(CNN) — Ahora que Donald Trump firmó un decreto para reducir el poder de las plataformas de redes sociales, expertos legales plantean serias dudas sobre la propuesta y sus posibilidades de sobrevivir al escrutinio judicial.
El decreto, como informó CNN, refleja la frustración del presidente Donald Trump con Silicon Valley, y es un intento de usar las palancas del Gobierno para atacar a quienes percibe como enemigos políticos en el sector privado, y que recoge el apoyo de los partidarios conservadores.
Hay disposiciones en el decreto que están dentro del poder de Trump de manera más clara. Por ejemplo, instruir a las agencias federales a que no gasten dinero de publicidad en las redes sociales. También puede ordenar al Departamento de Estado, a través del fiscal general William Barr, que estudie las reclamos de sesgo político y que trabaje con los fiscales generales de los estados en el asunto.
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Pero los esfuerzos más grandes para regular las plataformas de redes sociales son una posibilidad más remota desde el punto de vista legal. Aquí está el porqué:
Podría violar la Primera Enmienda
El decreto busca establecer nuevas reglas diseñadas para regular cómo las compañías moderan el contenido en sus sitios. Esa medida podría violar las protecciones a la libertad de expresión de las compañías tecnológicas bajo la Primera Enmienda, dijo Robert McDowell, un excomisionado republicano de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés).
Compañías como Facebook y Twitter, dijo, son entidades privadas que gozan de la misma protección del Gobierno que los individuos.
“Este control del discurso es #inconstitucional”, tuiteó McDowell el jueves.
En una declaración, la comisionada demócrata de la FCC Jessica Rosenworcel se hizo eco de las preocupaciones con respecto a la Primera Enmienda.
“Un decreto que convertiría a la FCC en la policía del discurso del presidente no es la respuesta”, dijo el jueves. “Es hora de que los que están en Washington hablen a favor de la Primera Enmienda. La historia no será amable con el silencio”, agregó.
Los conservadores críticos de Facebook y Twitter han acusado a las compañías de infringir el derecho a la libertad de expresión de los usuarios. Pero los usuarios de las redes no están protegidos de Facebook y Twitter por la Primera Enmienda, porque Facebook y Twitter son compañías privadas, no el Gobierno.
Efectivamente podría eludir la voluntad de Congreso
Los autores de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996, como el senador demócrata de Oregon Ron Wyden, han dicho en repetidas ocasiones que su intención detrás de la ley era asegurar que las plataformas tecnológicas no puedan ser demandadas por su manejo de la mayoría de los contenidos de los usuarios. El objetivo del decreto es asegurar que sí puedan.
El decreto busca reinterpretar la ley para que las plataformas acusadas de moderar sus sitios web por cualquier criterio distinto a la “buena fe” puedan enfrentar más demandas.
Al pedir a las agencias federales que se aparten de la voluntad del Congreso, el Gobierno de Trump está efectivamente tratando de reescribir la ley sin la aprobación del Congreso, recortando toda una rama del Gobierno, dijo Andrew Schwartzman, consejero sénior del Benton Institute for Broadband and Society.
“Las directivas del proyecto a la FCC son absurdas, pero al mismo tiempo son horrorosas”, dijo Schwartzman.
Desafía la independencia de las agencias federales
Reguladores como la FCC y la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) fueron establecidas por el Congreso para controlar al sector privado. Para asegurarse de que hacen su trabajo de manera justa, esas agencias reportan al Congreso, no a la Casa Blanca ni a ningún presidente.
En el marco de la ley, según los expertos, el presidente no puede ordenar a la FCC o a la FCC que hagan nada. El Gobierno de Trump puede hacer sugerencias o solicitudes, y depende de las agencias la decisión de seguir o no adelante. Pero incluso la mera percepción de que las agencias pueden estar sometidas a la presión de la Casa Blanca puede dañar la percepción de independencia de estos reguladores. Y eso podría tener consecuencias peligrosas cuando tomen decisiones que afecten a grandes sectores de la economía.
Para evitar que eso suceda, el Congreso también estableció distintos niveles de procedimientos para que la toma de decisiones de las agencias sea transparente para el público. Estos mismos procesos son los que podrían hacer descarrilar a Trump en su intento de utilizar el decreto para castigar a las empresas de redes sociales.
Por ejemplo, incluso si la FCC decidiera seguir el pedido del Gobierno de nuevas regulaciones, debería solicitar retroalimentación pública sobre el tema, dando a los oponentes una posibilidad de argumentar en contra. Y cualquier regla final de la FCC podría ser impugnada en la corte. Además este tipo de regulaciones pueden tardar meses y años en ser implementadas.
“La FCC no puede simplemente salir y hacer una regla”, dijo Harold Feld, vicepresidente sénior del grupo de defensa del consumidor Public Knowledge. “La FTC no puede simplemente salir y hacer una medida coercitiva”, agregó.
¿Presionando al Congreso para que actúe?
Pero incluso si gran parte del decreto resulta ineficaz o legalmente inviable, igual sirve a un propósito político, según los expertos, que es forzar una conversación sobre el poder de las plataformas tecnológicas y presionar al Congreso para que cambie la ley.
“De la manera en que estoy viendo este decreto, es la base para los cambios que se proponen en el Congreso”, dijo Jeff Kosseff, profesor de derecho sobre seguridad cibernética en la Academia Naval de Estados Unidos que estudió Ley de Decencia en las Comunicaciones en detalle. “Eso es, en última instancia, hacia lo que creo que mucha gente está avanzando”, explicó.
El esfuerzo legislativo ya está en marcha. Durante meses, el Departamento de Justicia y legisladores republicanos han estado presionando para que se introduzcan cambios en la Ley de Decencia en las Comunicaciones que podrían exponer a las plataformas tecnológicas a un mayor riesgo legal. No es imposible que el Congreso pueda derogar una parte clave de la ley, conocida como la Sección 230, dijo Kosseff.
“No sabemos realmente cómo se verá la internet moderna sin la Sección 230”, dijo, dado que la ley ha estado en los libros durante casi un cuarto de siglo.