(CNN) — Las autoridades federales revelaron este lunes los cargos que se imputan a cinco hombres involucrados en la muerte del agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos Brian Terry y ofrecieron hasta un millón de dólares como recompensa a cambio de información que lleve a la captura de los cuatro hombres que todavía están fugitivos.
La investigación del crimen perpetrado en 2010 reveló la existencia de una operación federal fallida con la que se buscaba investigar el tráfico de armas a través de la frontera entre México y Estados Unidos, y que llevó al voto histórico en la Asamblea de Representantes de Estados Unidos con la que se acusó de desacato ante el Congreso al secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder.
Los cargos contra Manuel Osorio Arellanes, Jesús Rosario Favela Astorga, Iván Soto Barraza, Heraclio Osorio Arellanes y Lionel Portillo Meza incluyen asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado, conspiración para interferir en las actividades comerciales por medio del robo, intento de interferencia en las actividades comerciales por medio del robo, portación y utilización de arma de fuego en un crimen violento, ataque en contra de un oficial federal y posesión ilícita de arma de fuego. Un sexto acusado, Rito Osorio Arellanes, enfrenta cargos por conspiración para interferir en las actividades comerciales por medio del robo.
Una corte federal del distrito de Arizona presentó las 11 acusaciones el 7 de noviembre. Presuntamente, el 14 de diciembre de 2010, cinco de los acusados (Manuel Osorio Arellanes, Jesús Rosario Favela Astorga, Iván Soto Barraza, Heraclio Osorio Arellanes y Lionel Portillo Meza) se vieron envueltos en una balacera con los agentes de la policía fronteriza en la que Terry resultó mortalmente herido. En la acusación se señala que los sospechosos entraron ilegalmente en Estados Unidos procedentes de México con el fin de robar a unos traficantes de marihuana. Según los oficiales, Terry resultó herido de muerte cuando él y otros agentes de la unidad táctica de la policía fronteriza trataron de detener a los sospechosos.
Laura E. Duffy, fiscal del Distrito Sur de California, hizo notar a los reporteros en Tucson, Arizona, que las misiones encubiertas no habían resultado en arresto alguno y dichos oficiales decidieron que lo que más convenía a la investigación era sacar el caso a la luz y solicitar la ayuda del público en Estados Unidos y México. Para ello, el agente especial del FBI a cargo, James L. Turgal Jr. De la División Phoenix, dijo que el FBI estaba ofreciendo una recompensa por información que llevara a la captura de los fugitivos (250,000 dólares por cada uno).
El incidente tuvo lugar en Río Rico, Arizona, un área remota localizada aproximadamente a 16 kilómetros de la frontera y que es comúnmente utilizada para el contrabando de drogas, dijo. Duffy relató que esa noche, cuatro miembros de la patrulla fronteriza se encontraban en una colina empinada sobre un arroyo; otros dos miembros del equipo se encontraban en un puesto de observación cercano desde donde vigilaban el tránsito a pie y coordinaban las radiocomunicaciones. Relató que poco después de las 11 de la noche, un sensor de movimiento reveló la presencia de personas moviéndose a pie en el área; a los pocos minutos los agentes vieron a cinco hombres armados caminando hacia ellos.
“Mientras el grupo de hombres armados pasaba por el arroyo, los agentes se anunciaron, varios de los hombres armados se voltearon con las armas en alto”, dijo. Los agentes dispararon rondas de municiones no letales en contra de los sujetos, quienes abrieron fuego en respuesta. Terry recibió el impacto de una sola bala y murió en el lugar. Cuatro de los sospechosos escaparon; el quinto, Manuel Osorio Arellanos, resultó herido y fue puesto en custodia.
Dos días antes, el 12 de diciembre, los agentes de la policía fronteriza habían arrestado a un sexto individuo, Rito Osorio Arellanes, quien según Duffy debía haberse incorporado el grupo. Fue acusado de conspiración para cometer robo. Se trata del hermano de Manuel Osorio Arellanes; ambos se encuentran bajo custodia en Arizona, señaló Duffy. “Se cree que los otros cuatro se refugian en México”. Si llegan a ser arrestados, los oficiales estadounidenses buscarán su extradición, señaló.
El caso ha llamado la atención dada su relación con la operación Rápido y Furioso, lanzada por la Oficina de Alcohol, Tabaco Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, pretendía rastrear las armas adquiridas por los cárteles mexicanos. La operación perdió la pista de más de 1,000 armas que se permitió que fueran compradas y pasadas por la frontera por compradores “fantasma”. Dos de las armas perdidas aparecieron en el lugar de la muerte de Terry.
Duffy hizo referencia a la controversia que ha rodeado al caso y subrayó las “condiciones prácticamente sin precedentes que han rodeado al caso”. No aclaró si la bala que mató a Terry fue disparada con alguna de las armas procedentes del frustrado programa. Sin embargo, agregó que “quiero que la familia de Terry y los miembros de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos sepan que tales condiciones no han desviado los esfuerzos del equipo de abogados”.
El Congreso votó el 28 de junio a favor de declarar en desacato a Holder por rehusarse a entregar documentos relacionados con el programa. Los republicanos tomaron esa decisión ya que se rehusó a obedecer un requerimiento del Congreso para entregar los documentos; los demócratas y el Departamento de Justicia de Estados Unidos alegaron que los documentos retenidos eran deliberaciones internas que tradicionalmente se han mantenido en privado durante los pasados gobiernos de ambos partidos.
Holder declaró que “el agente Terry sirvió a su país de manera honorable; no nos detendremos ante nada para llevar ante la justicia a los responsables de su muerte”.
Los familiares de Terry declararon estar agradecidos por los esfuerzos que tanto Duffy como el gobierno mexicano han puesto en la investigación y reiteraron el llamado a Holder para entregar los documentos relacionados con el caso.
“El agente Terry murió como un héroe protegiendo a su país; él y su familia merecen una explicación completa sobre Rápido y Furioso”, dijo el abogado de la familia de Terry, Patrick McGroder a través del comunicado emitido por la familia.
El diputado Jason Chaffetz dijo que las acusaciones debieron haber sido publicadas hace mucho tiempo. “Es una pena que no haya sucedido hace 14 meses”, dijo en una entrevista telefónica el representante republicano de Utah, quien forma parte del Comité de Vigilancia y Reforma del Gobierno. Acusó al Departamento de Justicia de “no haber tomado esto con seriedad”.
Carol Cratty de CNN contribuyó con este reporte