Nota del editor: El general Robert Latiff enseña sobre la ética de las tecnologías emergentes de armas en la Universidad de Notre Dame. Las opiniones expresadas en este comentario son únicamente las del autor.
(CNN) – El martes, la Junta de Seguridad Holandesa publicó un informe que sugería que la ojiva de un misil fue la responsable del accidente del vuelo 17 de Malaysia Airlines sobre Donetsk, en julio del 2014. Todas las personas que iban a bordo perdieron la vida.
Los rusos y los separatistas prorrusos en Ucrania niegan la acusación de que son culpables; en cambio, acusan a los ucranianos. Ambas partes se señalan unos a otros.
Es muy posible que esta tragedia sea el resultado de que armas con una alta capacidad lleguen manos de personas que no están adecuadamente entrenadas para usarlas, o peor aún, cuando sistemas que deberían tener mecanismos de seguridad disponibles fueron vendidos sin ellos.
Considéralo de esta forma: ¿le darías un bisturí a un novato y le pedirías que realizara una cirugía cerebral? ¿Confiarías en que un estudiante de derecho de primer año gane un juicio de asesinato? ¿Le darías a un chico una licencia de conducir sin hacerle una prueba de conducción? No.
Así que sería muy razonable preguntar ¿por qué una potencia militar le da armas militares letales a otros sin requerirles primero que demuestren que están capacitados en el uso de las mismas?
Parece que los proveedores de armas del mundo podrían estar haciendo precisamente eso.
Solo Estados Unidos y Rusia constituyen más del 60% de las ventas de armas alrededor del mundo; el resto es cuestión de Francia, China, Alemania, Italia y otros. Tristemente, los países en vías de desarrollo, los cuales menos pueden pagarlas o tienen gobiernos cuestionables, a menudo son los mayores destinatarios. Esta tendencia de naciones con ejércitos grandes y poderosos y con importantes industrias de defensa que exportan armas alrededor del mundo ha estado con nosotros durante mucho tiempo, y no es probable que cambie.
Pero debería ser de la incumbencia de los vendedores de los sistemas, muchos de ellos letales, que también exporten el conocimiento y las capacidades, y digamos, la conducta ética necesaria para su uso correcto.
Es posible que el letal sistema de misiles Bulk, el cual derribó al avión, fuera vendido u otorgado a los separatistas rusos que operan en Ucrania. Operar sin los radares que interrogarían a un avión que ingresa a fin de obtener un código civil, o permitir que soldados mal entrenados hicieran caso omiso de estos dispositivos fue, como mínimo, poco ético.
Si ese es el caso, la horrenda decisión de derribar un avión civil representa una violación a estos códigos de conducta establecidos, y también demuestra una extrema negligencia por parte de los autores en no intentar librar las vidas de personas inocentes en el conflicto.
Las fuerzas armadas profesionales como las de Estados Unidos y Rusia intentan adherirse a las llamadas Leyes del Conflicto Armado, informadas por el concepto de guerra justa de siglos de antigüedad. Este hace un llamado a los soldados, quienes tienen autoridades muy especiales para poder matar a otros soldados en batalla, a fin de que hagan esfuerzos extraordinarios por librar las vidas de personas inocentes. Ellos deben practicar la distinción no combatiente, y solo usar la fuerza de manera necesaria para lograr un objetivo militar legítimo.
En estas reglas de la guerra también se acepta que personas inocentes morirán y que, siempre y cuando se hagan todos los esfuerzos razonables por evitar su muerte, ellas son consideradas legítimas bajo la doctrina del “efecto doble”.
Pero las personas inocentes que murieron ni siquiera eran ciudadanos de los dos lados que estaban en conflicto, y de ninguna manera se puede decir que fueron víctimas en el sentido del “efecto doble”.
Seguirán habiendo discusiones acerca del papel de Rusia en Ucrania y quizá incluso discusiones sobre quién apretó el gatillo de esta arma tremenda. Esas son discusiones para los investigadores, los líderes mundiales y los políticos.
Lo que debería ser considerado es la responsabilidad de los países abastecedores para asegurarse de que han hecho todo lo que está en su poder para impedir que las armas que venden sean apuntadas a personas inocentes.
Ignorar esta responsabilidad disminuye la estatura profesional de la fuerza militar responsable y el país al que representa. No solo es negligente, es devastador.