(CNN Español) – La amenaza para los líderes sociales en Colombia no cesa. Las cifras de asesinatos contra ellos siguen en aumento según las autoridades y las amenazas contra ellos no paran, y según la ONU, “la defensa de los derechos humanos en Colombia se ejerce bajo asedio”.
El más reciente asesinato de una líder social se reportó este martes en el Departamento de Antioquia. Ana María Cortés, líder comunitaria de Cáceres, un municipio del bajo Cauca antioquieño, fue asesinada. Cortés era secretaria de la campaña en Cáceres del excandidato presidencial Gustavo Petro, además era activista de los desplazados de Hidroituango, según dijo el líder político de izquierda en un tuit.
La mujer fue asesinada hacia las 7 de la noche en una cafetería de zona urbana de Cáceres, Antioquia, cuando “varias personas armadas le propinaron varios impactos de bala hasta causarle la muerte”, le dijo a CNN en Español Oscar Yesid Zapata, vocero de Nodo Antioquia, una organización que monitorea la violación de derechos humanos a líderes sociales en Antioquia.
Al parecer su rol de liderazgo y la labor que desempeñó durante la campaña de Gustavo Petro en un territorio donde los grupos paramilitares tienen un fuerte control serían la causa de su muerte, agregó Zapata.
El ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, dijo este jueves que al gobierno le preocupa “enormemente el asesinato de líderes sociales” y se refirió a tres casos recientes. Villegas se refirió al asesinato de Cáceres y sin decir el nombre de Ana María Cáceres y aseguró dijo que la mujer asesinada “ejerció funciones de testigo electoral pero que también tenía investigación sobre posibles vínculos con redes de apoyo del Clan del Golfo”.
Según Villegas, el presidente Juan Manuel Santos ordenó el desplazamiento de inspectores generales de las Fuerzas Militares y la Policía a Cauca, Nariño, Antioquia y Atlántico para establecer qué medidas se deben tomar en relación con el orden público.
La oficina de prensa de la Fiscalía General de Colombia le dijo a CNN en Español que las investigaciones sobre este hecho están en curso, pero hasta el momento no hay reporte oficial del caso.
Petro dijo este jueves que a los líderes regionales de su campaña Colombia Humana “los están asesinando narcotraficantes con fuertes alianzas con políticos y funcionarios del Estado”. Por eso convocó una movilización nacional Por la Vida el próximo 7 de agosto, día que se posesionará el presidente electo Iván Duque.
“Toda amenaza debe ser denunciada. Las asambleas municipales y la organización de sus coordinadoras es una prioridad. Organizados somos menos vulnerables”, tuiteó Petro.
“La debilidad del estado en todas sus instituciones ha facilitado que las zonas donde antes había presencia de las FARC fuera ocupada completamente por las estructuras paramilitares, especialmente por las autodefensas gaitanistas de Colombia”, agregó Zapata, quien dice que en lo que va corrido de este año han sido asesinados 107 líderes sociales en todo el país.
Sin referirse en concreto al asesinato de Cortés, el ministro del Interior de Colombia, Guillermo Rivera, rechazó este martes el asesinato de líderes sociales y dijo que “estamos muy preocupados por lo que está sucediendo” en relación a las víctimas. Rivera dijo que el Gobierno empezó a implementar un modelo de “protección colectiva” para los líderes sociales y agregó que el presidente Juan Manuel Santos convocó para el 10 de julio la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para evaluar las medidas de protección a líderes sociales debido a los acontecimientos de las últimas semanas.
Pero para Zapata aunque en Colombia tiene una cantidad de decretos “impresionante”, el problema es que no se aplican.
“Son miles de decretos. Hay demasiados, el problema es que no se aplican”, dijo Zapata. “Los planes de protección colectiva e individual no son funcionales, en la medida que para que a usted le hagan un análisis de su nivel de riesgo, ese proceso puede tardar por lo menos cuatro meses, y en cuatro meses, usted que ha sido amenazado, tiene que padecer cuatro meses sin ningún nivel de protección”.
Se agrava la situación
La situación se agrava y los asesinatos de líderes sociales han aumentado. Según cifras de la Defensoría del Pueblo entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2018 han sido asesinados 311 líderes sociales. La cifra hasta febrero de 2018 era 282. Los departamentos con más asesinatos son Cauca (78) Antioquia (43) y Norte de Santander (21).
La ONU en Colombia se pronunció nuevamente sobre este tema y dijo que el asesinato de líderes sociales “afecta las condiciones para una verdadera paz estable y duradera”.
“Los habitantes de las regiones más afectadas por el conflicto armado son quienes están vulnerables a las múltiples violaciones a sus derechos colectivos e individuales, principalmente en los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca, sin contar el resto del territorio que también se está viendo gravemente afectado”, dice el comunicado de la ONU del 5 de julio.
Según un estudio del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) publicado en mayo de 2018, en 2017 las víctimas de ejecuciones extrajudiciales por abuso de autoridad, intolerancia social y persecución política por agentes directos o indirectos del Estado se incrementó en comparación con el año 2016 en un 20%, pasando de 115 víctimas a 138 en el 2017.
En el informe “No son líos de faldas, son líos de tierras” —que hace referencia a unas declaraciones del ministro de Defensa de Colombia en diciembre de 2017 sobre la causa de asesinatos de líderes sociales en el país— dice que las amenazas a líderes de tierras fue el “mayor método de victimización” en 2017 y los mayores perpetradores fueron grupos paramilitares.
Además, según el reporte, en 2017 se registraron 43 homicidios intencionales en persona protegida y 220 amenazas por parte de los grupos armados contra la población civil.
Alberto Brunori, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, dijo que “la defensa de los derechos humanos en Colombia se ejerce bajo asedio” en una columna publicada en el diario El Tiempo de Bogotá el 29 de junio.
“La situación es tan grave que, en Colombia, el riesgo y el miedo son elementos normales e interiorizados en la defensa de los derechos humanos. El impacto social de la cadena de ataques es complejo: todos tienen derechos, pero los derechos están asediados”, dijo Brunori.
El de Cortés no es el único asesinato que se ha registrado en los últimos días. Este martes siete personas fueron encontradas sin vida en el municipio de Argelia, Cauca. Según el ministro de Defensa, dos de estas personas asesinadas eran desmovilizados de las FARC que migraron a grupos disidentes y las otras cinco personas pertenecían a ese grupo residual. Villegas responsabilizó al ELN, pero esa guerrilla negó estar involucrada en los asesinatos.
Ese mismo día el líder comunal Luis Barrios Machado fue asesinado en Palmar de Varela, Atlántico. El hecho fue repudiado por la ONU, que instó a que se “investigue, juzgue y sancione a los responsables”.
Sobre este caso, el ministro de Defensa dijo este jueves que Barrios había denunciado bandas de microtráfico en su región y agregó que por este caso se “individualizaron” tres sospechosos
Varela “fue víctima de un atentado que le costó la vida en su casa mientras veía en la televisión el partido de nuestra selección”, escribió el senador Iván Cepeda en su cuenta de Twitter.
Además, Felicinda Santamaría, una líder social de Chocó, también fue asesinada el martes. El comandante de la policía de Chocó coronel John Arévalo dijo a periodistas que se ofrece una recompensa de hasta 5 millones de pesos (unos 1.700 dólares) por información que conduzca a la captura de los responsables del asesinato .
Villegas dijo que las autoridades investigan el asesinato de otro asesinato de una líder social en Tumaco ocurrido el jueves.
La Conferencia Episcopal de Colombia se refirió este miércoles a los casos de Cauca, Chocó y Atlántico y repudió los asesinatos y hechos violentos contra campesinos y líderes sociales por parte de quienes “de manera equivocada, creen que imponiendo acciones violentas se pueden alcanzar objetivos nobles”.
El asesinato de líderes sociales en Colombia fue el talón de Aquiles de este país ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuando Colombia presentó el tercer Informe Nacional al Examen periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La comunidad internacional expresó sus preocupaciones y pidió al Gobierno reforzar la implementación de justicia en las zonas más afectadas por el conflicto armado para evitar más asesinatos de defensores de derechos humanos.