(CNN) – Una corte federal de apelaciones determinó que la administración de Trump puede continuar devolviendo a algunos solicitantes de asilo a México por el tiempo que duren sus audiencias de inmigración, por ahora.
La Corte de Apelaciones del 9º Circuito de EE.UU. dictaminó que la administración puede hacer cumplir la política informalmente conocida como “Permanezca en México” pendiente de apelación. Los jueces, aunque divididos en algunos temas, enumeran una serie de factores que intervinieron en la decisión, incluido el riesgo de lesiones en México y las negociaciones entre EE.UU. y México.
“Los demandantes temen un daño sustancial al regresar a México, pero la probabilidad de daño se reduce de alguna manera por el compromiso del gobierno mexicano de cumplir con sus obligaciones de derecho internacional y de otorgar estatus humanitario y permisos de trabajo a las personas devueltas” según la política, según la opinión.
“Tenemos dudas de perturbar este compromiso en medio de las negociaciones diplomáticas en curso entre Estados Unidos y México porque, como hemos explicado, es poco probable que la interdicción preliminar (al menos en su forma actual) sea sostenida en la apelación”.
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Durante los argumentos orales a fines de abril, el panel de tres jueces, compuesto por dos jueces nombrados por presidentes demócratas y uno nombrado por un republicano, se refirió a si se debería permitir que la política continuara, sumergiéndose en asuntos técnicos y expresando inquietudes acerca de el proceso en sí mismo sin proporcionar mucha indicación acerca de dónde se ubicaron en la política en general.
El juez Paul J. Watford, quien había expresado su escepticismo sobre el proceso, volvió a transmitir esas preocupaciones en su opinión concurrente. “Desde mi punto de vista, el Departamento de Seguridad Nacional ha adoptado procedimientos tan poco adecuados para alcanzar ese objetivo declarado como para hacerlos arbitrarios y caprichosos bajo la Ley de Procedimiento Administrativo”, escribe, citando el hecho de que a los solicitantes de asilo no se les pregunta si temen regresar a México a menos que ellos mismos lo mencionen.
El juez William A. Fletcher, por otro lado, se mostró en desacuerdo con la interpretación de los estatutos.
“Estoy totalmente en desacuerdo con mis colegas”, dijo, y luego agregó: “El Gobierno hoy aboga por una comprensión completamente nueva del estatuto, basada en argumentos nunca antes formulados o sugeridos”.
El juez Richard Seeborg, del Distrito Norte de California, había bloqueado la política a principios de este año. Su razonamiento fue que la disposición en la que se basaba el Gobierno nunca tuvo la intención de permitir el regreso de los solicitantes de asilo a México, e incluso si lo hiciera, los procedimientos de selección actuales no eran adecuados, dijo Melissa Crow, abogada principal supervisora del Southern Poverty Law Center.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones del 9º Circuito de EE.UU. puso la orden en espera en abril, permitiendo que la política continúe temporalmente.
El llamado programa de Protocolos de Protección al Migrante se implementó inicialmente en el puerto de entrada de San Ysidro en enero. Desde entonces, se ha ampliado para incluir el puerto de entrada de Calexico, el sector de San Diego, el puerto de entrada de Paso del Norte, el sector de El Paso y el sector de El Centro, según el Departamento de Seguridad Nacional.
Según el departamento, Estados Unidos ha devuelto a México más de 1.600 inmigrantes a la espera de audiencias de inmigración.
“Los solicitantes de asilo corren un grave riesgo de daños todos los días por el hecho de que la política de retorno forzoso continúe”, dijo Omar Jadwat, director del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles, en un comunicado. “En particular, dos de los tres jueces que escucharon esta solicitud encontraron que hay problemas legales graves con lo que está haciendo el Gobierno, por lo que hay una buena razón para creer que, en última instancia, esta política se detendrá”.
El desafío proviene de una coalición de grupos de defensa de los inmigrantes que le pidieron a un juez federal una orden de restricción que bloquearía la política. Once inmigrantes que buscan asilo en Estados Unidos y fueron devueltos a México bajo la política también son demandantes en el caso.