(CNN Español) – En su tercer día de testimonio, durante la cuarta semana del juicio por narcotráfico contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, el narcotraficante colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía describió los pagos de sobornos que su organización hizo a políticos en Colombia, así como a sicarios a sueldo que ejecutaron a centenares de personas como parte de la violencia de los carteles de la droga.
A medida que la defensa del Chapo Guzmán exhibía algunas paginas de los libros de contabilidad incautados a alias “Chupeta” durante su detención en Brasil, el exintegrante del cartel del Norte Del Valle explicó algunos detalles del dinero que entraba y salía de la organización.
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En una de las líneas se muestra un pago de 338.776 dólares por el asesinato de “Tatiana”.
Chupeta explico que así se referían al hermano de Victor Patiño Fomeque ( Luis Alfonso Ocampo Fomeque, alias “Tocayo”).
Dijo que se pagó esa suma a un grupo de sicarios para asesinarlo, después de que los miembros del cartel del Norte Del Valle se enteraron que Patiño Fomeque se había sometido a la justicia en Colombia y estaba colaborando con las autoridades de Estados Unidos.
También se detalla un pago de 200.000 dólares por el asesinato de un lugarteniente de Patino Fomeque, y otro de 45.000 dólares por el asesinato de otras tres personas, cuyas identidades Chupeta dijo no recordar.
Los libros de contabilidad tienen notas de unos 150 gastos para asesinatos, según dijo la defensa del Chapo Guzmán.
“Es imposible liderar un cartel en Colombia sin que haya violencia”, dijo Chupeta al ser interrogado por la fiscalía sobre por qué había tantas muertes y por qué existían las guerras entre carteles.
El abogado del Chapo también recordó que cuando Chupeta estaba prófugo en Brasil, las autoridades colombianas habían arrestado a Laureano Rentería Mantilla, quien Chupeta reconoció era un amigo cercano, quien tenía mucha información sobre la organización y, además, era parcialmente responsable del manejo de la contabilidad.
La defensa del Chapo cuestionó el hecho de que después de su arresto, Rentería Mantilla fue enviado a la cárcel La Picota en Bogotá, de donde nunca salió porque meses después murió tras ser envenenado.
También se detallan millonarios ingresos en dólares que en la contabilidad eran identificados como procedentes de la Mona Cha. Uno por más de 2 millones 717.740 dólares, otro por 999.000 dólares y otro por 1,5 millones de dólares.
Chupeta explicó que la Mona era “un bajador de dinero”, es decir, alguien que llevaba el dinero producto de la droga desde México a Colombia. Dijo que el sufijo “Cha” era una referencia al Chapo, pues el dinero era procedente de “vueltas” que se habían hecho con el jefe del cartel de Sinaloa.
Esas vueltas eran envíos de droga a Mexico que la organización de Chupeta identificaba como “Juanitas”. Una de ellas, la número 6, era de 10.000 kilos de cocaína enviada al cartel de Sinaloa.
Chupeta dijo que durante su época como narcotraficante hubo rumores de que Joaquín “El Chapo” Guzmán fue a Colombia, pero aclaró que no sabe si es cierto pues nunca se reunió con él en ese país.
Dijo que conoció al Chapo en el lobby de un hotel en Mexico y que la conexión con el cartel de Sinaloa empezó cuando Beto Rentería, otro miembro del cartel del Norte Del Valle, le presentó a un mexicano, quien a su vez le presentó a alias “El Gordo”, a los hermanos Arellano Félix, al Mayo Zambada y, después, a todos los miembros del cartel.
Sobornos a politicos en Colombia
Al ser interrogado sobre si era cierto que había pagado sobornos en Colombia, Ramírez Abadía reconoció que estuvo involucrado en la corrupción de oficiales de policía, políticos y funcionarios públicos.
Dijo que al inicio de la década de los 90 pagaba entre 25.000 y 50.000 dólares para obtener escuchas de lo que ocurría en el congreso de Colombia.
“Sí, pagué miles de dólares para escuchar lo que estaba ocurriendo”, dijo Chupeta
Agregó que pagó 200.000 dólares a los Rodríguez (Gilberto y Miguel), líderes del cartel de Cali, para la corrupción de políticos, y 1 millón de dólares para obtener una carta de salvoconducto.
Agregó que cuando Ernesto Samper era candidato a la presidencia, pagó 500.000 dólares a la campaña. “Y sí creo que un poco más” agregó.
Samper siempre ha negado las acusaciones. Desde que se denunció el ingreso de dinero ilícito a su campaña, dijo que sucedió a sus espaldas. De hecho, por esas acusaciones fue a un juicio político en el Congreso de Colombia, tras el cual resultó absuelto en junio de 1996.
Chupeta explicó que muchos de esos pagos se hicieron cuando se trataba de restablecer la extradición en Colombia e indicó que pagó por lo menos 10 millones de dólares para influir en esa decisión.
Ante las preguntas de la defensa del Chapo, Ramírez Abadía admitió que corrompió hasta la prensa para que publicara reportajes que lo favorecieran, y que si bien intentó infructuosamente sobornar a agentes de la DEA que operaban en Colombia, sí logró corromperlos con prostitutas, apartamentos y regalos que les suministraba a través de los policías colombianos que trabajaban con la embajada de Estados Unidos.
Por la tarde, la fiscalía presentó a dos agentes de la DEA que contaron detalles de uno de los más grandes decomisos de cocaína en Nueva York.
Con la ayuda de fotografías y unas muestras de varios kilos de cocaína decomisados y exhibidos en la corte, los agentes describieron la incautación en enero de 2003 de 1.534 kilos de la droga en una bodega de trenes de Queens, otro de 1.594 kilos en otra bodega cercana y 418 kilos en un vehículo que se encontraba aparcado en uno de estos lugares.
La droga había sido camuflada en vagones tanques en los que se transportaba aceite vegetal, una de las técnicas usadas por el cartel de Sinaloa para introducir droga a Estados Unidos, de acuerdo con testimonios y pruebas reveladas durante el juicio.
La fiscalía llevo al estrado a otro de sus testigos. Se trata de Germán Rosero, un abogado colombiano quien dijo haber trabajado como el enlace de Juan Carlos Ramírez Abadía y sus lugartenientes Sergio Ramírez y Laureano Rentería con el cartel de Sinaloa.
Dijo que su función era coordinar los envíos de cocaína de Colombia a Mexico desde 1998 hasta el 2006.
Rosero explico que, además de cumplir esas funciones, se encargó de cuestiones legales de Chupeta, tales como administrar documentos de propiedades, así como asistir a los miembros de la organización que estaban en la cárcel para buscar su libertad.
También explicó que se encargó de hacer pagos a algunos políticos colombianos, de los que no mencionó sus nombres, para evitar que el Congreso de Colombia no aprobara la retroactividad de la extradición de ciudadanos colombianos, pues si eso ocurría, algunos miembros del cartel del Norte Del Valle que estaban en la cárcel podrían ser extraditados a Estados Unidos.
El testimonio de Rosero continuará este miércoles.