(CNN Español) – En un año de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) como partido político, la exguerrilla desmovilizada ha reconocido las dificultades para su reincorporación en la vida pública y política en Colombia.
La FARC, el partido político que conservó la sigla de la guerrilla con la que le hicieron la guerra al Estado durante más de cinco décadas, reconoció que en el primer año en la vida política luego de su desmovilización en 2016 ha tenido algunos logros (como la desmovilización y el ingreso a la vida política de algunos de sus militantes), pero también reclamó varias promesas sin cumplir por parte del Estado. Esto lo dijo el partido en una comunicación escrita tras celebrarse el segundo Consejo Nacional de los Comunes FARC, en Bogotá, el fin de semana.
¿Qué han ganado?
La firma de los acuerdos de La Habana entre el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko’, es según la FARC uno de los logros más grandes, pues ha “desatado enormes potencialidades de transformación” en el panorama político del país. El acuerdo se firmó noviembre de 2016.
“Seguimos convencidos de que los Acuerdos de La Habana son un hito histórico, que no solo puso fin al conflicto armado de más de medio siglo, sino que abrió las puertas a la más amplia democratización del país y a la solución de sus más importantes problemas”, dijo el partido de la FARC en el comunicado emitido el domingo.
Con este acuerdo, la guerrilla, una vez desmovilizada y tras haber entregado las armas, ganó el derecho a tener diez curules en el Congreso de Colombia. Menos de un año después de constituirse como partido político líderes como ‘Iván Márquez’ o ‘Pablo Catatumbo’ ejercieron el derecho al voto por primera vez en décadas.
En las negociaciones se lograron acuerdos definitivos en temas de desarrollo rural integral, participación en política de exguerrilleros, erradicación de cultivos ilícitos, marco para el acuerdo de justicia transicional y la reparación y verdad a las víctimas, entre otros.
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¿Qué han perdido?
Pero la lista de pendientes y descontentos es mucho más larga.
La FARC, que no goza de una alta popularidad en la opinión pública colombiana (en las elecciones legislativas de marzo de 2018 alcanzó un poco más de 85.000 votos de un censo electoral de más de 36 millones de personas) carga con el peso de los excombatientes que no se desmovilizaron y que siguen delinquiendo, lo que ha debilitado la imagen de los acuerdos entre algunos sectores del país.
Pero el partido se desmarcó de quienes hacen “uso indebido” de sus símbolos y en nombre de la exguerrilla han cometido atentados y violado los acuerdos: “El partido FARC y su militancia nada tienen que ver con ellos ni con ninguna de sus actividades”, dice el comunicado, sin hacer uso de la palabra “disidencias”, como el caso de alias Guacho, que opera en el suroccidente del país .
La FARC ha dicho rechaza “la conducta de cualquiera de nuestros militantes que viole lo previsto en el acuerdo final”.
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Y la reincorporación ha sido el Talón de Aquiles de este proceso:
“Repugna que el estado colombiano no ofrezca posibilidades ciertas de reincorporación, pactadas formalmente además”, agrega el comunicado.
También reconocieron “la imposibilidad de alcanzar la implementación total de lo acordado en un plazo breve”, y rechazaron la política de seguridad del nuevo gobierno en cabeza de Iván Duque, cuyo partido ha sido un férreo opositor a los acuerdos de La Habana.
Duque, que pronto completará su primer mes frente al gobierno colombiano, ha reiterado que aunque no hará trizas los acuerdos, sí corregirá lo que merece ser corregido a su juicio.
Y a esta situación se suman otros puntos que también están en la larga lista de pendientes a un año de que las FARC se volvieran partido político: la reforma política y agraria, y la protección a los desmovilizados que sí han cumplido lo pactado.
Finalmente, uno de los puntos más sensibles durante este año ha sido lo que la FARC ha denominado como “montajes policiales o judiciales” contra algunos de sus miembros. Específicamente la captura del exlíder de la desmovilizada guerrilla de las FARC Seusis Pausivas Hernández, conocido como Jesús Santrich, quien fue capturado hace cuatro meses junto con otros asociados de esa guerrilla, por las autoridades de Colombia por presunto narcotráfico.
La Fiscalía de Colombia dice que se basó en una acusación formal del Gran Jurado de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York y tuvo en cuenta “copiosa prueba que da cuenta de los delitos de narcotráfico, de pruebas electrónicas, de pruebas documentales, de videos, que dan cuenta de intervención de todos estos sujetos en las actividades de narcotráfico”.
Pero para la FARC, la justicia colombiana no ha hecho “el menor examen del expediente” de Santrich y por ello exigen su liberación inmediata.
Aunque la lista de retos es larga, el partido político dice que luchará para que los acuerdos que se firmaron con el Estado colombiano sean implementados en su totalidad, mientras ponen su mirada a las elecciones intermedias de 2019 donde esperan unir “fuerzas democráticas y progresistas, capaz de extender los grandes avances obtenidos en las elecciones recientes a la Presidencia y la consulta anticorrupción”, según el comunicado del fin de semana.