(CNN Español) – En sótanos, sometidas a tratos crueles y obligadas a ofrecer servicios sexuales: así hallaron esta semana a 49 mujeres víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual en Cartagena, Colombia, según reveló la Fiscalía del país. De ellas, 23 son de nacionalidad venezolana, quienes habrían sido engañadas para trasladarse a la ciudad.
“Aprovechándose de la situación que vive el vecino país (Venezuela) son traídas a Colombia con fines de someterlas a jornadas extenuantes de comercio ilegal de sus cuerpos con nacionales y extranjeros”, señaló Mario Gómez, fiscal delegado contra la Violencia de Niños y Niñas. En ese sentido, señaló que la Fiscalía ha identificado “en muchos lugares” de Colombia casos de explotación sexual de niñas y mujeres venezolanas. Sin embargo, no entregó más detalles sobre los otros sitios.
Las víctimas, colombianas y venezolanas, vivían en los sótanos de tres establecimientos nocturnos ubicados en la zona Bomba El Amparo de Cartagena, cuyos nombres no fueron divulgados por las autoridades. Hasta allá llegó el operativo de la Fiscalía, Migración Colombia y la Armada para lograr el rescate. “Fueron rescatadas del dominio y la intimidación de una presunta organización de proxenetismo que las mantenía en hospedajes ubicados en sótanos y precarias condiciones”, señala el comunicado de la primera entidad.
Las multaban por no cumplir con un promedio de “servicios sexuales”
La Fiscalía también detalló que la organización criminal les cobraba a las víctimas por el supuesto alojamiento y manutención que les proporcionaba. Gastos que debían pagar con actividades sexuales. “Les retenía cédulas y pasaportes para tener control sobre sus movimientos, las explotaba sexualmente y la mayor parte de los recursos obtenidos eran tomados por la misma red, a título de ‘cobro’ por el alojamiento y manutención”, detalló el órgano investigador.
De hecho, durante el allanamiento hecho por las autoridades se encontraron libros y registros contables en los que aparece la lista de las mujeres sometidas a la explotación sexual y las “deudas” que supuestamente cada una tenía con la red criminal por el alojamiento y manutención. Además, se consignaban multas por el “aparente incumplimiento de las restricciones impuestas y el promedio de servicios sexuales” que realizar en cada jornada.
Las 23 mujeres venezolanas son indocumentadas y quedaron a disposición de Migración Colombia para verificar su ingreso al país y realizaron los trámites administrativos. La Fiscalía sostuvo que todas las víctimas reciben atención psicosocial “para reencontrarse con sus familiares y superar la difícil situación que enfrentaron”.
Tras la pista de los responsables
El fiscal Gómez sostuvo que las autoridades trabajan para encontrar a la red de proxenetas que “comercializaban” los tres establecimientos, con el objetivo de poder investigarlos y procesarlos por el delito de trata de personas con fines de esclavitud sexual. El comunicado de la Fiscalía señala que los presuntos integrantes del grupo criminal cumplían distintos roles: desde el reclutamiento de las mujeres hasta su control y amedrentamiento que les impedía escapar”.
Los bienes inmuebles de los establecimientos ya están en proceso de extinción de dominio, pues la Fiscalía ha asegurado que “donde se presenten delitos de orden sexual, actividades criminales contra mujeres o niñas” se empezará con este mecanismo que permite el embargo de los lugares en los que se cometieron actividades ilícitas.
La Fiscalía ha lanzado una cruzada contra los delitos y explotación sexual en Cartagena. Con la llamada operación Vesta se develaron varias redes y formas de explotación sexual comercial de niñas y adolescentes en la ciudad turística. Lo que llevó a la captura de 18 personas, que estarían vinculadas a “prácticas con menores de edad en sectores turísticos, la cooptación de niñas para ejercer la prostitución”. Además, la semana pasada, los fiscales lograron 43 órdenes de captura contra presuntos abusadores sexuales.