Por José Manuel Rodríguez, CNN Español
(CNN Español) – Las principales centrales obreras de Argentina reportan una fuerte paralización de actividades en todo el país, tras la huelga convocada para hoy.
Con consignas contra el ajuste y la inflación los gremios se desmarcaron de piquetes y cortes de vías protagonizados por algunos sectores no vinculados y que afectaron especialmente la entrada a la capital del país.
Es el segundo paro sindical contra el gobierno de la presidenta Cristina Fernández.
La falta de transporte público y los cortes a los accesos a la capital fueron claves para garantizar la alta adhesión a la huelga.
La gendarmería intentó despejar las autopistas y se registraron algunas escaramuzas entre las fuerzas de orden y los manifestantes opositores al gobierno.
No hubo transporte público y algunos accesos y rutas hacia la capital fueron cortados por movimientos de izquierda, situación que los enfrentó con la policía.
Tampoco hubo vuelos nacionales, en los hospitales solo se atendieron las urgencias y en las escuelas los docentes tuvieron la libertad de plegarse o no al paro. Los puertos y el transporte de carga terrestre estuvieron suspendidos.
El gobierno repudió la huelga. “Es imposible medir el apoyo de un paro si el resto de trabajadores que quieren trabajar no lo pueden hacer porque no tienen forma de trasladarse a sus lugares de trabajo porque no tiene colectivo, trenes ni subte”, dijo Jorge Capitanich, jefe de Gabinete.
Los sindicatos se quejan por el ajuste económico implementado por el gobierno. Reclaman, entre varios puntos, aumentos salariales superiores a la inflación y a la devaluación de la moneda, el incremento de las jubilaciones, el fin al impuesto a los ingresos y una política efectiva contra la inseguridad y el narcotráfico.
Los líderes empresariales han guardado un silencio general ante el paro, mientras en la calle gran parte de la población apoyó la huelga.
El paro se realiza en medio de las negociaciones salariales que los gremios sostienen con las empresas y con el gobierno, que se resiste a conceder aumentos mayores a un 30% en un país donde varios economistas sostienen en que el costo de la vida superará ese porcentaje.