(CNN Español) – La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, presentó este jueves en Ginebra un reporte sobre la situación de 10 países, entre ellos, Venezuela, al que se refirió por primera vez este año.
Bachelet especificó que su oficina realizó tres nuevas visitas a centros de detención en los que entrevistó a 28 personas de manera confidencial. Las observaciones realizadas durante estas visitas fueron compartidas con las autoridades relevantes para que tome una decisión.
Señaló que entregaron a un comité de coordinación de su oficina más de 130 casos de supuestas violaciones de derechos a personas privadas de libertad. Además, reportó la liberación de 14 personas en el mes de abril de 2019.
“Reitero mi llamado para la liberación incondicional de todos aquellos detenidos por razones políticas”, afirmó.
Adelantó que este 10 de marzo se referirá a la situación de los derechos humanos en este país sudamericano.
Hasta el momento, el Gobierno venezolano no se ha referido a los reportes de Bachelet. Sin embargo, en una reunión sostenida entre la alta comisionada y el canciller Jorge Arreaza este miércoles en Ginebra, el funcionario ratificó “la voluntad del país suramericano de cooperar con todos los mecanismos de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos”, según un comunicado del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela.
Descontento provocan protestas
En su informe, Bachelet también se refirió a las protestas en diferentes países que, a su parecer, “están siendo avivadas por profundas desigualdades”.
“Respuestas violentas por parte de las fuerzas de seguridad pueden debilitar aún más la confianza pública en sistemas económicos y políticos”, dijo Bachelet. En particular se refirió a Chile y Ecuador donde, según Bachelet, es necesario que se rinda cuentas por violaciones a derechos humanos en el marco de las protestas y atender a las causas de raíz, o sea, las desigualdades.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, prometió que no habría impunidad en casos relacionados a supuestas violaciones de derechos humanos cometidos por la fuerza pública a la vez que tomó una serie de medidas dirigidas a mitigar la desigualdad.
Por su parte el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que ante las protestas de octubre de 2019 tuvo que derogar el decreto que eliminaba el subsidio a los combustibles, insistió en que estos hechos fueron acciones coordinadas para desestabilizar al país y su gobierno.
Con respecto a Bolivia, Bachelet dijo que recientemente envió una misión para reforzar el apoyo de la ONU a fin de “superar la actual crisis política y social”. Señaló que “la acusación de docenas de exautoridades gubernamentales e individuos relacionados con la anterior administración es una fuente de preocupación”.
El gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez justificó estas acciones en contra de exfuncionarios del anterior mandato por supuestamente haber estado involucrados en actos de corrupción o fraude electoral.