Nota del editor: Toby Dershowitz es vicepresidenta de Relaciones Gubernamentales y Estrategia de la Fundación para la Defensa de las Democracias, un think tank no partidista con sede en Washington. Las opiniones expresadas en este artículo corresponden exclusivamente a su autora.
El 18 de julio se cumplieron 21 años del mayor ataque terrorista de la historia de Argentina: el atentado con bomba contra el centro comunitario judío AMIA de Buenos Aires, en el que murieron 85 personas y centenares más resultaron heridas. Cada vez hay más indicios de que la presidenta de Argentina está tratando de encubrir el papel de Irán en este caso.
Hace unos meses, el fiscal especial a cargo del caso, Alberto Nisman, murió sospechosamente un día antes de presentar pruebas de los vínculos secretos entre Irán y Argentina. Nisman
ya había implicado a altos funcionarios iraníes en el atentado de 1994, y a consecuencia de la investigación, Interpol había emitido fichas rojas (equivalentes a órdenes de arrestos) contra estos funcionarios iraníes.
Pero el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha dado una serie de pasos que parecen encaminados a encubrir el involucramiento iraní. El último ejemplo, las medidas del gobierno para revocar una decisión judicial que declara inconstitucional el Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán. Cristina Fernández y su gabinete han negado estas acusaciones en repetidas ocasiones. Por su parte, Irán también ha rechazado cualquier vínculo con el atentado contra la AMIA.
En 2013, el gobierno Kirchner firmó un memorándum con Irán para que ambos países investigaran conjuntamente el atentado contra la AMIA. Nisman creía que el verdadero propósito del memorándum era deslindar a Irán de toda culpabilidad en el ataque. El entonces canciller iraní, Ali Akbar Salehi, argumentó que según el memorándum, “Interpol debe eliminar los cargos contra las autoridades iraníes”. Salehi, un científico nuclear y jefe del Organismo de Energía Atómica de Irán, fue parte esencial en estas negociaciones secretas.
En 2014, una corte inferior determinó que el memorándum era inconstitucional y que interfería con una investigación judicial independiente. Ese falló estaba bajo revisión de un panel de tres jueces en la corte penal de más alto nivel en el país, la Corte de Casación, por encima de la cual solo está la Corte Suprema.
El panel de tres jueces iba a realizar una audiencia para anunciar su decisión el 22 de junio, pero fue suspendida abruptamente. Tres días después, el juez Luis María Cabral fue destituido por el Consejo de la Magistratura sin explicación y reemplazado por Claudio Marcelo Vázquez, reconocido partidario de la agenda del gobierno. El Consejo de la Magistratura, que cuenta con una mayoría pro-gubernamental, tomó esta medida tras la nueva autoridad que se le confirió para reemplazar jueces por otros más afines al gobierno.
El juez Cabral está al frente de la Asociación de Magistrados de Argentina, una organización que se opone fuertemente a los intentos del ejetuvio de interferir en el poder judicial. Su mandato no tenía una fecha de finalización.
¿Por qué el Consejo de la Magistratura lo sacó repentinamente? Quizás porque Cabral había expresado su intención de refrendar el fallo de la corte inferior de 2014 que declaraba inconstitucional el memorándum, una postura a la que se oponía el gobierno.
Cuatro miembros de la Cámara de Diputados presentaron una demanda federal formal contra el Consejo de la Magistratura exigiendo la reinstauración de Cabral. La AMIA y la DAIA, las organizaciones judías que presentaron la demanda original contra el memorándum ante los tribunales, exigieron que se utilice la opinión final de Cabral en la resolución del caso.
Cabral fue sacado durante una sesión convocada con poca antelación. Uno de los miembros del Consejo de la Magistratura, el diputado nacional Gustavo Valdés, dijo que el gobierno le impidió asistir a la reunión retrasando el vuelo que lo debía llevar allí. El vuelo de Valdés a bordo de la estatal Aerolíneas Argentinas fue cancelado repentinamente. Se argumentaron razones de mal tipo, a pesar de que el clima era óptimo tanto en la ciudad de salida como de destino. Los pilotos recibieron órdenes de la aerolínea de no salir de su hotel, según informes de medios de comunicación. El presidente ejecutivo de la aerolínea es Mariano Recalde, que es también candidato oficialista a la alcaldía de Buenos Aires.
De acuerdo a un portavoz de Aerolineas Argentinas, “el aeropuerto canceló sus operaciones una vez que se conoció el reporte meteorólogico y no reabrió hasta las 9:20hrs. Dada la cantidad de retrasos, el vuelo AR 1783 despegó a las 12:34hrs, arribando al aeroparque metropolitano a las 14:01 hs”. Aerolíneas Argentinas publicó los informes que dio el Servicio Meteorológico Nacional que apoyan su versión: el vuelo se vio afectado por cuestiones meteorológicas.
El juez Cabral presentó un amparo en el juzgado en lo contencioso administrativo federal 7 argumentando que es “increíble que se sustituya ilegalmente a un juez”. El gobierno busca “castigar” al poder judicial, agregó.
El fiscal de la ciudad de Buenos Aires, Martín Ocampo, dijo: “Yo creo que el proceso que sacó a Cabral es inconstitucional”.
La salida de Cabral de su puesto días antes de que se esperara su decisión es parte de una serie de comportamientos perturbadores por parte del gobierno de Kirchner, cuyo propósito parece terminar con la investigación de Nisman sobre la complicidad iraní. El gobierno de Kirchner reemplazó a Nisman con tres fiscales pro-gobierno, y emprendió una agresiva campaña de descrédito contra Nisman, incluido el intento inicial de presentar su muerte como un suicido, pese a que las evidencias apuntan a lo contrario. Y los jueces y un fiscal conocido por su apoyo al gobierno han rechazado varios pedidos de investigar la demanda presentada por Nisman sobre las negociaciones secretas con Irán.
El periodista argentino Eduardo van der Kooy escribió que el pacto con Irán es lo que la mantiene despierta por las noches. Si la Corte de Casación refrendara la inconstitucionales del memorándum, esa declaración “incluiría argumentos letales: sería responsabilizada la Presidenta de haber cedido a eventuales acusados y en otra nación el juzgamiento de una tragedia que ocurrió en nuestro suelo. Traición a la Patria, en una traducción vulgar”. Agrega que eso “boicotearía el afán de Cristina de dejar el poder con gloria. Por esa razón demanda con urgencia cerrar el círculo de Irán. Aun a costa de deshacer a la Justicia”.
No debería permitirse que Argentina entierre junto con Nisman la verdad sobre la participación de Irán en el atentado contra la AMIA. Y mientras el gobierno de Estados Unidos revisa sus políticas terroristas y las amenazas al país, debería asegurarse de que Irán asume su responsabilidad en la atrocidad de 1994. No debe permitirse que Irán haga terrorismo con impunidad.