(CNN Español) – El ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Sergio Moro, y el Ministerio Público Federal en el Estado brasileño de Paraná, responsable de las investigaciones desarrolladas durante años por la denominada Operación Lava Jato, han rechazado las irregularidades denunciadas en una serie de reportajes publicados en el sitio web The Intercept, en los que se sostiene que existió una colaboración “legalmente dudosa” entre Moro, entonces juez del caso, y la Fiscalía.
Según The Intercept, los reportajes tienen como base comunicaciones internas entre los fiscales, y entre el procurador jefe de la operación, Deltan Dallagnol, y Moro, a través de una aplicación de celular. El medio informa de que estos mensajes han sido obtenidos a través de una fuente anónima. CNN no ha tenido acceso directo a las comunicaciones reproducidas en los reportajes y por lo tanto no ha podido verificar su veracidad de manera independiente.
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The Intercept, en un texto introductorio, afirma que abordó un debate editorial interno para decidir qué documentos publicaría y cuáles mantendría preservados. El medio también admite que no entró en contacto con las personas señaladas en los textos para solicitarles su versión de los hechos antes de la publicación de los reportajes, “contrariamente a lo que tiene como regla”. The Intercept afirma que tomó esta decisión para evitar “que actuasen para evitar su publicación y porque los documentos hablan por sí mismos”. El equipo de fiscales de la Lava Jato dijo que este hecho “sorprende y contraría las mejores prácticas periodísticas”. Por su parte, Moro aseguró en un comunicado que “la postura del medio (…) contraría una regla básica del periodismo”.
En una serie de tres artículos, The Intercept reproduce supuestas conversaciones a través de aplicaciones de celular del equipo de fiscales de la Operación Lava Jato, y entre el fiscal jefe de la operación, Deltan Dallagnol, y el entonces juez, Sergio Moro. Según el medio, los archivos revelan “actitudes altamente controvertidas, politizadas y legalmente dudosas de la fuerza tarea de la Lava Jato”. Uno de los reportajes sostiene que “Moro ofreció asesoría estratégica a los fiscales y dio consejos para nuevas vías de investigación”. En otro texto, The Intercept pone el foco en los bastidores de la decisión judicial que impidió al expresidente Lula, ya entonces preso por corrupción y blanqueo de capitales, conceder una entrevista desde la cárcel al diario Folha de São Paulo en plena campaña electoral del 2018, que culminó con la elección del ultraconservador Jair Bolsonaro como nuevo presidente de Brasil.
Los procuradores han reaccionado asegurando que “la actuación de la fuerza tarea está revestida de legalidad, técnica e impersonalidad” y que “la imparcialidad de la actuación de la Justicia está confirmada por innumerables peticiones denegadas del Ministerio Público, por 54 absoluciones de acusados y por centenas de recursos del Ministerio Público. Aparte de esto, todas las decisiones se sometieron a la revisión de instancias judiciales superiores e independientes”, aseguran los fiscales.
El equipo de procuradores también muestra “su preocupación con posibles mensajes fraudulentos o retirados de su debido contexto”.
Por su parte, Moro ha afirmado que en los mensajes publicados “no se vislumbra ninguna anormalidad o tendencia en la actuación como magistrado, a pesar de que (los mensajes) han sido sacados de contexto y del sensacionalismo de los artículos, que ignoran el gigantesco esquema de corrupción revelado por la Operación Lava Jato”. El ministro también asegura que los “supuestos mensajes” publicados fueron “obtenidos por medios delictivos de los teléfonos celulares de los procuradores”.
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La defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien actualmente cumple una condena a casi nueve años de cárcel en el marco de la Operación Lava Jato, asegura que “la actuación (…) de los procuradores y del exjuez de la causa, con objetivos políticos, sometió a Lula y a su familia a las más diversas arbitrariedades. A este escenario deben sumarse diversas ilegalidades groseras”. Añade la defensa: “Nadie puede dudar de que los procesos contra el expresidente Lula están corrompidos por las más graves violaciones de las garantías fundamentales y por la negativa de derechos. (…) El restablecimiento de la plena libertad de Lula es urgente, así como el reconocimiento de que no practicó ningún crimen”.
Los fiscales han recordado que la Operación Lava Jato ha acusado “a más de 400 personas y que 13.000 millones de reales (unos 3.346 millones de USD) están siendo recuperados, representando un avance sin precedentes contra la criminalidad”. La operación acabó destapando un entramado de corrupción regional que impactó en políticos, mandatarios y empresarios de más de una decena de países latinoamericanos.