Nota del editor: Giovanna de Michele es analista internacional con estudios de Inteligencia y Contrainteligencia, así como de Imagen y Escenarios de Negociación. Trabajó como Analista de Seguridad y Defensa en el Estado Mayor Conjunto del Ministerio de la Defensa y en la Dirección de Inteligencia del Comando General del Ejército de Venezuela. Además, fue designada Negociadora para la Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas con la República de Colombia y otros Temas desde octubre de 2001 hasta abril de 2009.
El 6 de diciembre de 2015 ya quedó registrado en la historia venezolana como un importante punto de inflexión para la democracia. Luego de 17 años de hegemonía “chavista” en todos los poderes del Estado, el oficialismo sufre una estruendosa derrota al perder los 2/3 de los curules en la Asamblea Nacional, lo que se traduce en 112 diputados para la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática y 55 para el Partido Socialista Unido de Venezuela.
Una estructura legislativa absolutamente deseable para un sistema democrático saludable, en el cual se garantiza la necesaria balanza entre pesos y contrapesos en el ejercicio del poder. Sin embargo, en el caso venezolano, esta nueva situación ha generado gran incertidumbre, evidenciando la necesidad del Ejecutivo de controlar todas las ramas del poder público.
Al respecto, es necesario destacar que la mayoría calificada de 2/3 en la Asamblea Nacional le da al cuerpo colegiado una serie de facultades muy amplias, tales como: escoger y remover a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia; llamar a la población a consulta (referendo) sobre temas que van, desde la aprobación de leyes y acuerdos internacionales, hasta la revocatoria del mandato presidencial; dictar leyes orgánicas; designar a los titulares de los diferentes poderes públicos; convocar una Asamblea Nacional Constituyente; aprobar proyectos de reforma del texto constitucional y otras; además de todas aquellas reservadas para la mayoría calificada de las 3/5 partes del Parlamento, como son: sancionar leyes habilitantes; aprobar moción de censura al presidente de la República y/o a sus ministros, por citar solo algunas; a las cuales hay que sumar también todas aquellas funciones atribuidas a la mayoría simple dentro de la Asamblea Nacional, como es la posibilidad de decretar amnistías.
Sin duda, lo anterior es percibido por el oficialismo como una seria amenaza para el gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien debe hacer frente a una aprobación popular en mínimos históricos del 22%, según la encuestadora venezolana Datanálisis; a lo cual hay que añadir la grave situación económica del país, con la significativa caída de los precios del crudo y sus consecuencias en la disminución de las reservas económicas y el alza de la inflación, que según el Fondo Monetario Internacional pudiera sobrepasar el 160% en 2015, ubicándose como las más alta del mundo al cierre de este año.
Ante tal escenario, la reacción más probable por parte del Ejecutivo Nacional y la Asamblea Nacional saliente es, por una parte, acelerar todas las gestiones necesarias y pertinentes para la resolución de tareas pendientes, como la designación de jueces y otros titulares del poder público, con el objeto de mermar la capacidad de ejercicio de la futura legislatura nacional, que deberá asumir sus funciones el próximo 5 de enero . Por otra parte, resulta absolutamente previsible que el presidente de la República haga uso de sus facultades para bloquear la promulgación de leyes, mediante el mecanismo de la consulta a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con lo cual limitaría sensiblemente la capacidad de legislar de la nueva Asamblea Nacional.
Ahora bien, más allá de todos los recursos legales de los cuales dispone el Poder Ejecutivo venezolano para mermar el desempeño de las funciones del Poder Legislativo, queda absolutamente clara la inminente confrontación de poderes, con la consecuente agudización de las tensiones políticas y su repercusión en el agravamiento de la situación económica nacional, que requiere de acciones inmediatas tendentes a minimizar el creciente deterioro de la calidad de vida en el país.
Uno de los grandes retos de la nueva Asamblea Nacional venezolana será legislar a pesar de la situación planteada, sin dejarse impregnar por el deseo de retaliación, mientras que el Ejecutivo deberá tratar de armonizar su interés fundamental de permanencia en el poder, con la transparencia que exige la legitimidad de desempeño democrático en una región cargada de instrumentos jurídicos internacionales que comprometen a tal propósito.
No obstante, las acciones emprendidas por la actual Asamblea Nacional, orientadas a designar al titular de la Defensoría Pública General, así como su intención manifiesta de designar a los jueces que integran el Tribunal Supremo de Justicia, conjugadas con las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, en las cuales afirma de manera taxativa su negativa a aceptar el libre desempeño de las atribuciones del próximo Poder Legislativo, auguran un clima de tensiones crecientes en la República Bolivariana de Venezuela.
Finalmente, es oportuno destacar que un resultado electoral como el que se obtuvo el 6 de diciembre en las elecciones parlamentarias de Venezuela es cónsono con el bajo nivel de aceptación popular del Gobierno presidido por Nicolás Maduro y exige una profunda rectificación en la conducción de los destinos de la Nación; al tiempo, que deja sin credibilidad los argumentos de la “guerra económica” y la “arremetida del imperio”, como causas determinantes de la grave situación nacional.