(CNN) – El martes, el tribunal más alto de la nación escuchará argumentos orales en un caso que desafía la forma en que la administración Trump puso fin a un programa de la era Obama que protegía a unos 700.000 inmigrantes indocumentados de la deportación, poniendo a tope del tema de la inmigración un tema que ha estado en el limbo durante años.
Durante su campaña presidencial, Donald Trump, quien hizo de la inmigración su principal asunto, se comprometió a poner fin al programa denominado “Acción Diferida para los Llegados en la Infancia”, argumentando que la acción ejecutiva que llevó a buen término el programa fue una extralimitación de autoridad. Pocos meses después de su presidencia, y con una amenaza de demanda, Trump cumplió con la promesa de su campaña y pidió que se redujeran las protecciones.
Esa decisión provocó una protesta de los defensores de los derechos de inmigración, instituciones educativas y líderes empresariales, y provocó una serie de desafíos legales que finalmente llevaron el caso ante la Corte Suprema. Pero la noción de proteger de la deportción a los jóvenes inmigrantes indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos como niños tiene origen en años de esfuerzos legislativos fallidos.
“Si pudiéramos encontrar un camino bipartidista hacia adelante y tomar decisiones políticamente difíciles, no estaríamos aquí. Esto es simplemente el resultado de la incapacidad del Congreso para actuar en materia de inmigración”, dijo Casey Higgins, miembro de la Política Bipartidista Centro y exasesor del expresidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan.
Raíces legislativas
En 2001, los senadores Orrin Hatch, un republicano de Utah, y Dick Durbin, un demócrata de Illinois, presentaron la Ley de Desarrollo, Ayuda y Educación para Menores Extranjeros, también conocida como la Ley DREAM. Intentó proporcionar a los jóvenes inmigrantes indocumentados un camino hacia el estatus legal y le valió al grupo de inmigrantes indocumentados traídos a EE. UU. cuando eran niños el apodo de “dreamers”.
Desde entonces, ha habido varias iteraciones de la medida que, si bien son diferentes en cierta medida, buscan poner al grupo en el camino hacia el estatus legal.
MIRA: ¿Debe el futuro de los dreamers depender de la negociación del muro? Una política latina lo analiza
Los demócratas y los republicanos han simpatizado con los cientos de miles de inmigrantes indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños, muchos de los cuales tenían menos de 10 años.
Los demócratas intentaron llegar a un acuerdo con Trump para mantener las protecciones a fines de 2017, pero fracasó. Desde entonces, han surgido otros intentos de extender las protecciones, incluida la “Ley de sueños y promesas” de la representante demócrata Lucille Roybal-Allard, que coloca a los llamados “soñadores” en un camino hacia el estatus legal. El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara este año, pero es probable que enfrente una batalla cuesta arriba en el Senado controlado por los republicanos.
El tire y afloje entre demócratas y republicanos sobre los “dreamers” ha dificultado lograr un compromiso bipartidista. El propio Trump también ha fracasado en el tema.
“Ambas partes no pueden encontrar dónde está ese punto óptimo”, dijo Higgins, quien anteriormente trabajó en negociaciones.
“Los republicanos piden cosas en la frontera que los demócratas nunca pueden hacer. Y para los republicanos, un camino especial hacia la ciudadanía es algo que será muy difícil porque hay personas que han hecho cola que no tienen un camino especial para ciudadanía”, explica.
Por decreto
Muchos inmigrantes indocumentados que pertenecen a este grupo no pueden obtener un estatus legal por sí mismos porque fueron traídos ilegalmente al país o se quedaron sin visa. Eso a menudo les impide convertirse en residentes permanentes legales porque uno de los requisitos es haber ingresado y residido legalmente en el país.
Con ese fin, durante el segundo mandato del presidente Barack Obama, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, llamó a su equipo a ver qué podía hacer la rama ejecutiva para proteger a esta parte de la población indocumentada de la deportación.
“La preocupación que tenía era que en realidad había una población mucho más grande que vivía con miedo a la deportación y que no podían obtener autorización de trabajo”, dijo Napolitano a CNN en una entrevista reciente.
En junio de 2012, Napolitano emitió un memorando en el que ordenaba a los jefes de las agencias de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional que aplazaran la aplicación de la ley contra los inmigrantes indocumentados que fueron traídos a los Estados Unidos como niños que cumplen ciertos criterios y crean un programa para que apliquen. Obama anunció el inicio del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia a partir de entonces.
Para ser elegibles, los solicitantes tenían que haber llegado a EE. UU. antes de los 16 años y haber vivido allí desde el 15 de junio de 2007. No podían tener más de 30 años cuando el Departamento de Seguridad Nacional promulgó la política en 2012. Los beneficiarios deben renovar sus protecciones cada dos años.
A partir de abril de 2019, la mayoría de los beneficiarios de DACA son de México y América Central, según los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU.. La edad promedio de los beneficiarios del programa es de 25 años.
Napolitano, ahora presidente de la Universidad de California, asistirá a la presentación de los argumentos orales en el caso DACA este martes.
Los demandantes, incluida la Universidad de California, un puñado de estados y beneficiarios de DACA, argumentarán ante la Corte Suprema que la eliminación viola la Ley de Procedimiento Administrativo, una ley federal que rige cómo las agencias pueden establecer regulaciones.
“Lo que espero que suceda es que, en medio de un argumento importante pero técnico ante APA, el tribunal también reconozca el impacto realmente dañino que tendrían si revocaran las órdenes judiciales que se han otorgado y permiten que la administración rescinda DACA”, dijo Napolitano.