La presión de la ciudadanía paraguaya convocada a través de las redes sociales a protestar frente al congreso contribuyó a que el senado rechazara la aprobación de un proyecto de ley que ampliaba en mas de 30 millones de dólares el presupuesto del Tribunal de Justicia Electoral para contratar lo que se conoce como “operadores políticos”.
Los manifestantes protestaron contra lo que describieron como un despilfarro ante otras necesidades prioritarias de la población.