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(CNN Español) – Tres horas después de que este domingo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos echara por tierra la versión del gobierno mexicano sobre la desaparición de 43 estudiantes, la Fiscalía de México dio su brazo a torcer y ordenó una nueva investigación en el sitio donde el gobierno asegura que fueron quemados los chicos.

Sin embargo, este lunes la fiscalía mexicana insiste en que los estudiantes fueron quemados en un basurero del municipio de Cocula, si bien ahora matizó que no puede asegurar que fueron los 43.

Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que el caso se mantiene abierto. “El caso, como lo hemos también sostenido, se mantiene abierto, la investigación continúa. Y será el poder judicial quien determine cuando deba de concluirse y darse las conclusiones respecto de este tema. La propia búsqueda de los jóvenes normalistas sigue adelante. Actualmente se realiza de manera individualizada a petición de los propios padres de familia”, dijo el mandatario.

“He dado indicaciones a la Secretaría de Relaciones Exteriores para convenir con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la ampliación del mandato del grupo de expertos a fin de que concluyan sus trabajos”, puntualizó Peña Nieto.

Entre las incongruencias que denuncia la CIDH está que las autoridades mencionan cuatro autobuses con chicos a bordo. Los expertos aseguran que en realidad fueron cinco los vehículos, uno de ellos está desparecido y se desconoce qué pasó con los estudiantes que iban a bordo.

La historia del incendio se cuestiona en estos términos, según la CIDH:

  • No hay evidencia de un gran incendio.
  • El calor emitido por la supuesta incineración habría quemado a los victimarios.
  • El fuego tendría que haber durado 60 horas.
  • La columna de humo habría sido muy visible.
  • La vegetación del lugar del incendio no presenta afectaciones.

El 7 de noviembre de 2014 la Procuraduría General de México presentó como una “verdad histórica”, que la noche del 26 de septiembre de 2014 los estudiantes fueron atacados por sicarios y policías corruptos. Los jóvenes estaban tomando a la fuerza cuatro autobuses para sus movilizaciones políticas.

Los policías, según la Procuraduría, habrían entregado los 43 chicos a los narcos del cártel Guerreros Unido ys fueron asesinados bajo sospecha de que eran miembros de un cártel rival. Los cadáveres, según la versión oficial, fueron incinerados en un basurero y arrojados a un río.