Las pandillas presionaron a los transportadores para que dejaran de prestar el servicio durante tres días.

(CNN Español) – Las pandillas salvadoreñas están presionando al gobierno nacional para que se lleve a cabo una nueva tregua y desde este lunes amenazaron a los empresarios del transporte para que dejaran de prestar el servicio durante tres días.

Para generar temor entre los empresarios, al menos seis motoristas fueron asesinados entre el lunes y este martes.

“Nosotros habíamos hecho un esfuerzo por brindar el servicio pero los ataques atemorizaron a los motoristas y nos fuimos a paro”, dijo a CNN en Español Roberto Soriano, presidente de la Asociación de Transporte Público.

Gobierno no negociará

En la mañana de este martes, el presidente Salvador Sánchez Cerén dijo que su gobierno no negociará con las pandillas.

“No nos vamos a doblegar”, recalcó el mandatario a la vez que indicó que para garantizar la seguridad de los ciudadanos, el Ejército hará un acompañamiento a los ciudadanos.

“He pedido al ministro de Defensa que aliste la tropa y si es necesario que patrulle la capital, lo vamos a hacer”, dijo el mandatario.

De acuerdo a los transportadores, al menos 100 de un total de mil rutas a nivel nacional han paralizado labores.

Ante esta medida, el gobierno salvadoreño puso a disposición de la población un servicio de transporte alterno.

El gobierno dispuso vehículos para transportar a los ciudadanos afectados por el paro de transportes.

“Cada bus irá acompañado en su recorrido por policías para garantizar la seguridad de los empleados y los usuarios”, aseguró el comisionado Mauricio Ramírez Landaverde, director de la Policía Nacional Civil.

El gobierno ha dicho que no negociara con las pandillas porque son grupos “al margen de la ley”, señaló el jefe policial.

La fuerza pública acompañará a la población de El Salvador de la amenaza de las pandillas.

En lo que va del 2015, al menos 38 trabajadores del transporte colectivo han sido asesinados, según las estadísticas de las gremiales de transporte.

Estas organizaciones han reiterado el llamado a las autoridades para diseñar un plan integral de protección del sistema de transporte que paga cada año a las pandillas 36 millones de dólares en concepto de extorsión, según el empresario Catalino Miranda, presidente de FECOATRANS.