(CNN Español) – La línea B del metro de Buenos Aires es la más utilizada en la capital argentina. Cada día, más de 230.000 pasajeros utilizan esta rama de Subterráneos. En sus estaciones, trenes y talleres trabajan 763 personas. Lo que pocos saben es que esta línea atraviesa una crisis silenciosa: la amenaza del amianto o asbesto, un mineral cancerígeno, prohibido en más de 50 países desde hace casi 20 años. Prohibido en Argentina desde 2001.
Las autoridades de la capital argentina confirmaron que ya son 11 los trabajadores del Subte, como se conoce a la compañía estatal, que habrían sido afectados por esta sustancia cancerígena. Así lo informó el presidente del Subte de Buenos Aires ante la consulta de CNN.
A fines de 2011, el gobierno del entonces alcalde de Buenos Aires y actual presidente, Mauricio Macri, adquirió seis trenes de segunda mano al Metro de Madrid: los CAF 5000. Este modelo había sido fabricado durante los años 70. Entonces, el asbesto no estaba prohibido. El Metro de Madrid los había retirado de circulación y los vendió a Buenos Aires. Con estos trenes, esta sustancia peligrosa ingresó al metro porteño, pero no fue sino hasta febrero de 2018 cuando el problema salió a la luz.
En una entrevista con CNN, el presidente de Sbase (Subterráneos de Buenos Aires), Eduardo De Montmollin, reconoció que los planos de los vagones con asbesto adquiridos en 2011 especificaban la presencia de esta sustancia cancerígena. “Es cierto que hay documentación que dice eso pero no había manera de afirmar o validar si esto era efectivamente cierto o no”.
Sbase es una empresa pública porteña. De Montmollin asumió el mando de la compañía en 2017.
El funcionario trata de explicar la situación: “La documentación técnica de un tren puede llegar a ser unos manuales o carpetas así -simula una pila de papeles con las manos- y de repente lo que dice esto es una letra chiquita en la página 473 del tomo 4 del manual de descripción de partes. En teoría… los técnicos de Sbase…. No puedo garantizar que se haya leído todas y cada una de las páginas de los manuales técnicos. Pero asumimos que si en la documentación figuraba algo el Metro de Madrid había tomado ya partido, había tomado medidas y que lo que nos estaban vendiendo, ellos estaban en condiciones de poder venderlo”.
Ramón Acuña es uno de los once trabajadores del taller de la Línea B diagnosticado con una enfermedad típicamente producida por el asbesto.
“Estoy trabajando en el taller Rancagua de la Línea B hace ocho años como técnico electromecánico. Hace aproximadamente un mes, me diagnosticaron con la primera de las afecciones por fibra de asbesto, que es el surgimiento de placas pleurales”, dijo Acuña a CNN.
Los pulmones de Acuña sufren un engrosamiento producido por la aspiración de partículas de amianto o asbesto, de acuerdo con el diagnóstico al que accedió CNN. La Organización Mundial de la Salud sostiene que “todas las formas de asbesto son cancerígenas para el ser humano” y estima que la mitad de las muertes por cáncer de origen laboral se deben al asbesto.
Acuña cuenta cómo comenzaron a tomar conocimiento. “A principios del año 2018 y ante el conocimiento, por contactos gremiales y por salir en las noticias, de la muerte de varios trabajadores del Metro de Madrid, el sindicato toma cartas en el asunto, ya que estos trabajadores del Metro de Madrid, víctimas del asbesto, habían estado en contacto con un tipo de tren en el que trabajábamos nosotros en la Línea B: los CAF 5000”.
¿Se aseguraron las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires de que los vagones eran aptos para la salud? ¿Podrían haber sabido que estaban comprando trenes con material potencialmente cancerígeno y prohibido?
La normativa argentina requiere que los bienes que ingresen al país cumplan con las leyes nacionales y posean un certificado de origen que identifique cualquier material perjudicial para la salud.
De Montmollin dice: “Hoy de nuevo, con el diario del lunes: esos trenes que le compramos al Metro de Madrid tendrían que haber venido con ese certificado, bueno… el certificado evidentemente no existió y de nuestro lado tampoco hubo una exigencia de la existencia de ese certificado”.
Edgardo Castro es inspector de trabajo, especializado en ambiente. Trabaja en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es dirigente sindical y ha iniciado acciones legales por el asbesto en la Línea B
Según Castro, “cuando uno va a importar materiales usados con una antigüedad importante como tenían estos vagones, que eran anteriores a la prohibición del amianto, uno tiene que tomar las precauciones necesarias para evitar que justamente esta sorpresa que nos encontramos hoy se presente”.
De Montmollin reconoce que en 2011 las autoridades porteñas no indagaron sobre si el Metro de Madrid había quitado el amianto de los trenes. “No fue un tema de discusión: ‘Che estos trenes tienen asbesto, ¿qué hiciste con el asbesto?’”, dijo el funcionario.
En febrero de 2018, los trabajadores del Subte enviaron una muestra de 60 piezas de los trenes CAF 5000 para que los analizara una especialista en asbesto, la geóloga Leticia Lescano, profesora de la Universidad del Sur de Bahía Blanca e investigadora de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC-CGAMA).
Lescano dijo a CNN que, tras ese pedido, comenzaron a hacer los estudios pertinentes, entre ellos de microscopía óptica, de macroscopia y rayos X, y que con ellos determinaron que “en muchas piezas” había “presencia de crisotilo, una variedad de asbesto”.
Las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires aseguran que desconocían haber adquirido vagones con asbesto y que cuando comenzaron a sospecharlo, sacaron de circulación los 36 vagones que componen estos trenes. CNN consultó al vocero de Macri, quien remitió la consulta a las autoridades locales. En este caso, a la empresa encargada de operar el metro: Sbase.
“Nosotros -señaló De Montmollin- compramos asumiendo que estaban en condiciones, que el Metro de Madrid nos podía vender esos trenes porque de hecho en la Unión Europea hay una ley que prohíbe a partir del 2001 la comercialización de equipamiento con esta sustancia”.
CNN se comunicó con el Metro de Madrid, pero sus representantes decidieron no comentar el asunto. En 2018, la empresa pública española lanzó un programa para analizar la salud de los trabajadores y sostuvo que no hay riesgo de exposición para ellos ni para los usuarios. Aun así, anunció que invertirá 140 millones de euros para eliminar el amianto en la red a través de sustitución de piezas y de renovación de estaciones.
Tanto en Madrid como en Buenos Aires, las autoridades afirman que los pasajeros no corren peligro.
En España, una fiscalía investigó la posibilidad de que los responsables de la compañía hayan sabido durante décadas que los trenes madrileños tenían amianto y lo ocultaron. Dos trabajadores han muerto y hay indicios de que pudo haber sido por la exposición a este material.
Una comisión de investigación de la Asamblea de Madrid determinó que el Metro “sabía de la existencia de amianto y sus riesgos desde hace más de dos décadas”, que “se vendieron trenes a Argentina con amianto cuando lo prohibía la legislación de 2002”, y que “se ocultó el riesgo a los trabajadores y se los desprotegió”.
Lescano explica que el amianto “afecta principalmente a los trabajadores de taller porque son las personas que están trabajando continuamente con el recambio de esas autopartes”.
Ante la comisión investigadora de la Asamblea madrileña, las autoridades del Metro dijeron desconocer un informe interno que admitía la presencia de asbesto. Sostuvieron que en la venta a Argentina “no había riesgo” porque las piezas con amianto habían sido encapsuladas.
Desterrar el asbesto del Subterráneo podría llevar años. Mientras tanto, los trabajadores afectados ya están en tratamientos médicos. Unos 180 se sometieron a análisis y resta estudiar a miles de personas que trabajan diariamente en los talleres, trenes y estaciones de todo el sistema.