Por Gustavo Valdés
RIDGELAND, Carolina del Sur (CNN) — Tras permanecer varios meses en un complejo de detención de inmigrantes, Héctor Adame quedó sorprendido cuando los guardias dijeron que podía irse. No les creyó. “Tuvieron que gritarle (la noticia) para que se fuera”, dijo su esposa, Victorina.
La familia supo pronto que Adame, quien fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol, era uno de los más de 2.000 detenidos que las autoridades federales de inmigración liberaron el mes pasado como parte de una maniobra controvertida que, según las autoridades, reduciría los costos ante la inminencia de los recortes al presupuesto.
Sin embargo, la felicidad de este trabajador de la construcción duró poco. Ahora, el inmigrante indocumentado está de nuevo tras las rejas, así como otras dos docenas de inmigrantes, de acuerdo con las autoridades federales.
“Los 28 individuos están de nuevo bajo la custodia de la ICE (Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos) por violar las condiciones de su supervisión o porque la agencia descubrió información que no estaba disponible durante la revisión inicial de su caso”, dijo la vocera de la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, Barbara González, a través de un comunicado. “La ICE seguirá revisando las condiciones de liberación de los individuos como parte de sus medidas de rutina y las reconsiderará según sea necesario”.
Adame fue detenido por conducir sin licencia, dice su esposa, quien agregó que cree que las autoridades lo detuvieron porque querían devolverlo al complejo de detención. “Estaban esperándolo”, dice Victorina Adame.
Esta semana, durante una audiencia ante el Comité Judicial de la Asamblea de Representantes de Estados Unidos, volvió a surgir el debate acerca de la decisión de liberar a los detenidos. Algunos legisladores acusaron al principal funcionario de inmigración del país de liberar a los detenidos por razones políticas.
“Esta liberación es una receta para el desastre, es un acto irresponsable e injustificado”, dijo Bob Goodlatte, representante republicano del estado de Virginia que preside el comité. “A final de cuentas, estas acciones irracionales demuestran la incapacidad y la falta de voluntad del gobierno para aplicar la ley aun en contra de los inmigrantes ilegales procesados por delitos graves”.
Los funcionarios de la ICE han declarado que la agencia tomó la medida porque estaba preparando su presupuesto para fin de año y tenía que tomar en cuenta la aplicación de recortes forzosos generalizados por 85.000 millones de dólares.
Además, subrayaron que los detenidos a los que liberaron no eran criminales o habían cometido delitos menores y carecían de antecedentes penales de consideración.
Esta semana, el director de la ICE, John Morton, sostuvo que era necesario aplicar la medida de liberar los inmigrantes para reducir costos.
“El Congreso pidió a la agencia que hiciera más de lo que se le podía pedir racionalmente. Estamos en una situación en la que hay 11 millones de personas ilegalmente en el país. La agencia tiene recursos para remover a cerca de 400.000 al año, que es menos del 4 % y por eso, a final de cuentas, creo que los esfuerzos bipartidistas para lograr una especie de reforma inmigratoria integral son la única solución razonada”, dijo esta semana.
“La agencia nunca podrá detener y remover a todos por limitaciones de presupuesto, ni tiene sentido hacerlo por razones políticas”.
Morton dijo que los detenidos a los que se liberó no son peligrosos y que tenía que encontrar la forma de que el presupuesto fuera suficiente. “No quería quitarle a Pedro para pagarle a Pablo”, dijo. “Considero que necesitamos mantener las operaciones de la agencia”.
Ted Gowdy, asambleísta republicano de Carolina del Sur, criticó ese argumento. “Hasta ahora has dicho seis veces que no quieres quitarle a Pedro para pagarle a Pablo”, dijo Gowdy. “No quiero que Pedro ni Pablo roben a nuestros conciudadanos porque te equivocaste al decidir a quién liberar”.
Mientras tanto, Victorina Adame dice que ella y sus cinco hijos miran las fotografías de su esposo en su hogar en Carolina del Sur y se preguntan si volverán a verlo o si lo deportarán a México.
Catherine E. Shoichet, de CNN, colaboró con reporte.