(CNN) – Dos mujeres demandaron a un oficial correccional en Rikers Island y a la ciudad de Nueva York, al afirmar que repetidamente fueron violadas por el oficial con la complacencia y consentimiento de la ciudad.
La explosiva demanda de acción penal presentada el martes pasado ante un tribunal federal expone en detalle informes de violaciones en serie y abuso sexual por parte de ocho oficiales de correcciones en el centro Rose M. Singer en el complejo de prisiones de la ciudad de Nueva York; incluso se habla de un caso donde una de las reclusas fue arrastrada al closet de un conserje, y otro caso en el que la reclusa resultó embarazada.
Una de las demandantes, identificada en la denuncia solo como Jane Doe 2, reportó las violaciones a una clínica de salud mental y más adelante a un doctor con el Departamento de Investigación de la ciudad, según la demanda, pero le dijeron que no había nada que pudieran hacer.
“Este abuso es solo posible porque, a pesar de las reiteradas advertencias, la ciudad de Nueva York ha permitido una cultura de complacencia para perpetuar este tipo de incidentes en Rikers Island y de ese modo accedió al abuso de mujeres en su custodia”, dice la demanda.
La demanda identifica al oficial de correcciones, Benny Santiago, como el presunto violador de las dos mujeres no identificadas.
De acuerdo con la demanda, las acciones de Santiago fueron “abiertas y notorias”, aunque otros oficiales en el centro no lo reportaron.
Cuando se creyó que una de las presuntas víctimas reportó su violación, Santiago sacó a otras reclusas de sus celdas, quienes entonces abarrotaron la celda de la víctima, y le gritaron por haber sido una “soplona”, dicen los documentos judiciales.
Santiago supuestamente le dijo a su otra víctima que él había “observado a su familia desde su auto estacionado”, con lo que implícitamente amenazaba a su familia a fin de coaccionarla para que se sometiera al abuso, dice la demanda.
Un vocero del Departamento de Correcciones (DOC, por sus siglas en inglés), dijo que su oficina no hace comentarios sobre litigios pendientes, pero añadió que el “DOC tiene una política de cero tolerancia respecto al abuso y agresión sexual, y que no hay lugar en el DOC para el maltrato de cualquier recluso”.
CNN no pudo localizar a Santiago para que hiciera comentarios, y las preguntas que se dejaron con el sindicato de oficiales de correcciones de la ciudad no obtuvieron respuesta. Actualmente se encuentra en servicio modificado, una posición en la que no interactúa con reclusos, según el Departamento de Correcciones.
Las demandantes, representadas por Legal Aid Society, reclaman daños de Santiago, al igual que una modificación de la política del Departamento de Correcciones a fin de romper lo que dicen es una “cultura de violaciones sistémicas”.
Santiago abusó de las dos mujeres en áreas de acceso libre que no eran monitoreadas por cámaras de seguridad, y esperaba hasta que los capitanes del centro hubieran hecho sus rondas de supervisión, las cuales hacían a la misma hora todos los días, dice la denuncia.
Una encuesta de 2012 realizada por el Departamento de Justicia identificó al centro Rose M. Singer como una de las 12 instalaciones a nivel nacional de alta incidencia de casos de mala conducta sexual en contra de las reclusas por parte del personal. Según la encuesta, mencionada en la demanda del martes, el 5,9% de las reclusas en el centro dijeron que eran victimizadas sexualmente por parte del personal del centro.
“La violencia sexual ha alcanzado proporciones épicas en DOC, y las violaciones y otros tipos de abuso sexual contra las mujeres son endémicos en el centro Rose M. Singer”, dijo Seymour W. James, el abogado principal de Legal Aid Society.
En una declaración, un vocero del Departamento de Derecho de la ciudad de Nueva York dijo que “las acusaciones serían revisadas una vez nos presenten oficialmente la demanda”.
La demanda presentada el martes surge meses después de que los fiscales federales en Nueva York se unieran a una demanda de derechos civiles en contra de la ciudad por el uso de fuerza excesiva contra los reclusos por parte de oficiales de correcciones en Rikers.
Cuando anunció la demanda en diciembre, el fiscal federal estadounidense Preet Bharara dijo que “se necesita hacer mucho más para proteger los derechos constitucionales de los reclusos en Rikers y para asegurarse de que sea un ambiente seguro no solo para los reclusos, sino también para el personal”.
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, anunció el mes pasado un plan para abordar los retrasos en los tribunales de la ciudad y a cambio reducir la población en la cárcel, el principal punto de encarcelación de la ciudad.
A pesar de los esfuerzos por limpiar las instalaciones, la demanda de esta semana es la última en una serie de escándalos recientes para hacer hincapié en la disfunción.
En enero, un informe del Departamento de Investigación de la ciudad de Nueva York encontró que más de un tercio de los oficiales de correcciones en Rikers habían sido contratados a pesar de presentar flagrantes sanciones pasadas, “como varios arrestos y condenas previas, vinculaciones anteriores con miembros de pandillas o relaciones con reclusos”.
Y la semana pasada, un empleado con el proveedor de atención médica del centro fue arrestado luego de supuestamente tratar de ingresar marihuana sintética y otros artículos de contrabando en Rikers, según el sargento Lee Jones del Departamento de Policía de Nueva York.