(CNN) — El alguacil del Condado de Maricopa, Arizona, Joe Arpaio, dijo este jueves que la publicación de un reporte del Departamento de Justicia que lo acusa de discriminar a latinos marca “un día triste para Estados Unidos”.
“Podría parecer que lo dicho y hecho hoy por nuestro gobierno federal está dirigido al alguacil y a la Oficina del Alguacil del Condado de Maricopa. La verdad es que este es un día triste para Estados Unidos”, dijo Arpaio durante una conferencia de prensa en su oficina.
“Estamos orgullosos de nuestro trabajo para combatir la inmigración ilegal. Hemos sido responsables de encontrar e identificar al 25% de los criminales extranjeros de nuestra nación en nuestra cárcel. Tristemente, mucho de ese trabajo ya no será permitido por la administración (del presidente Barack) Obama”, dijo Arpaio.
El Departamento de Seguridad Interna canceló este jueves un acuerdo con la oficina del alguacil que permitía identificar el estado migratorio de cualquier persona detenida, luego de que el Departamento de Justicia emitió un informe que condenó las prácticas del alguacil.
Según Arpaio, el programa permitió detectar a 44.000 inmigrantes ilegales que cometieron delitos desde el 2007, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades migratorias.
“Ahora, con la cancelación de este acuerdo, los criminales que son inmigrantes ilegales que lleguen a nuestras cárceles no serán detectados y al final serán reenviados a las calles cerca de ustedes”, dijo Arpaio.
“El presidente Obama y su grupo de hombres alegres también podrían erigir su propio anuncio neón de color rosa en la frontera entre México y Estados Unidos que diga: “Bienvenidos todos los ilegales a los Estados Unidos, nuestra casa es su casa”, ironizó el polémico funcionario, conocido como “el alguacil más duro de Estados Unidos.
La oficina de Arpaio fue acusada de realizar prácticas que incluyen la “detención y arresto ilegales de latinos”, de acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia.
Además, se señaló que la oficina del alguacil discrimina a los “presos latinos que entienden inglés de manera limitada castigándolos y negándoles servicios críticos”, y permite la existencia de “unidades especializadas para dedicarse a prácticas inconstitucionales”.