WASHINGTON (CNN) — La Cámara de Representantes de Estados Unidos procederá este jueves a votar si el secretario de Justicia, Eric Holder, incurrió en desacato al Congreso por la retención de documentos relacionados con la investigación de la fallida operación Rápido y Furioso, informó el miércoles el presidente de la Cámara, John Boehner.
“Procederemos”, dijo Boehner, republicano por Ohio, a los periodistas. “Les hemos concedido una gran oportunidad para responder”.
Su comentario se presenta un día después de que los republicanos rechazaran otra oferta de la Casa Blanca y el Departamento de Justicia para entregar algunos documentos solicitados por los investigadores del Congreso.
Funcionarios judiciales y de gobierno se reunieron el martes con asesores de alto nivel de Boehner y con el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, Darrell Issa, para tratar de detener el voto de la Cámara, mismo que podría traer la hasta ahora citación sin precedentes por desacato de un secretario en funciones.
Un asesor republicano de la Cámara dijo que fue insuficiente la oferta de dejar que los investigadores del Congreso revisen algunos de los documentos solicitados a cambio de abandonar el procedimiento por desacato.
Según un resumen proporcionado por un funcionario gubernamental de alto rango y por un funcionario del Departamento de Justicia familiarizado con los debates, el Departamento de Justicia ofreció darle acceso al Congreso a algunos de los documentos que se generaron entre el 4 de febrero de 2011, cuando la dependencia inicialmente le informó al Congreso que no había actividad inapropiada, y el 2 de diciembre de 2011, cuando reconoció que el programa era “esencialmente defectuoso”.
“Les hicimos llegar y les enseñamos una muestra representativa de los documentos para que pudieran ver de primera mano los tipos de comunicaciones en disputa”, dijo el funcionario gubernamental, quien habló bajo condición de anonimato.
El presidente Barack Obama ha hecho valer la inmunidad del ejecutivo para algunos de los documentos en disputa, evitando así que sean entregados bajo el argumento de que contienen deliberaciones internas tradicionalmente protegidas de la vista pública.
El Departamento de Justicia también ofreció llevar a cabo una reunión informativa, dar al Congreso documentos relacionados con los denunciantes en el caso, y trabajar con el comité para responder a cualquier pregunta generada después de revisar los materiales.
En el resumen, el Departamento de Justicia mantuvo la oferta la cual de darle al Congreso “un acceso sin precedentes a los documentos de deliberación”. El funcionario del gobierno dijo que los documentos “disiparían cualquier idea de una intención de engañar al Congreso”.
“Este fue un intento de buena fe para tratar de llegar a un acuerdo a la par de proteger las prerrogativas institucionales de la rama ejecutiva, a menudo defendidas por los mismos republicanos que ahora nos critican”, dijo a CNN Eric Schultz, vocero de la Casa Blanca. “Desafortunadamente, los republicanos han optado por el teatro político en lugar de emprender la legítima supervisión legislativa”.
Los republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara recomendaron la semana pasada la citación de Holder por desacato por no entregar documentos relacionados con la investigación de la comisión para Rápido y furioso.
Algunos defensores del derecho a portar armas de fuego, entre ellos la Asociación Nacional del Rifle (ANR), señalaron que el programa que permitió que cientos de armas, incluyendo rifles de asalto, fueran a parar a las manos de los cárteles mexicanos de la droga, fue una manera para que el gobierno de Obama busque nuevas leyes de control de armas.
Issa dijo el domingo que tenía correos electrónicos que muestran que el gobierno planeó señalar la operación y presionar por una “prohibición de armas o mayor información sobre ellas”.
El líder demócrata del Comité de Supervisión, el representante por Maryland, Elijah Cummings, rechazó el martes la afirmación de Issa, y dijo a los reporteros: “No creo eso, y creo que es muy lamentable que la gente salga con estas teorías”.
Mientras tanto, el demócrata número dos de la Cámara señaló este martes que algunos de sus compañeros podrían unirse con los republicanos para citar a Holder por desacato, e hizo referencia a la presión hecha por la Asociación Nacional del Rifle.
Cuando se le pidió en su sesión semanal con la prensa ofrecer un cálculo de cuántos demócratas podrían cambiar de bando en la votación, el representante Steny Hoyer, demócrata por Maryland, respondió, “no puedo”.
De inmediato, Hoyer señaló que la ANR ha “intervenido en este tema” y reconoció que “existen algunos miembros que tomarán en cuenta las recomendaciones de la asociación”.
“Si creen que esas recomendaciones tienen fundamento o no, eso no lo sé en este momento”, agregó Hoyer.
Los líderes demócratas están instando a integrantes de las bases a unirse y oponerse a la resolución, según un alto asesor demócrata de la Cámara.
La votación en el comité la semana pasada fue estrictamente de las líneas del partido, con los republicanos que apoyan una recomendación de desacato y los demócratas que se oponen. Se llevó a cabo antes de que el grupo de presión de los defensores de armas formalmente certificaran su apoyo a la resolución de desacato.
El director ejecutivo de la ANR, Chris Cox, envió una carta a Issa después de la votación del comité llevada a cabo la semana pasada, expresándole su apoyo por sus esfuerzos. En la carta, Cox escribió que “no es ningún secreto que la ANR no admira a Holder”, y agregó, “durante años hemos señalado su historia de ir en contra de la Segunda Enmienda de la Constitución de EU (la cual otorga derecho a la posesión de armas) y de las acciones de cumplimiento”.
“La razón por la cual apoyamos la resolución de desacato es la misma razón por la que solicitamos la renuncia del secretario de Justicia hace más de un año: la obstaculización, por parte del Departamento, de la supervisión del Congreso de un programa que cuesta vidas en favor de una agenda antiarmas”, según la carta.
La ANR, que con frecuencia interviene en las elecciones del Congreso con el respaldo y apoyo de una red nacional de militantes, también advirtió a sus integrantes que cualquier persona que vote en contra del desacato podría enfrentar las consecuencias en las elecciones en otoño.
“Este es un tema de máxima seriedad y la ANR tendrá en cuenta esta votación en nuestras futuras evaluaciones de los candidatos”, señaló la organización.
Hoyer reprobó al Partido Republicano por seguir adelante con la votación en el pleno el jueves, calificando el acto como “una conclusión inevitable de que el apresuramiento al juicio, el apresuramiento a la consideración (de desacato), es otra vez la elección de la confrontación sobre el consenso en la resolución de problemas”.
El vocero de la Casa Blanca, Jay Carney, dijo el martes a los periodistas que los republicanos de la Cámara han hecho de la disputa una cuestión política.
El comité de Issa ha buscado los documentos que demuestren las razones por las cuales el Departamento de Justicia decidió retirar en calidad de imprecisa una carta enviada al Congreso en febrero de 2011.
No obstante, Holder se ha negado a entregar los materiales que contienen las deliberaciones internas, y la semana pasada le solicitó a Obama hacer valer la inmunidad del Ejecutivo sobre dichos documentos.
El lunes, en una carta dirigida a Obama, Issa dijo que el haber hecho valer la facultad de veto por parte del Ejecutivo significa que él y sus asesores de más alto rango estuvieron involucrados en la “gestión” de la operación Rápido y Furioso y lo que se “desprende de ella”, o que el presidente hizo valer una facultad que sabe que es injustificada “por tener como propósito seguir obstaculizando una investigación del Congreso”.
“Hasta la fecha, la Casa Blanca ha mantenido firmemente que no ha tenido papel alguno en la asesoría del Departamento de Justicia con la investigación llevada a cabo por el Congreso. El sorpresivo recurso de inmunidad utilizado por el Ejecutivo planteó la cuestión de si lo anterior es el caso”, dijo Issa en su carta.
Schultz respondió que la versión de Issa “tiene tanto mérito como su absurda afirmación de que la operación Rápido y Furioso fue concebida con el fin de promover el control de armas”.
“Nuestra postura es coherente con el precedente jurídico de la rama ejecutiva de las últimas tres décadas, las cuales abarcan gobiernos de ambos partidos, y remontándose al Departamento de Justicia del gobierno del presidente Reagan”, recordó Schultz. “Los tribunales habitualmente han considerado en los procesos deliberativos la facultad de veto y han afirmado el derecho del Poder Ejecutivo a hacer uso de dicha inmunidad, incluso cuando no están en juego documentos de la Casa Blanca”.
Un documento de apoyo proporcionado por Schultz enlista cinco de esos casos, entre ellos el recurso a la inmunidad hecha por Reagan en octubre de 1981, caso en el cual se involucraban documentos que describen deliberaciones internas dentro del Departamento del Interior y otro más de Reagan un año después en el cual se involucran documentos internos de la Agencia de Protección Ambiental.
La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos lanzó la operación Rápido y Furioso en Arizona para rastrear la compra de armamento por parte de los cárteles mexicanos del narcotráfico.
Sin embargo, perdió la pista de más de 1,000 armas de fuego que la agencia había permitido a los compradores ficticios llevar al otro lado de la frontera.
En 2010, dos de las armas perdidas aparecieron en la escena del asesinato del agente fronterizo Brian Terry.
El enfrentamiento entre Issa y Holder por el programa Rápido y furioso se remonta al año pasado, tras las citaciones emitidas por el Comité de la Cámara.
Issa y los republicanos señalan que Holder y el Departamento de Justicia ocultan detalles de la forma en que fue aprobada y gestionada la fallida operación.
Los demócratas, por su parte, acusan a Issa y sus colegas republicanos de usar el tema para tratar de ganar puntos políticos en un año electoral al desacreditar a Holder y, por extensión, al presidente Obama.
Un video publicado el martes por los demócratas sobre el comité de Issa mostró al presidente de la Comisión haciendo antiguas acusaciones de los vínculos de la Casa Blanca con Rápido y furioso, yuxtaponiéndose con lo que Issa dijo el domingo acerca de que no había pruebas de encubrimiento por parte de la Casa Blanca.
“Conoce los hechos. Lea el informe”, se dice en el video como conclusión.
La líder demócrata en la Cámara, Nancy Pelosi, de California, sostuvo la semana pasada que los republicanos acusan a Holder porque él está luchando contra sus intentos de suprimir la participación de los electores en noviembre.
Sin embargo, Issa dijo en su carta que el uso del veto ejecutivo “plantea más preguntas que respuestas”.
La carta ofrece detalles de la reunión del 19 de junio entre Issa y Holder, en la víspera de la votación partidista del comité sobre la medida de desacato.
Issa dijo que Holder quería “lograr la paz” de la cuestión.
“Él ha manifestado su voluntad de entregar la ‘considerable recopilación’ de documentos posteriores al 4 de febrero. Me dijo que iba a proporcionar la ‘considerable recopilación’ de los documentos bajo tres condiciones: Que cancelara definitivamente la votación de desacato; que aceptara que el Departamento estaba en pleno cumplimiento de las citaciones del Comité, y; que aceptara la ‘considerable recopilación’ sin examinarla”, señaló Issa en una carta, calificando a las condiciones impuestas por Holder como “inaceptables”.
“La propuesta condicional del procurador general acerca de una ‘considerable recopilación’ de un subconjunto de documentos amparados por la citación, y el haber hecho valer su veto ejecutivo, de ninguna modo sustituye el hecho de que el Departamento de Justicia sigue siendo muy deficiente en su cumplimiento de las citaciones del Comité”, decía la carta de Issa. “Por reconocimiento expreso del Departamento, ha retenido más de 130,000 páginas de documentos delicados”.
Issa también hizo hincapié en la importancia de forjar un acuerdo en lugar de buscar el proceso por desacato al Congreso, y pidió a la Casa Blanca que diera respuesta a las preguntas planteadas sobre el empleo de la facultad de inmunidad del Ejecutivo.
“¿Hasta qué punto estuvieron usted o sus principales asesores involucrados en la operación Rápido y Furioso y lo que de ello se desprende, incluyendo la carta apócrifa entregada por el procurador general al Comité el 4 de febrero de 2011?”, decía la carta de Issa. “Por favor señale también los comunicados, reuniones y teleconferencias entre la Casa Blanca y el Departamento de Justicia entre el 4 de febrero de 2011 y el 18 de junio de 2012, el día anterior a que el procurador general le solicitara utilizar el veto del Ejecutivo”.