(CNN Español) – Un grupo de expertos de la ONU le llamó la atención al Gobierno de Colombia para que proteja los derechos de los excombatientes de la extinta guerrilla de las FARC que se acogieron al proceso de paz firmado con el gobierno en 2016, y le pidió que “deje de incitar a la violencia” contra los desmovilizados.
“Instamos al gobierno colombiano a que deje de incitar a la violencia contra los desmovilizados de las FARC-EP y a cumplir con las garantías que se les otorgaron durante las negociaciones en La Habana, sobre todo el respeto al derecho a la vida”, dijo el grupo de expertos en un comunicado de este martes.
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Del grupo hacen parte los relatores especiales que forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un mecanismo independiente de investigación y monitoreo cuyo objetivo es “hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo”, según el comunicado de los expertos de la ONU.
Según la ONU, el gobierno ha “ignorado las garantías prometidas a los excombatientes”, algo que aumenta las posibilidades de que abandonen el proceso de paz y reincerción y que vuelvan a tomar las armas y se unan a grupos delincuenciales “protegerse a sí mismos”.
El Gobierno de Colombia, a través del consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, dijo que la acusación de los expertos de la ONU es “infundada” e “irresponsable”.
“Esa es una manifestación, en mi opinión, absolutamente infundada, y además irresponsable”, dijo Archila. “Es infundada porque ellos no han tomado las medidas necesarias para poder hacer una verificación de los hechos. Los relatores habían hecho un cuestionario al gobierno colombiano, cuestionario que además era sesgado, pero sin esperar el tiempo que ellos mismos habían concedido al gobierno colombiano, entraron a pronunciarse”.
Entre tanto, el presidente Iván Duque ha dicho en varias oportunidades que va a cumplir los compromisos adquiridos con los excombatientes que “genuinamente están cumpliendo con la paz y con la reincorporación”.
El grupo de expertos de la ONU puso de relieve el caso de Dimar Torres Arévalo, un desmovilizado de las FARC que según la Fiscalía de Colombia fue asesinado por miembros del Ejército el 22 de abril de 2019 a las afueras de un campamento de la Armada Nacional en el departamento de Norte de Santander, en la frontera con Venezuela.
Por estos hechos está detenido de manera preventiva un cabo segundo del Ejército de Colombia y, fue vinculado a la investigación el coronel Jorge Armando Pérez Amézquita, quien según la Fiscalía, habría incurrido en el delito de favorecimiento por encubrimiento. El coronel negó los hechos a las autoridades judiciales y administrativas, informó Presidencia.
Según la ONU, el gobierno ha “ignorado las garantías prometidas a los excombatientes”, algo que aumenta las posibilidades de que abandonen el proceso de paz y reinserción y que vuelvan a tomar las armas y se unan a grupos delincuenciales “protegerse a sí mismos”.
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) de Colombia reportó a mediados de abril de 2019 que desde la firma de los acuerdos de paz en noviembre de 2016, 128 excombatientes han sido asesinados. La Fiscalía de Colombia ha resuelto menos de la mitad de los hechos de violencia que se han denunciado entre 2017 y 2019. Por estos hechos, dice la Fiscalía, han sido capturadas 37 personas y 125 más están vinculadas a las investigaciones.
En el pasado, el partido político FARC, que se formó tras la firma de los acuerdos de La Habana, dijo que los ataques y amenazas contra militares de la FARC “deben obligar a las autoridades (…) a tomar medidas efectivas e idóneas”, según una carta escrita por el líder del partido Rodrigo Londoño Echeverri, ‘Timochenko’. En esta carta publicada en mayo de 2018, el jefe de la FARC pidió al gobierno el cumplimiento de los acuerdos en materia de protección, seguridad jurídica y reincorporación integral”.
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La ARN dice de los 13.014 excombatientes acreditados en el proceso de paz, el 76% de los excombatientes de ellos es “optimista sobre su futuro” en el proceso de reincorporación. El resto manifestó algún grado de desconfianza y escepticismo sobre el futuro inmediato, dijo la agencia en un comunicado.
“Instamos a las autoridades colombianas a que investiguen esta supuesta ejecución extrajudicial y otros asesinatos similares de conformidad con las normas internacionales, que exigen independencia e imparcialidad”, dijeron los expertos de la ONU en el comunicado. “Es importante para la protección de estas personas y sus familias que estos autores sean llevados ante la justicia”.