(CNN Español) – El Congreso de Colombia aprobó este miércoles una ley que endurece las penas para quienes ataquen con ácido a otras personas. El proyecto deberá ser sancionado por el presidente Juan Manuel Santos para que entre en vigor.
La iniciativa conocida como ‘Ley Natalia Ponce de León’, que pasó por cuatro debates en el Congreso, pondrá los ataques con ácido como un delito autónomo —antes estas acciones eran calificadas como lesiones personales y tenían una pena de prisión más baja — y castigará la conducta con hasta 50 años de cárcel y una multa cercana a los 50.000 dólares.
“El Congreso de la República en su función constitucional decidió con buen criterio jurídico, tipificar la conducta de manera independiente y equiparar las penas con el homicidio”, dice en la página web de esa Institución.
La ley regula lo concerniente a la ayuda humanitaria, atención, asistencia y reintegración laboral de las personas que sufran la destrucción irreversible de tejido por ataques con agentes químicos y otras quemaduras que generen discapacidad, según dice la página web del Congreso.
También establece que el Estado “reconozca la situación de discapacidad de las víctimas, permitiéndoles el goce pleno de sus derechos dada esta condición, facilitando su recuperación y resocialización, así como la de sus familias”.
La aprobación legislativa coincidió con la celebración del Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y fue motivada por el crimen contra Natalia Ponce de León, una mujer de 27 años que en marzo de 2014 fue atacada por un hombre que estaba supuestamente enamorado de ella.
Él la sorprendió a la salida de su casa al norte de Bogotá, le roció ácido sulfúrico en la cara y el cuerpo y le ocasionó quemaduras de segundo y tercer grado, comprometiéndole las vías respiratorias, un tercio de la dermis de su cuerpo y graves lesiones en los ojos. La mujer ha sido sometida a por lo menos 20 cirugías de reconstrucción y actualmente usa una máscara de policarbonato.
En 2013 el gobierno colombiano aprobó una ley que contempla penas hasta de 20 años de cárcel para quienes atenten con ácido contra la integridad de otra persona.
Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, en los últimos 10 años se han registrado 975 casos, 122 de ellos en el último año. El 98% de estos casos queda en la impunidad.
“El flagelo de Natalia Ponce sacó a la luz pública la evidente realidad que estamos viviendo, incapacidad de juzgamiento por parte de las autoridades, aplicación de condenas irrisorias, y evidentes dificultades para la reinserción laboral y social de las personas víctimas de ataques con agentes químicos”, escribió el senado en su página web referente a la discusión del proyecto.