Por Nathan Lean, especial para CNN
Nota del editor: Nathan Lean es editor en jefe de Aslan Media y autor de cuatro libros sobre Medio Oriente, incluyendo “The Islamophobia Industry” (“La industria de la islamofobia”). Síguelo en Twitter en @nathanlean.
(CNN) – Los ataques del 11 de septiembre de 2001 (conocidos en Estados Unidos como el 9/11) fueron inimaginables y son legítimamente recordados con la misma seriedad que marcó a otras tragedias de nuestra nación.
Doce años atrás, desde el Salón Oval de la Casa Blanca, el presidente George W. Bush dirigió un mensaje de esperanza a un país afligido.
“Los ataques terroristas pueden hacer temblar los cimientos de nuestros edificios, pero no pueden tocar los cimientos de Estados Unidos”, dijo entonces. “Este es un día en el que todos los estadounidenses nos unimos en nuestra lucha por la justicia y la paz”, agregó.
Lamentablemente, de aquella hora oscura solo llegó más oscuridad.
Durante los últimos doce años, las agencias gubernamentales y las autoridades locales a menudo han mirado hacia adentro, erosionando las libertades de ciudadanos ordinarios y respetuosos de la ley.
En nombre de la defensa de la seguridad nacional, han roto los vínculos con las comunidades islámicas de Estados Unidos y socavado los cimientos de libertad sobre los que se construyó esta tierra.
El sentimiento antimusulmán no solo se ha manifestado a través de los incendios de mezquitas, ataques, asesinatos y la retórica siempre hostil de grupos extremistas de la sociedad. También se ha convertido en un elemento permanente de las propias instituciones que deben proporcionar protección frente a estos atropellos.
Un análisis de la respuesta que se ha dado al terrorismo desde el 9/11 sugiere que la islamofobia (un temor o sospecha irracional y generalizada sobre los musulmanes y el Islam) ha sido crecientemente legislada y ejecutada.
El ejemplo más reciente viene de la misma ciudad que se llevó la peor parte de los ataques del 9/11.
Revelaciones sobre la vigilancia que el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) habría hecho de comunidades musulmanes de Brooklyn y Manhattan dan cuenta de un programa de inteligencia clandestina que, en conjunto con la CIA, espiaba a ciudadanos comunes.
El programa consistía de agentes que se infiltraban en barrios musulmanes para observar a dueños de restaurantes y comercios. También se escabullían en mezquitas para monitorear sermones y hasta enviaron oficiales encubiertos en un viaje universitario a Buffalo para registrar cuántas veces por día rezaban los estudiantes musulmanes.
Se pone peor.
El NYPD estacionó un taxi amarillo, con cámaras y micrófonos, en las afueras de una popular mezquita de Brooklyn con el objetivo de descubrir conspiraciones terroristas.
Asimismo, designaron a todas las mezquitas de la ciudad como organizaciones terroristas, por lo que cualquiera que asista a uno de estos lugares es un potencial sujeto de investigación, e intentaron infiltrarse en la junta de Asociación Árabe Estadounidense de Nueva York, etiquetándola como una “iniciativa terrorista”.
Según el testimonio del jefe de la Unidad Demográfica del NYPD, no se han producido arrestos durante los seis años del programa de vigilancia.
El departamento asegura que es legal y que busca proteger a la ciudad de “aquellos que intentan matar a los neoyorquinos”.
El FBI, por su parte, criticó el programa de espionaje, argumentando que genera un “impacto negativo” y que dificulta sus tareas de investigación.
Pero fue el FBI el que, en 2010, le pagó al informante Craig Monteilh más de 11 mil dólares mensuales para disfrazarse como un musulmán, infiltrar mezquitas del sur de California y tener relaciones sexuales con mujeres musulmanes. El objetivo era atrapar a jóvenes musulmanes iniciando conversaciones sobre terrorismo y la yihad.
Al final, aquellos que eran espiados lo denunciaron ante el FBI, es decir, la misma organización que lo envió allí. El año pasado, Monteilh dijo estar arrepentido por participar en la operación encubierta.
El FBI se justificó señalando que el programa, llamado “Operation Flex”, “se concentraba en menos de 25 individuos y estaba dirigido a la detección y prevención de posibles ataques terroristas”.
La Oficina Federal de Investigación volvió a estar bajo la lupa en agosto de este año cuando se descubrió la existencia de un programa de acción encubierta en conjunto con las autoridades de inmigración de los Estados Unidos.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles informó que el FBI y los agentes de inmigración tienen la potestad de denegar los pedidos de ciudadanía de musulmanes estadounidenses que cumplen la ley, bajo el pretexto de “defensa de la seguridad nacional”.
Las aplicaciones son rechazadas en virtud del nombre del solicitante, su país de origen o como consecuencia de sus viajes a países considerados peligrosos.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, en tanto, dice que esta política cumple con las leyes de inmigración del país.
Pero el prejuicio antimusulmán también esta institucionalizado a nivel estatal.
En los últimos dos años, legisladores de 32 jurisdicciones a lo ancho del país han intentado prohibir la “sharia” o ley islámica. Siete estados (Carolina del Norte, el más reciente) han convertido la prohibición en ley.
Adicionalmente, proyectos de construcción de mezquitas en varios estados como Oklahoma, Tennessee, California y Minnesota han enfrentado la reacción de los legisladores locales que, al no poder impedir su construcción por la supuesta amenaza de los islamistas más radicales, recurren a pretextos como el impacto en el tránsito, las normas del código urbano, las restricciones de estacionamiento y las ordenanzas de ruido para bloquear los permisos de construcción.
Esta no puede ser nuestra respuesta ante la tragedia.
Hemos perdido el camino y el que hoy atravesamos difícilmente represente los fundamentos sagrados que nuestros padres fundadores imaginaron.
Por supuesto que podemos, y debemos, estar atentos a luchar contra aquellos que nos amenazan, pero no podemos, en este objetivo, abandonar nuestros valores nacionales y privar a nuestros conciudadanos de derechos constitucionalmente protegidos.
Eso no nos fortalece. Nos vuelve más débiles y vulnerables.