Nota del editor: Elie Honing es un exfiscal federal y estatal. Es analista legal de CNN. Las opiniones expresadas en este comentario son propias del autor. Ver más en CNNe.com/opinión.
(CNN) – Cuando el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia se ocupe este martes de la disputa legal sobre la citación al exabogado de la Casa Blanca Don McGahn para testificar ante el Congreso de EE.UU., el caso difícilmente será sobre McGahn.
Se trata de algo mucho más importante.
El caso determinará si el Congreso puede responsabilizar significativamente al presidente y al Poder Ejecutivo por cuestiones mucho más importantes que el testimonio de McGahn, incluido el manejo (o el posible mal manejo) del gobierno Trump de la crisis del coronavirus.
Primero, un repaso. Poco después de la publicación del informe del fiscal especial Robert Mueller en abril de 2019, la Comisión Judicial de la Cámara emitió una citación para el testimonio de McGahn. Según el informe de Mueller, McGahn fue testigo de varios actos de conducta potencialmente obstructiva por parte del presidente Donald Trump. Pero la Casa Blanca ordenó a McGahn que no cumpliera con la citación, esgrimiendo una nueva cláusula legal de “inmunidad absoluta” bajo la cual todos los empleados del Poder Ejecutivo eran libres de ignorar cualquier citación del Congreso, por cualquier motivo.
Después de un retraso de casi cuatro meses, la Comisión Judicial de la Cámara llevó el caso a los tribunales. Un juez de distrito federal se unió firmemente a la Cámara de Representantes y ordenó a McGahn que testificara y rechazó el argumento de “inmunidad absoluta” de la administración como una “ficción” que hace que la ley sea “exactamente al revés”. “Los presidentes no son reyes”, escribió el juez memorablemente.
La administración apeló, y un panel de tres jueces emitió un fallo impresionante (por un voto de dos a uno) revocando la decisión del tribunal de distrito y dejando a McGahn fuera de peligro. El Tribunal de Apelaciones descubrió que “no tenemos autoridad para resolver” el caso, que no es “apto para la resolución judicial”.
Pero ahora hay indicios de que el Tribunal de Apelaciones podría revertirse, otorgando una revisión en la que nueve jueces volverán a juzgar el caso (siete de los nueve han sido designados por los demócratas; los otros dos, nombrados por Trump, se han recusado y no participarán). Los tribunales casi nunca otorgan una revisión en banc —con la presencia de los miembros de la corte al completo—, y el hecho de que el tribunal lo haya hecho aquí puede sugerir una inquietud con la decisión original del panel.
Al mismo tiempo, la Corte Suprema parece estar considerando un tema similar. Si bien los tribunales federales inferiores han sostenido de manera uniforme que las citaciones de la Cámara de Representantes que solicitan las declaraciones de impuestos de Trump de los bancos privados son válidas, la Corte Suprema ahora ha pedido a las partes que informen si tienen autoridad legal para pronunciarse sobre las citaciones. Si el tribunal dictamina que no tiene dicha autoridad, entonces, como el fallo original del Tribunal de Apelaciones en el caso McGahn, permitirá efectivamente que el Poder Ejecutivo desafíe cualquier citación del Congreso mientras los tribunales se sientan sin hacer nada.
Esto es lo que está en juego: la capacidad del Congreso para ejercer una supervisión significativa sobre el presidente, la Casa Blanca y el Poder Ejecutivo. Si la resolución original de la Corte de Apelaciones sobre McGahn —que los tribunales no pueden involucrarse en una disputa de citación entre cortes— se mantiene, entonces, como un asunto práctico, el Poder Ejecutivo es simplemente libre de ignorar cualquier citación del Congreso, en cualquier tema, sin implicación legal o consecuencia.
Las posibles consecuencias son vertiginosas. Por ejemplo, cuando el Congreso investiga la respuesta de la Casa Blanca a la crisis del coronavirus, el Congreso seguramente recabará la entrega de memorandos internos y correos electrónicos para el testimonio de las personas clave. Pero si la Casa Blanca es libre de ignorar esas citaciones, con el conocimiento de que los tribunales se negarán a intervenir, entonces es posible que nunca obtengamos respuestas a las preguntas más importantes: ¿quién sabía qué sobre la amenaza del coronavirus, y cuándo, y qué acciones se tomaron o dejaron de tomarse? Y estas preguntas deben responderse para garantizar la responsabilidad de las acciones en el pasado y para equiparnos mejor para responder a la próxima crisis.
El testimonio de McGahn ahora es una acotación tardía, si alguna vez sucede. Más importante aún, el caso que lleva su nombre alterará fundamentalmente nuestro equilibrio constitucional de poderes. Si los tribunales continúan eludiendo la responsabilidad, es posible que la Casa Blanca nunca tenga que responder completamente al Congreso y al público estadounidense por sus acciones (o inacción) en la crisis del coronavirus, o cualquier otro tema al respecto.
Ahora, las preguntas de los lectores
Angelo (Illinois): ¿Sobrevivirá el decreto de Trump sobre inmigración si es impugnado en un tribunal federal?
El Fiscal General de Nueva York ha declarado que está “listo para emprender acciones legales” contra el decreto presidencial que prohíbe temporalmente la adjudicación de residencia permanente a algunas personas fuera de EE.UU., con varias excepciones (cónyuges e hijos de ciudadanos y trabajadores médicos, por ejemplo).
Como un asunto general, el presidente tiene una amplia autoridad sobre asuntos de política de inmigración y cumplimiento. Los tribunales federales a menudo difieren de las decisiones políticas del presidente y no cuestionan esos juicios.
En el precedente reciente más cercano, la Corte Suprema de Estados Unidos, en 2018, confirmó la “prohibición de viajes” revisada por Trump, un decreto que limita los derechos de los nacionales de ciertos países a ingresar y obtener estatus legal en Estados Unidos. El Tribunal sometió el decreto a una revisión de “base racional”, no sobre la base de si la política del presidente era sabia u óptima, sino más bien si estaba “plausiblemente relacionada con el objetivo declarado del Gobierno de proteger al país y mejorar los procesos de investigación”.
Utilizando ese estándar de referencia, el Tribunal confirmó el decreto por un margen de cinco a cuatro. Desde esa decisión, solo un asiento en la Corte ha cambiado: el juez Anthony Kennedy, quien votó para mantener la prohibición de viajes, ha sido reemplazado por el juez Brett Kavanaugh, un conservador que parece estar del lado del presidente. Es difícil predecir lo que podrían hacer los tribunales federales inferiores, pero en última instancia, si el caso llega a la Corte Suprema, investiga si la Corte ratifica el decreto de Trump.
Brad (Michigan): Si la gente desobedece las órdenes de quedarse en casa o de cuarentena, ¿tiene el gobierno realmente poder legal para hacerlas cumplir?
Sí. Los 50 estados tienen leyes que facultan a los gobernadores u otros funcionarios para imponer órdenes de cuarentena, incluidas las órdenes de confinamiento u otras restricciones, en tiempos de emergencia. La violación de esas leyes se castiga con multas y, en aproximadamente la mitad de los estados, con posible arresto y enjuiciamiento penal, generalmente por delitos menores de bajo nivel (aunque tales violaciones pueden ser procesadas como delitos graves en Nueva Hampshire, Carolina del Sur y Texas).
La aplicación de las leyes de cuarentena ha variado de estado a estado. En Nueva Jersey, por ejemplo, las autoridades han emitido más de 1.700 citas por violaciones de órdenes de confinamiento. Pero al otro lado del río Delaware, en Pensilvania, las autoridades emitieron solo “un puñado” de citas, haciendo cumplir una orden de quedarse en casa principalmente con advertencias.
La conclusión: las órdenes de cuarentena y de permanencia en el hogar están respaldadas por la ley, y las violaciones podrían tener consecuencias significativas.
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Tres temas a seguir en los próximos días
1. ¿Qué señales ha enviado el Tribunal de Apelaciones acerca de sus intenciones en la discusión del caso McGahn?
2. ¿Cómo responderán los tribunales al desafío legal que supone el decreto de Trump sobre inmigración?
3. ¿Emprenderá el Departamento de Justicia acciones legales para exigir la reapertura de instituciones religiosas, como iglesias, como ya ha hecho la oficina del secretario de Justicia William Barr en el caso de una iglesia de Mississippi que ofrece servicios de autocine?