo de uno o dos años, por la cantidad de gente que la Patrulla Fronteriza seguía capturando, quedó claro que el peligro no disuadía a los que querían cruzar. Y el número de inmigrantes que morían en la frontera aumentó de unas decenas al año a cientos. “No se contemplaron las muertes”, explicó Meissner. “Obviamente, uno lamenta mucho las muertes”.
Meissner dijo que entonces hubo un gran debate interno sobre qué hacer. “Pero no fue, ‘Oh, tenemos que cambiar la estrategia’, sino más bien, ‘¿Se puede hacer algo para mitigar lo que está sucediendo?”.
Entonces, en 1998, la Patrulla Fronteriza lanzó la Iniciativa de Seguridad Fronteriza, un conjunto de medidas para advertir a los inmigrantes sobre los riesgos, rescatar a aquellos en problemas y cuantificar las muertes en el cruce de fronteras. Pero quedó al arbitrio de los líderes de la Patrulla Fronteriza en cada uno de los nueve sectores fronterizos del suroeste la decisión sobre qué cuerpos contar y cómo. A mediados de la década de 2000, legisladores de ambos partidos empezaron a preguntar a qué se debía el aumento de los muertos. Eso llevó al líder de la mayoría en el Senado, Bill Frist, republicano de Tennessee, a pedirle a la GAO que investigara lo que estaba haciendo la Patrulla Fronteriza para contabilizar y prevenir las muertes.
En el informe de 2006, la GAO descubrió que la Patrulla Fronteriza subestimó los números y que, por lo general, no se comunicaba con las policías locales, los forenses y otras entidades para recopilar información adicional.
“Esos datos incompletos pueden afectar la capacidad de la Patrulla Fronteriza de comprender la magnitud del problema en cada sector así como la toma de decisiones clave”, escribió la GAO.
En respuesta, la Patrulla Fronteriza prometió en 2007 “establecer un enlace con los funcionarios locales para obtener información sobre las muertes de inmigrantes indocumentados en los que la Patrulla Fronteriza no estuvo
involucrada”. En dos informes al Congreso, el año pasado y en 2016, la agencia reiteró que su recuento incluye muertes por cruce de fronteras “independientemente de si la USBP (la Patrulla Fronteriza) estuvo directamente involucrada”. Sin embargo, agentes de la Patrulla que hablaron con CNN dicen que esa no es su práctica.
Los legisladores tampoco han recibido mucha presión para que los números sean más precisos o para cuestionar la estrategia. Grupos humanitarios y de activistas han pedido cambios de política para reducir las muertes en la frontera. Pero las miles de familias que han perdido a sus seres queridos en el desierto se sienten impotentes para quejarse, ya sea porque viven fuera del país o porque son indocumentados y se arriesgarían a ser deportados. No les ha resultado fácil unirse como fuerza política.
Incluso los inmigrantes que se encuentran en el país legalmente tienen dificultades para crear conciencia en la sociedad en torno a las desapariciones. Es el caso de Irma Carrillo Nevarez, ciudadana mexicana con residencia legal en Estados Unidos que vive en Phoenix. Su hijo Julio y su hija Yadira desaparecieron cuando trataban de cruzar a Arizona a través del desierto en 1999, nos contó. Contrató a un investigador privado y acudió tanto al consulado mexicano como a la Patrulla Fronteriza. Hace 16 meses proporcionó una muestra de ADN al Centro Colibri para los Derechos Humanos, en Tucson, que ayuda a las familias a intentar encontrar e identificar a parientes que han desaparecido al cruzar la frontera. Ella dice que ha tenido poca ayuda de las autoridades.
“Nosotros, los pobres, no tenemos dinero ni conexiones”, dijo. “Tenemos que hablar… pero ¿a quién recurres?”.
Confirmar las muertes en el cruce de fronteras no es fácil. El flujo de inmigrantes y los lugares donde la mayoría de ellos mueren han cambiado a lo largo de los años, desde California a fines de la década de 1990 hacia el este. Arizona se convirtió en el punto de cruce más mortífero de 2003 a 2013. Desde entonces, ha sido el Valle del Río Grande, en Texas.
Aparte de la Patrulla Fronteriza, ninguna otra agencia federal, y ninguna a nivel estatal en California, Arizona, Nuevo México o Texas, trata de hacer un recuento exhaustivo de las muertes de inmigrantes. Por tanto, realizar un recuento más preciso implica contactar a decenas de funcionarios locales y otras autoridades. Y los esfuerzos locales para llevar un recuento de las muertes de inmigrantes son inconstantes, con el obstáculo de la falta de presupuesto, la precariedad de los registros y la inmensidad del desierto.
Los cuatro estados fronterizos varían mucho en sus esfuerzos para documentar las muertes de inmigrantes. Pero es el contraste entre Texas y Arizona lo que demuestra más claramente dónde falla el recuento de la Patrulla Fronteriza y por qué.
Casi con toda certeza, la agencia pasa por alto la mayoría de las muertes de inmigrantes en Texas, que comparte una frontera de 1.997 kilómetros con México. Pero donde CNN pudo documentar más claramente la discrepancia con las cifras de la Patrulla Fronteriza fue en Arizona, donde la policía tribal, los sheriffs de condado, los forenses y los grupos de búsqueda de voluntarios cooperan para dar un recuento mucho más preciso que sus contrapartes en Texas. Por eso, de los 564 muertes adicionales que descubrió CNN, casi tres cuartas partes de ellas, 422, se registraron en Arizona.
En Arizona, una brecha más clara
En Arizona, los funcionarios y voluntarios locales han realizado su propio recuento de muertes en cruces fronterizos, que incluye decenas de muertes cada año que no están incluidas en la cuenta de la Patrulla Fronteriza. Su labor demuestra cuántas muertes más podría registrar la agencia si incluyera datos de otras organizaciones.
El esfuerzo lo lidera la Oficina del Médico Forense del Condado de Pima, en Tucson. El personal allí recopila minuciosamente informes presuntas muertes de inmigrantes por parte de sheriffs del condado, la policía y las autoridades tribales de toda la región fronteriza de Arizona, así como de la Patrulla Fronteriza.
Esa colaboración es vital para rastrear los cuerpos en las amplias tierras públicas a lo largo de la frontera de Arizona con México. Los voluntarios, mientras tanto, ayudan buscando en algunos de los lugares más difíciles, aunque a menudo tienen que esperar el permiso de las agencias federales para trabajar en algunas de estas áreas, por ejemplo en el Monumento Nacional Organ Pipe Cactus, de 1.339 kilómetros cuadrados, plagado de rutas de entradas ilegales y de narcotraficantes, un lugar que tiempo atrás era conocido como el parque nacional más peligroso del país.
“No hay demasiado acceso, no nos dejan ir a muchos lugares”, explicó Rafael Larraenza Hernández, fundador de un grupo de voluntarios llamado Los Ángeles del Desierto, o Desert Angels. Pero, dijo, esa búsqueda es vital porque “hay demasiados reportes de personas desaparecidas”. El grupo informa a la policía local acerca de los cuerpos que encuentran para que puedan ser recuperados y llevados a los médicos forenses.
Gregory Hess es el médico forense principal del condado de Pima. Su oficina se encarga de otros nueve condados de la región fronteriza además del suyo, que esencialmente se superpone al sector de Tucson de la Patrulla Fronteriza, o toda la región fronteriza de Arizona, excepto el extremo oeste del condado de Yuma.
“La Patrulla Fronteriza solo encuentra aproximadamente el 50% de los cuerpos. El resto lo encuentran excursionistas, cazadores, conductores de cuatrimotos todoterreno”, señaló Hess.
La oficina del condado de Pima lleva desde 2001 rastreando muertes y tratando de identificar cadáveres. Colabora con el grupo sin ánimo de lucro Humane Borders en un proyecto llamado Arizona Open Geographic Information Systems Initiative, que agrega datos del populoso condado de Maricopa y localiza las muertes usando coordenadas de GPS.
Esa completa recopilación de datos ha permitido a Hess decir que en Arizona, al menos, las cifras de la Patrulla Fronteriza sobre las muertes de inmigrantes son “una subrepresentación total”. En el último año fiscal, hasta septiembre de 2017, la Patrulla Fronteriza reportó 72 muertes de inmigrantes en su sector de Tucson. Los colaboradores del Médico Forense del Condado de Pima y de Humane Borders, que observaron la misma zona durante los mismos meses, contaron más del doble: 149 muertes. La oficina de Hess proporciona esta información cada año a la Patrulla Fronteriza. A pesar de las repetidas solicitudes de CNN, ni Huffman ni nadie más en la Patrulla Fronteriza ha explicado la discrepancia.
El recuento insuficiente de la Patrulla Fronteriza en Arizona ha sido persistente, pero cada vez es más frecuente. Más de la mitad de las 422 muertes que la agencia no ha contado en los últimos 16 años ocurrieron en los últimos cuatro años.
Hess cree que la Patrulla Fronteriza cambió la forma en que cuenta las muertes a partir de 2014, cuando la brecha entre sus números y la suya se amplió significativamente.
La creciente discrepancia coincide con un cambio en la política de la Patrulla Fronteriza. Huffman, jefe de planeación y análisis, dijo que en 2013 la agencia dejó de ejecutar su Iniciativa de Seguridad Fronteriza a nivel nacional, que tenía desde 2007. La agencia cedió su administración a funcionarios a nivel sectorial, incluidas las decisiones acerca de si contactar a las autoridades locales e incluir sus datos sobre muertes. Huffman dijo que no estaba familiarizado con los detalles y no pudo explicar por qué el recuento de la Patrulla Fronteriza en Arizona se redujo cada vez más después de ese cambio.
Juanita Molina, directora ejecutiva de Humane Borders, señaló que la brecha entre las cifras federales y el conteo de los colaboradores de Arizona significa que muchos legisladores y líderes comunitarios desconocen no solo el número real de muertes, sino también los recursos necesarios para rastrear y reducirlo. “Cuando hablo con fundaciones sobre los inmigrantes que mueren dentro de los límites de Estados Unidos en estas circunstancias extremas, la gente piensa que estoy loca”, dijo. “No entienden que están muriendo miles de personas”.
“Texas es una pesadilla”
Durante los últimos cinco años, el Valle del Río Grande de Texas ha superado a Arizona como el punto de cruce más activo y letal desde el sur. La brecha que CNN pudo documentar entre la cifra de muertes de inmigrantes de la Patrulla Fronteriza y un recuento más exhaustivo es menor que en Arizona: 94 muertes en los últimos 15 años, dejando de lado las muertes del condado de El Paso que la Patrulla Fronteriza agrupa con Nuevo México.
Pero eso se debe a que en el estado de Texas las muertes de muchos indocumentados que cruzan la frontera no son contabilizadas por nadie. “Texas es una pesadilla” en cuanto al registro de muertes de inmigrantes, dijo Daniel Martínez, sociólogo de la Universidad de Arizona que estudia la migración no autorizada.
Algunas de las razones son físicas. El tramo de frontera de Texas con México es más largo que los de Arizona, Nuevo México y California juntos. La geografía al otro lado de su frontera varía desde los imponentes cañones del Parque Nacional Big Bend hasta las llanuras aluviales planas y los matorrales espinosos del Valle del Río Grande.
A diferencia de Arizona, donde la mayor parte de la región fronteriza consiste en tierras públicas, gran parte de las tierras fronterizas de Texas son privadas. Eso limita el acceso de la Patrulla Fronteriza, las autoridades locales y los grupos de búsqueda de voluntarios.
“Tenemos problemas para entrar en algunos lugares, generalmente por discrepancias con los propietarios”, explicó Chris Cabrera, agente de la Patrulla Fronteriza y portavoz del sindicato. “La mayoría de los ganaderos más al norte cooperan, y más cerca de la frontera tenemos autoridad para entrar de todos modos”.
El obstáculo más grande, sin embargo, es encontrar cuerpos en el desierto. “Son zonas muy remotas y desoladas”, comentó Cabrera. Hay restos que, ya sea por haber sido diseminados por animales carroñeros o arrastrados por las lluvias, nunca aparecerán.
Eddie Canales, director del Centro de Derechos Humanos del sur de Texas en Falfurrias, en el Valle del Río Grande, colabora con la Patrulla Fronteriza rescatando gente, dejando agua en las rutas migratorias y buscando inmigrantes que puedan estar desaparecidos o muertos. “He recibido dos llamadas hoy sobre alguien que está desaparecido”, dijo una mañana reciente.
Según las llamadas que recibe, cree que hay muchos más cuerpos perdidos en el desierto por cada uno que su equipo encuentra.
Cuando se recuperan los cuerpos, entran en un sistema disperso y fragmentado que no los registra a todos. De los 21 condados de Texas más cercanos a la frontera, solo cuatro emplean a sus propios médicos forenses. Los médicos forenses no necesariamente cuantifican las muertes de inmigrantes.
“Llevo aquí 13 años y nunca he visto que llevemos esos números”, comentó Annabel Salazar, investigadora de la Oficina del Médico Forense del Condado de El Paso. No pudo decir, por ejemplo, cuántos de los 24 ahogamientos en su condado entre 2014 y 2017 fueron de inmigrantes que intentaban cruzar el Río Grande o los canales cercanos. Pero a través de una solicitud de registros públicos, CNN confirmó que 14 de esas muertes por ahogamiento fueron descritas en los informes de los investigadores como personas que cruzaron la frontera sin documentos.
En otros condados fronterizos de Texas, que incluyen a algunos de los más pobres del país, los jueces de paz locales son responsables de identificar los restos. Se supone que deben enviarlos para una autopsia por un médico forense si es necesario. Pero una encuesta de CNN indica que eso no suele suceder.
Algunos jueces trabajan solo a tiempo parcial; todos tienen presupuestos limitados. La mayoría, además de actuar como forenses, también manejan reclamos menores, acusaciones, órdenes judiciales, desalojos y otros deberes.
El juez Jim Bob Barrera, en el condado de Val Verde, fue llamado recientemente para recuperar un cuerpo en el río Pecos. “Fue una hora manejando, luego nos metimos a un rancho. Fue una búsqueda difícil y apenas hay camino, y enormes rocas, así que tuvimos que ir despacio”, recordó. “Cuando llegué a casa eran casi las dos de la madrugada”.
Barrera dijo que envía todos los restos no identificados para autopsias, y que guarda copias de todos los registros. Agregó que podía rastrear las muertes de inmigrantes si se le pide que lo haga, pero ni la Patrulla Fronteriza ni nadie más le ha pedido eso jamás.
CNN habló con 37 jueces de paz en 22 condados de Texas en la frontera o cerca de ella. Solo cinco dijeron realizar un seguimiento de las muertes de inmigrantes.
Los jueces en seis condados dijeron que no envían todos los cuerpos para autopsias debido a los gastos. Las autopsias, durante las cuales se recopila el ADN y otra información, pueden ayudar a identificar si los restos son de un inmigrante indocumentado.
“Somos muy conscientes del costo, y tratamos de mantenerlo lo más bajo posible”, dijo Corinne Stern, forense del condado de Webb, que cubre 8.741 kilómetros cuadrados alrededor de Laredo, la sede del condado. Stern proporciona servicios de autopsia a otros 10 condados, a 1.700 dólares por cuerpo. Todo lo que cobra por restos óseos es 10 dólares por envío.
Aun así, Stern dijo que estaba segura de que muchos cuerpos nunca se envían. Eso coincide con lo que CNN escuchó de los jueces en varios condados que tienen contrato con la oficina de Stern. Describieron a CNN muertes de inmigrantes que no le reportaron a ella, y eso no se reflejó en los números de Stern.
“Su necesidad de regresar es enorme”
Quiene estudian los cruces fronterizos temen que, por más mortal que haya sido la frontera en los últimos 20 años, la situación va a empeorar.
Jason De León es antropólogo de la Universidad de Michigan y fue nombrado Fellow de MacArthur en 2017 por su trabajo sobre migración indocumentada. Ha pasado la mayor parte de la última década investigando quién muere cruzando la frontera, qué les sucede a sus cuerpos y qué se puede aprender de las posesiones personales que dejan.
Critica a la Patrulla Fronteriza por lo que él llama “un esfuerzo sistemático por menospreciar y subinformar”, y por ignorar cómo las estrategias policiales en la frontera están causando estas muertes.
A De León le preocupa el impacto de las políticas fronterizas propuestas por el presidente Trump y la mayoría republicana en el Congreso: un muro fronterizo y deportaciones más agresivas.
En el último año, el servicio de Inmigración y Aduanas ha incrementado sus detenciones de inmigrantes que han vivido en Estados Unidos durante años, incluso si no tienen antecedentes penales. En los últimos meses, el gobierno de Trump suspendió el Estatus de Protección Temporal para más de 425.000 hondureños, salvadoreños, haitianos, nicaragüenses, liberianos y residentes nepaleses. Ha extendido el beneficio solo para unas 7.600 personas de Sudán y Siria, con decisiones pendientes sobre Somalia y Yemen. El estatus de protección temporal otorga el derecho a vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos a personas que enfrentarían dificultades extremas si se las obligara a regresar a sus países, devastados por desastres naturales o conflictos armados. Los críticos se quejan de que los programas, destinados a ser temporales, han permitido que las personas vivan en EE.UU. una década o más.
Luego están los más de 800.000 “dreamers” o “soñadores”, traídos aquí cuando eran niños, que fueron protegidos de la deportación bajo el programa de Acción Diferida para los Llegada en Infancia del gobierno de Barack Obama. Tres tribunales federales han obligado a la administración de Trump a seguir aceptando las renovaciones de DACA. El 2 de mayo, Texas y otros seis estados presentaron una demanda para tratar de terminar el programa. Sin una solución legislativa a la vista, los jóvenes soñadores permanecen en el limbo legal.
En décadas pasadas, dijo De León, la mayoría de los que cruzaban la frontera venían de vidas difíciles que hasta cierto punto los preparaban para las incomodidades y peligros que descubrían en el camino.
Ahora, dijo, vamos a ver que “los beneficiarios de DACA que nunca han estado en México, no hablan español, ya están en peligro, no han conocido ninguna dificultad física, ¿y ahora van a caminar seis días a través del desierto, tratando de regresar al único hogar que han conocido?”
Jeremy Slack, profesor asistente de geografía en la Universidad de Texas en El Paso, fue coautor de un estudio que determinó que los inmigrantes con fuertes lazos personales con Estados Unidos, como los residentes indocumentados a largo plazo que ahora son blanco de deportación, son los más motivados para tratar de regresar cruzando la frontera ilegalmente, incluso sabiendo los peligros.
“Son los que están en mayor riesgo porque seguirán intentándolo una y otra vez”, sostuvo Slack. “Estas personas tienen niños y familias aquí. Su necesidad de regresar es enorme”.
Su trabajo sugiere que las deportaciones de “dreamers”, receptores del TPS y otros residentes de muchos años podrían hacer que las muertes en los cruces fronterizos sean aún más altas. Pero a menos que la Patrulla Fronteriza implemente la política que ha anunciado al Congreso por años, las cifras federales podrían no registrar muchas de esas muertes. Los legisladores continuarán haciendo política sin saber cuántas vidas se están perdiendo con nuestro sistema actual.
Eddie Canales, del Centro de Derechos Humanos del sur de Texas, prevé una temporada de muchos rescates en el futuro. En el frente político, no hay alivio a la vista. “Nadie quiere invertir el capital político o social para lidiar con las muertes de inmigrantes”, dijo.
Él cree que las nuevas barreras no disuadirán a quienes tienen una fuerte motivación para cruzar a Estados Unidos. E hizo una predicción: “Ese muro no va a marcar la diferencia”, dijo. “Y si lo hace, va a provocar más muertes”.
Majlie de Puy Kamp de CNN contribuyó con este reportaje.Este martes: cómo el sistema de Estados Unidos para identificar los restos de los inmigrantes deja a las familias en el limbo.