(CNN Español) – En Paraguay, este martes la Fiscalía escuchó la declaración del excanciller Luis Alberto Castiglioni en torno a un acta bilateral sobre el consumo de energía eléctrica, firmada entre Paraguay y Brasil que tiene hasta ahora en jaque al Gobierno de Mario Abdo Benítez.
Según los técnicos de la estatal Administración Nacional de Electricidad (ANDE), el acuerdo era económicamente perjudicial para Paraguay. Tras la renuncia del titular de la Administración de Energía Eléctrica, Pedro Ferreira, que alertó sobre la situación, surgió la polémica, y el acta bilateral fue anulada. No obstante, la Fiscalía inició hace unas dos semanas una investigación para saber si hubo algún delito de por medio en la firma del acuerdo.
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Al salir de la audiencia, Castiglioni volvió a ratificarse ante la prensa diciendo que él había dado instrucciones al exembajador ante Brasil, Hugo Saguier Caballero, señalándole que el acuerdo energético con esta país no debía afectar a los consumidores finales, es decir, que no encareciera el precio de la energía.
El acuerdo fue firmado entre embajadores de ambos países y fue blanco de críticas debido a que, según los técnicos, se pactaron condiciones que generaban un sobrecosto de 250 millones de dólares para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
La oposición tiene pendiente un pedido de juicio político contra el presidente Mario Abdo Benítez y su vicepresidente Hugo Velázquez por este acuerdo. Aunque según los analistas, la oposición no cuenta con los votos, ya que hay una unión de las facciones del oficialista Partido Colorado, igual pone en una situación complicada al gobierno Mario Abdo Benítez, porque el tratamiento del juicio político continua pendiente.
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Este martes, ante unos 5.000 seguidores del partido de gobierno que se manifestaron para darle su apoyo, Abdo Benítez pidió que se trate cuanto antes el juicio político para poder seguir gobernando.
En tanto, la oposición anunció movilizaciones masivas para este miércoles, para insistir en la destitución de ambos representantes del ejecutivo porque consideran que con ese acuerdo habrían incurrido en mal desempeño de sus funciones.