Washington (CNN) – El secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, comparecerá ante un panel del Senado el martes, en medio de dudas sobre lo que Estados Unidos y México acordaron exactamente durante el fin de semana en las conversaciones sobre aranceles y seguridad en la frontera.
El acuerdo alcanzado por los dos países durante el fin de semana derivó de la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a México en retribución por, según él, la aplicación deficiente por parte de México para detener el flujo de inmigrantes. Pero no está claro si el acuerdo dará los resultados deseados por el presidente, principalmente una fuerte reducción en el número de inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera.
El acuerdo incluyó un compromiso de México para hacer más para frenar la inmigración en su frontera sur, así como la expansión de una política que permite a Estados Unidos enviar a México a algunos de los solicitantes durante el proceso de sus audiencias de inmigración.
Trump defendió el acuerdo después de un informe del diario The New York Times que decía que incluía principalmente promesas que México había hecho anteriormente a EE. UU. El presidente dijo que esto no habría ocurrido sin la amenaza de los aranceles y que se revelaría más del acuerdo en el futuro.
McAleenan ha defendido el acuerdo hasta ahora. “La gente puede estar en desacuerdo con las tácticas”, dijo en una entrevista con Fox News el domingo. “México llegó a la mesa con propuestas reales. Tenemos un acuerdo de que si lo implementan será efectivo”.
Estados Unidos enfrenta un aumento dramático en las detenciones a lo largo de la frontera sur. En mayo, la Patrulla Fronteriza arrestó a casi 133.000 migrantes, de acuerdo con los datos de Aduanas y Protección Fronteriza, incluyendo a más de 11.000 niños no acompañados. El cambio en la demografía, desde adultos solteros a familias y niños predominantemente de los países del Triángulo del Norte – Guatemala, Honduras y El Salvador – ha presentado sus propios desafíos al Departamento de Seguridad Nacional.
En medio del continuo aumento de migrantes en la frontera, el gobierno ha presionado para obtener soluciones legislativas y solicitado fondos adicionales.
El senador republicano Lindsey Graham, presidente del Comité Judicial del Senado, introdujo recientemente una legislación que trata de lograr gran parte de lo que el gobierno ha solicitado.
Su proyecto de ley cambiaría, en parte, el proceso de asilo actual de tres maneras sustanciales: exigiría que los inmigrantes que soliciten asilo lo hagan en un consulado o embajada en su país de origen o en México, en lugar de en la frontera sur; aumentaría la cantidad de tiempo que los niños migrantes podrían permanecer en custodia, de 20 días a 100 días, y facilitaría que los funcionarios deporten a los menores no acompañados a Centroamérica.
La medida también exige que 500 nuevos jueces de inmigración se desprendan de la enorme acumulación de tribunales de inmigración.
El gobierno de Trump ha instado repetidamente al Congreso a revisar las leyes de inmigración de la nación, argumentando que las lagunas legales han alentado a un número creciente de inmigrantes a cruzar la frontera. Pero los demócratas ya rechazaron algunas de las propuestas presentadas por el gobierno, incluidos aspectos del proyecto de ley de Graham, como mantener a los niños migrantes bajo custodia por un período de tiempo más prolongado.