(CNN Español) – El sistema inmigratorio de Estados Unidos está diseñado para que los inmigrantes detenidos que soliciten asilo aparentemente abandonen sus casos y deserten sin la posibilidad de regularizarse. Esta es la conclusión a la que llegó Southern Poverty Law Center, una organización sin fines de lucro, y cuyos argumentos presentó este jueves en un estudio.
En el informe se explica que, con mucha frecuencia, estas personas deciden renunciar a seguir sus casos “porque sus condiciones de reclusión son demasiado devastadoras para soportar”. Esta situación, subraya el reporte, es más constante “en el sur profundo” de Estados Unidos.
A través de una serie de historias de inmigrantes, el informe busca demostrar que muchos de ellos acuden a los tribunales sin un abogado y que en estas instancias una solución a su caso resulta remota. El motivo: “algunos jueces niegan el asilo a tasas cercanas al 100%”, asegura el documento.
Asimismo, se indica que, mientras se da un fallo definitivo, estos inmigrante pueden permanecer detenidos por meses e incluso años.
“En la cárcel, obtienes tu sentencia y sabes cuándo estás libre, pero la detención es infinita”, se cita en el informe a un hombre que detenido por más de 800 días y refleja la incertidumbre que esta situación puede generar.
No obstante se reconoce que aunque durante la presidencia de Donald Trump esta realidad se ha acentuado, el problema existe desde antes de la administración presente.
Incluso, compara el “enfoque punitivo” de la política de inmigración a la “Guerra contra las drogas”, a la que se califica como fallida y se asegura que “impulsó a Estados Unidos a convertirse en el líder mundial en encarcelamientos”.
Los Simeón
Uno de los casos narrados es el de la familia Siméon, compuesta por cuatro personas, que tuvo que huir de Centroamérica tras amenazas de delincuentes. Ya en Estados Unidos, tras haber cruzado la frontera y ser detenidos, pasaron días en unas celdas tan heladas que son conocidas como ‘hieleras’. Luego, la familia fue separada y cada uno inició su caso sin asesoría legal alguna.
“Uno de los grandes problemas es que, como no tenía abogado en la primera cita en la corte, no me informaron que podía pedir una audiencia de fianza”, dijo Julio Simeón a Southern Poverty Law. “10 días después, simplemente me dijeron: ‘Tiene una audiencia hoy. Levántese porque se tiene que ir”. No estaba preparado. Ni siquiera sabía si estaba teniendo una audiencia de fianza. Cuando tienes un abogado sabes estas cosas. Te ayudan a prepararte”, refirió.
Si bien Julio Simeón recibió el esperado asilo, su hermano Santiago no corrió la misma suerte y fue deportado, menciona el reporte. “Mi detención y posterior deportación realmente ha afectado a mi familia y a mí”, dijo Santiago Simeón. “Siempre hemos estado juntos y hemos vivido juntos. Siempre. Esta es la primera vez que nos dividimos y estoy lejos de mi familia”, indicó para el informe.
Santiago Simeón decidió abandonar su caso para no seguir prisión.
Las sugerencias
El Southern Poverty Law Center no solo se remite a describir los hechos o a recoger testimonios, sino que da algunas propuestas para mejorar la situación de los inmigrantes en proceso de asilo. La primera, sugiere acabar con el sistema de detención, derogando la detención obligatoria en estos casos y acabando con las detenciones indefinidas. En su lugar, señala, que los inmigrantes afronten su caso en libertad, mediante liberaciones bajo fianzas y otras alternativas.
Además de subrayar razones sociales y familiares, se indica que este sistema resulta oneroso para Estados Unidos y recuerda que el gobierno de Donald Trump buscaba “miles de millones de dólares” para seguir deteniendo más inmigrantes.
Asimismo, se señala que el Congreso debe eliminar el fin de lucro en la detención de los inmigrantes y recuerda que la mayoría de los inmigrantes detenidos se encuentran en prisiones privadas.
Ello, asegura el reporte, lleva a las prisiones a recortar la cobertura de necesidades básicas para los inmigrantes detenidos, como proveerles una alimentación adecuada, atención médica y contacto con sus familiares o seres queridos.
Además, se afirma que varias prisiones restringen el acceso de los inmigrantes detenidos con sus abogados. Un caso que lo refleja es el del Centro de Procesamiento de ICE en Jena, Luisiana; esta prisión tiene 1.200 internos, pero solo cuenta con una sala de visitas para abogados. Ello, según las recomendaciones, no puede ser tolerado.
