(CNN Español) – El fenómeno de los flujos humanos es impredecible, una característica que se ajusta bastante bien al comportamiento de las oleadas de menores inmigrantes que intentan ingresar a EE.UU., y que el año pasado estuvo muy cerca de convertirse en una tragedia humanitaria.
El ligero optimismo creado tras meses de caída en los números de arribo comenzó a disiparse la semana pasada tras el anuncio por parte de la patrulla fronteriza de un incremento notable en las detenciones de menores y familias de indocumentados provenientes fundamentalmente de Centroamérica.
En agosto, fueron interceptados más de 4.600 niños migrantes en la frontera con México, un salto de 52% comparado con el octavo mes de 2014, según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Aunque en general la cantidad total de arribos es la mitad de los registrados el período pasado, el repunte experimentado desde julio es el detalle que hace temer a las autoridades que la calma haya sido solo momentánea.
Hasta el año pasado, el flujo de intentos de cruce de menores por la frontera crecía entre los meses finales y de principio de año y comenzaba a decaer a partir de la primavera boreal hasta alcanzar sus cuotas más bajas precisamente en verano. Pero las cifras oficiales del último agosto, las más altas desde que comenzaron los registros en 2009, son casi comparables con las de los peores meses que condujeron a la crisis de 2014. Entonces, el arribo de 68.000 muchachos y muchachas sin compañía llevó al límite la capacidad de reacción del gobierno y aumentó la presión sobre el sistema inmigratorio del país.
El número combinado entre niños migrantes y grupos familiares —en su mayoría madres con hijos— detenidos en la frontera en agosto fue de unos 9.600.
La estadística supone una especie de “deja vu” para la administración de Barack Obama, que continúa luchando con las secuelas políticas y humanitarias de aquella oleada.
Si estos datos son el preludio de una nueva llegada masiva de menores solo se sabrá por los números que arrojen los meses que vienen. A finales de la semana pasada, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, por el “sorprendente repunte” e hizo hincapié en el discurso del Gobierno que alerta sobre los peligros de la inmigración ilegal con campañas en los principales países emisores de la región centroamericana.
Pero todo parece indicar que la administración Obama continúa encontrando problemas para hacer llegar su mensaje tanto a los potenciales emigrantes como a los miembros del Congreso, a quienes solicitó desde hace más de un año 3.700 millones de dólares para lidiar con las consecuencias de la crisis. Otra partida de 1.000 millones de dólares propuesta por la Casa Blanca para ayudar a combatir las causas negativas que empujan a sectores de la población de Centroamérica a buscar el sueño americano tampoco ha podido ser destrabada en el Capitolio.
El tema inmigratorio continúa siendo uno de los más complejos de resolver en la política estadounidense. La administración Obama promueva en el legislativo la aprobación de una reforma del sistema. Pero, al mismo tiempo durante su mandato la oficina de aduana de EE.UU. ha redoblado el número de deportaciones.
La mayoría republicana del Congreso, que se opone a una reforma en los términos propuestos por el presidente y otros a favor de una legislación integral, culpa a Obama de la crisis de menores inmigrantes.
En el apogeo de la oleada del año pasado, el gobierno estableció un centenar de centros de detención de inmigrantes a lo largo de la frontera con México para albergar a los menores y familias interceptadas. Con el tiempo, un gran número de ellos fueron autorizados a reunirse con parientes residentes en EE.UU. e incluidos en el sistema legal inmigratorio del país, que se supone deberá decidir sus futuros.
Pero otro porcentaje importante de ellos todavía permanece retenido en los centros de detención. La administración Obama se encuentra también bajo el fuego de numerosas organizaciones nacionales e internacionales de DD.HH. que fustigan las condiciones de estos recintos y el incierto estatus de sus ocupantes.
La semana pasa la Comisión de Derechos Civiles de EE.UU. publicó un informe en el que afirma que los sitios de reclusión no cuentan con los estándares mínimos para proveer un trato humano y recomendó la liberación y el establecimiento del debido proceso de los detenidos. A críticas similares en el pasado, el secretario de Seguridad Interior Jeh Johnson dijo que el Gobierno trabaja por mejorar las condiciones en los centros.
La mayoría de los menores provienen de Guatemala, El Salvador y Honduras, a quienes la pobreza y la violencia en sus países de origen los empuja a un desesperado viaje rumbo al norte que para muchos aún está muy lejos de terminar. Por lo pronto, la Casa Blanca apuesta a que un reforzamiento de la vigilancia en la frontera y sus mensajes disuasorios logren desalentar la inmigración ilegal.