Por Osmary Hernández, CNN Español
(CNN Español) – La orden de instalación de unas 20.000 máquinas captahuellas en toda Venezuela para controlar la venta de alimentos ha sido interpretada por algunos sectores como una posible solución al contrabando de alimentos, mientras que otros denuncian que se trata de una suerte de libreta de racionamiento.
La encuestadora Datanálisis estima que un 6 0% de las personas que hacen las colas luego revenden estos productos cuyo precio está regulado por el gobierno venezolano. Esta misma firma estima la cifra de la escasez en 58 %.
Ante esta situación, el gobierno venezolano tomó la controversial medida: el consumidor debe poner huella dactilar en estas máquinas como requisito indispensable para adquirir 23 productos prioritarios como arroz, azúcar, papel higiénico, pollo y carne, así como productos de higiene personal y limpieza del hogar.
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El llamado sistema biométrico impulsado por el gobierno venezolano regulará de esta manera las compras.
El gobierno asegura que con estas captahuellas, que serán instaladas en cadenas públicas y privadas, podrán controlar la frecuencia en las compras y evitar las compras excesivas y de esa manera garantizar el abastecimiento y luchar contra el contrabando de alimentos que, según el gobierno, forma parte de una “guerra económica”.
Según el presidente Nicolás Maduro, con esta medida el gobierno va “a vencer a los contrabandistas y bachaqueros”.
Algunos analistas dudan que esta sea la solución al problema del desabastecimiento.
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Según Luis Vicente León, director ejecutivo de Datanálisis, en naciones vecinas no es necesario su uso “porque hay producción, porque hay una relación positiva entre el estado y el sector privado y porque no hay control de precios y control de cambio”.
A la escasez se suma una inflación que al cierre de 2014 se ubicó en 68,5 %, según datos del Banco Central de Venezuela.
El gobierno adjudica esta situación, también, a la llamada guerra económica impulsada por actores políticos y empresarios.