(CNN Español) – “La corrupción es como un cáncer, si no la erradicamos, nunca vamos a tener paz”, dicen los peruanos.
El peso de todos los escándalos de corrupción que salieron a la luz en 2018 se deja sentir en esta frase de Irene Johnson, residente de Lima, ciudadana peruana que conversó con CNN sobre un tema que parece estar presente en todos los aspectos de la vida del país. Irene lo deja muy claro cuando comenta que “económicamente, este país siempre va a ser pujante, el problema es el mal manejo debido a la corrupción”.
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En Perú, cuando se les pregunta a los ciudadanos cuáles son los principales problemas del país, la corrupción ocupa el segundo lugar detrás de la delincuencia. Estos son los resultados de la última Encuesta Nacional sobre Percepción de la Corrupción, que cada dos años elabora la ONG Proética. Según estos resultados, la percepción de la corrupción como problema nacional ha desplazado a la pobreza, al desempleo y al consumo de drogas, que en un país como éste no son temas menores.
Sin embargo, Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, observa en estos números un atisbo de esperanza. En 2002, cuando comenzaron a hacerse estos estudios, el porcentaje que identificaba a la corrupción como un problema nacional era de sólo 29% pero en 2017 llegó a 52%. Rotta pone además atención sobre otro número interesante: el 86% de los encuestados cree que la corrupción está afectando su vida cotidiana. Para el especialista, esto es un buen comienzo, pues indica que la corrupción ya no es vista como algo lejano por los peruanos, sino como algo que les toca y les afecta.
No es para menos. Gerardo Távara, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, señala que hemos transitado en estas décadas de una corrupción menuda, de funcionarios menores, a niveles de corrupción que invaden las altas esferas del sector empresarial y de la política. “Nuestros expresidentes están, prácticamente todos los que se encuentran vivos, en algún nivel de investigación o de proceso por corrupción principalmente por el caso Lava Jato”. Sin contar los escándalos que implicaron a altos funcionarios judiciales. Todo ello contribuye, según Távara, a que el ciudadano sienta que los hechos de corrupción lo afectan de manera directa. “Puedes perder un juicio por un hecho de corrupción, puedes terminar preso o puede haber impunidad frente a mi niña a la que violaron, por un hecho de corrupción; por lo tanto, la corrupción ya no es algo lejano que dicen que existe o que sólo aparece en la prensa”, acota.
En estos días, se respira un evidente cambio de mentalidad entre los ciudadanos y los actores políticos. En una conferencia de prensa, los periodistas le consultaron al ministro de Economía, Carlos Oliva, por la preocupación que causaba en algunos sectores el efecto que podía tener en el PIB el hipotético cese de operaciones de varias empresas investigadas o implicadas en presuntos hechos de corrupción. Su respuesta fue una clara muestra de la filosofía del gobierno frente al tema: “Si por combatir a la corrupción va a caer el PIB, bueno, pues, mala suerte, lo principal es combatir la corrupción con una mirada de mediano y largo plazo. Si hay un efecto en el corto plazo porque se va una empresa, o porque deja de actuar una empresa, pues vendrá otra empresa y lo hará seguramente mejor y sin corrupción”.
Mucho de este clima se debe a las revelaciones sobre la naturaleza de las operaciones ocultas del Odebrecht en distintos países de la región, así como al escándalo de Lava Jato, sumado todo esto a los audios que dieron a conocer la existencia de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, una presunta red criminal que operaba en el sistema de justicia del país, y que, según las primeras investigaciones, implicaba a magistrados de alto rango. Si bien el vaso de la conciencia ciudadana sobre la corrupción estaba lleno, el 2018 se rebasó.
Para Samuel Rotta, esto no es motivo de pesimismo, sino todo lo contrario, porque una de las claves para darle vuelta al fenómeno es reemplazar la tolerancia por indignación, un sentimiento que se vio en las marchas que en las calles de Lima exigían desterrar del sistema todo vestigio de los funcionarios corruptos, y defendían a jueces y fiscales, percibidos por la ciudadanía como honestos, cuando se veía amenazada su independencia o su continuidad en casos emblemáticos. “Aquí, marchar para defender a jueces y fiscales sí que es una novedad”, apuntó Gerardo Távara.
2019 ha sido declarado por el gobierno peruano como el “Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”, mediante un decreto supremo firmado por el presidente Martín Vizcarra, quien ha señalado que la única manera de hacer sostenible esta lucha es mediante la educación. Le espera una dura tarea al Presidente y al país para que esa frase no sólo quede como tinta impresa en el encabezado de los documentos oficiales.