Nota del editor: Kumi Naidoo es el secretario general de Amnistía Internacional. Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor.
(CNN) - Les dio alimentos, les dio agua y les brindó un lugar para estar. Pero según los fiscales estatales de Arizona, las acciones humanitarias del doctor Scott Warren, un voluntario que brindó asistencia básica a dos inmigrantes hondureños, fueron criminales. Tanto fue así que levantaron un controvertido caso en su contra, que podría haber concluido en hasta 20 años de prisión.
Si bien este caso de alto riesgo resultó en un juicio nulo, este mes, el Gobierno no ha retirado los cargos. La posibilidad de volver a juzgarlo sigue pendiente.
Esta táctica emergente de gobiernos que apuntan a individuos que han mostrado compasión a los refugiados e inmigrantes no solo va en contra de los valores humanos básicos de la bondad y la decencia, sino que representa una preocupante nueva bajeza en la mano dura contra las personas que actúan a favor de los derechos humanos.
En el caso de Warren, en particular, ha concitado la atención de los medios en todo el mundo y es emblemático en cuanto a la hostilidad abierta de los gobiernos para con los inmigrantes y los refugiados. Pero, en contraste, hay muchos estadounidenses que están consternados por la tragedia humanitaria que ocurre ante sus puertas. Como Warren mismo señaló: “La gente está muriendo a la vera de nuestra ciudad. Eso es lo que me lleva a actuar”.
Las muertes de las personas que cruzan el desierto de Sonora, en Arizona, donde está en peligro su vida, no son un trágico accidente. En realidad, esta es la culminación de años de políticas del Gobierno federal, diseñadas para disuadir a las personas en su intento por cruzar a Estados Unidos, cerrando todas las rutas migratorias existentes y forzándolas a tomar las rutas más peligrosas y remotas posibles. Las autoridades fronterizas estadounidenses han registrado 7.242 muertes en la frontera, en los últimos 20 años. Arizona es una de las zonas más letales, con casi cuatro de cada 10 de estas muertes.
Esta venganza contra los inmigrantes y refugiados ahora ha llevado a los funcionarios policiales a intentar aplastar los instintos básicos de las personas que quieren ayudar a quienes sufren. Otros voluntarios de No More Deaths (No más muertes), el grupo al que pertenece Warren, han recibido acusaciones federales por delitos menores como “abandono de propiedad” por dejar agua en el desierto. Amnistía Internacional ha documentado otros ejemplos de detenciones, interrogatorios, limitación de viajes, incautación de electrónicos, registros y más acciones en contra de los voluntarios y de las personas que asisten a los necesitados en la zona de la frontera.
Lo que distingue el caso de Warren es la agresividad ejercida por los fiscales contra él: buscaron múltiples cargos que podrían haber arrojado una condena de 20 años de prisión. Pero sería un error considerar que este es un caso apartado. De hecho, la política de apuntar abiertamente contra cualquiera que haya tratado con cierta decencia a otros seres humanos necesitados se está tornando una norma vergonzosa para los gobiernos.
Cuando conmemoramos el Día Mundial de los Refugiados, el 20 de junio, es una triste denuncia de los tiempos que nuestro trabajo sobre refugiados e inmigrantes en Amnistía Internacional no solo cubra la defensa de los derechos de personas en movimiento. Ahora se extiende a hacer campaña a favor de los activistas atacados por ayudar a refugiados o inmigrantes. En Grecia, Francia, Italia, Suiza, Croacia, el Reino Unido, Amnistía Internacional ha documentado casos sobre cómo los gobiernos europeos han intentado convertir la compasión en delito.
Las autoridades se han rebajado tanto que han apuntado contra personas como Martine Landry, una pensionada de 73 años y voluntaria de Amnistía Internacional. El año pasado, fue procesada por ayudar a dos solicitantes de asilo, de 15 años, en Francia. Llevó a los dos muchachos a una estación de policía para que pudieran registrar sus solicitudes de asilo y pudieran ser cuidados como menores. Fue acusada falsamente de asistir en el ingreso de los dos menores extranjeros, lo que implica un período máximo de prisión de cinco años y una multa de 30.000 euros.
Martine fue liberada, pero el fiscal general apeló la decisión. El caso contra ella sigue pendiente.
Y si bien el Tribunal Constitucional Francés dictaminó que el principio de “fraternité” incluido en la Constitución protege la libertad de ayudar a otros, independientemente de su estado inmigratorio, esta decisión no ha sido frenada por las autoridades en Francia para que ceje el ataque a activistas que ayudan a inmigrantes y refugiados.
Piensen en Tom Ciotkowski, un defensor de los derechos humanos británico, que en este momento está siendo enjuiciado por haber intentado documentar la conducta de la Policía antimotines francesa en Calais. Su caso es emblemático del tipo de intimidación y el acoso que los activistas han sufrido intentando monitorear cómo se trata a inmigrantes y refugiados y la conducta policial durante los desalojos forzados de campamentos improvisados.
Irónicamente, se esperaba un veredicto en el caso de Ciotkowski el 20 de junio: el Día Mundial de los Refugiados. Podría recibir hasta cinco años de prisión si es sentenciado por los cargos fabricados de desacato y agresión.
Pero no solo Francia ha ido agresivamente detrás de quienes se han animado a mostrar compasión. En Gran Bretaña, fueron sentenciados 15 activistas, el año pasado, por cargos relacionados con el terrorismo por intentar detener lo que ellos veían como deportaciones ilegales en el aeropuerto de Stansted.
Todos estos casos apuntan a la preocupante tendencia de penalizar la solidaridad. Los gobiernos que persiguen aguerridamente una agenda antirrefugiados no solo han querido hacer imposible que alguien ejercite su derecho fundamental de solicitar asilo, sino que ahora están castigando a quienes se animen a ayudarlo. El hecho de que las autoridades de Gran Bretaña levantaran cargos por delitos relacionados con el terrorismo contra “los 15 de Stansted” es un ejemplo que viene al caso; un precedente enormemente perturbador que tiene consecuencias peligrosas para todos nosotros.
Y que quede claro: estas tácticas gubernamentales agresivas no han tenido éxito en lo más mínimo. A menos, por supuesto, de que uno defina el éxito como exportar la muerte y el sufrimiento de los individuos a la esfera pública. La gente sigue viniendo a Europa y a Estados Unidos en busca de asilo. En lugar de abrir rutas seguras y regulares para que viajen, los gobiernos están en la macabra carrera hacia las profundidades para hacer que sus vidas sean un infierno.
La mayor línea de vida que tenemos en esta situación desesperada es el hecho de que la gente se rehúsa a acceder a los esfuerzos de los gobiernos de criminalizar la compasión. Los intentos de los líderes de hacer cómplice al público en su vilipendio de los inmigrantes y de los refugiados no está funcionando. Mientras que los gobiernos en Europa y Estados Unidos no cumplan con su deber de proteger las vidas de otros seres humanos en su hora de necesidad, cualquiera sea el costo, esa es la fuente real de esperanza del Día Mundial de los Refugiados.