Uno de los principales líderes de la milicia hutu que operaba en Ruanda en la década de 1990 fue capturado en la República Democrática del Congo, anunció este jueves el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR).
Bernard Munyagishari era buscado por el tribunal, que lo acusa de genocidio y crímenes de lesa humanidad, entre ellos violación.
El anuncio de su captura quedó un tanto opacado por la detención del general serbio bosnio Ratko Mladic, aprehendido 15 años después de que se ordenó su arresto.
Durante la primavera de 1994, la comunidad internacional expresaba preocupación por la campaña de los serbio bosnios para realizar una “limpieza étnica” en la desaparecida Yugoslavia, una campaña que al año siguiente derivó en la masacre de Srebrenica. Pero al mismo tiempo, a miles de kilómetros de ahí, la milicia hutu comenzaba su propia campaña de destrucción en Ruanda, sin atraer la intervención mundial. Munyagishari era uno de los líderes de ese movimiento.
La milicia, conocida como Interahamwe, fue responsable de miles de muertes en el país africano, debido a su campaña contra la etnia tutsi y los hutus moderados. Se estima que 800,000 personas fueron asesinadas en tres meses de masacres y ejecuciones arbitrarias.
Munyagishari fue detenido en una operación encabezada por tropas congoleñas en una remota área boscosa del norte de Kivu, según el TPIR. Actualmente se encuentra en Goma, Congo, a la espera de ser transferido a la sede del tribunal, en Arusha, Tanzania.
De acuerdo con una acusación publicada en 2005, Munyagishari lideraba una célula de Interahamwe en el distrito de Gisenye. El documento indica que mucho antes de que el genocidio comenzara, el miliciano entrenaba y distribuía armas a otras células para permitir que “atacaran y mataran con mayor efectividad a los tutsis y oponentes hutus”.
A principios de 1994, presuntamente esparció rumores de que los tutsis estaban envenenando suministros de agua y “planeó una campaña de odio contra los tutsis”.
En abril de ese año, según la acusación, Munyagishari “escogió tutsis y ordenó que Interahamwe los asesinara y enterrara en la Comuna Roja”, un cementerio en Gisenye. También creó una milicia especial “para violar a las mujeres y niñas tutsis antes de matarlas”, y estuvo involucrado en un ataque a un templo católico donde muchos tutsis se habían refugiado.
La agresión ocurrió la misma semana que jets F-16 de Estados Unidos realizaron una ofensiva sobre las fuerzas de Mladic en el pueblo bosnio de Gorazde.
Durante años, parecía que los tribunales penales para la ex Yugoslavia y Ruanda estaban destinados a terminar como costosas fallas, por su incapacidad para llevar ante la justicia a aquellos acusados de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Asimismo, fueron objeto de críticas por fracasar en procesar a presuntos autores de violencia sexual.
Pero al paso del tiempo, el escenario político cambió y los escondites se redujeron. La vieja generación de serbios radicales perdió influencia y la joven república busca unirse a la Unión Europea (UE). Mientras, en el centro de África, después de años de antagonismo, Ruanda y la República Democrática del Congo comenzaron a cooperar en varios temas, desde el comercio hasta la persecución de las milicias en el este congoleño.
El costo de ambos tribunales es alto. Ambos representan una inversión de 130 millones de dólares anuales. Y ambos actúan con lentitud a medida que la evidencia sobre los casos es reunida y traducida, se definen los términos de la defensa y se examina el derecho internacional.
Las dos cortes se han concentrado en llevar ante la justicia a los presuntos arquitectos de varias atrocidades más que a soldados, en una medida que busca enviar un mensaje a aquellos que intenten actos similares en el futuro.
Para Antonio Cassese, ex presidente del tribunal yugoslavo, “la justicia es un ingrediente indispensable en el proceso de reconciliación nacional. (…) Rompe el ciclo de la violencia, el odio y los actos extrajudiciales”.
Eventualmente, algunas de las personas más buscadas del genocidio en Ruanda y la guerra civil en la ex Yugoslavia —no todos ellos de origen serbio— han sido llevadas a juicio.
En el TPIR, 32 casos han sido completados y nueve acusados siguen prófugos. Otros 22 casos están en marcha. En La Haya, el tribunal para la ex Yugoslavia ha procesado a más de 160 personas, incluyendo jefes de gobierno y militares de alto rango. Más de 60 han sido sentenciadas y otras 40 esperan juicios.
A esa lista deben añadirse los nombres de Ratko Mladic y Bernard Munyagishari.