(CNN Español) - La policía salvadoreña capturó a cuatro de 17 militares vinculados al asesinato, en 1989, de seis sacerdotes jesuitas.
Contra los detenidos pesan ordenes internacionales de captura emitidas por la justicia de España.
La policía llegó hasta la casa de los militares en retiro señalados de participar en el asesinato de los religiosos y dos de sus colaboradoras, en noviembre de 1989.
Las autoridades de El Salvador confirmaron que, por ahora, han logrado detener a cuatro de los 17 militares contra quienes un tribunal español remitió órdenes de arresto a la interpol.
El abogado de los detenidos dice que las capturas son ilegales porque en 2012 la corte suprema de justicia de el salvador negó una petición de extradicion en este mismo caso.
“Ese hecho, ese acontecimiento ya sucedió en nuestro país en el 2012, por lo tanto es ilegal la captura que han hecho”, sostuvo Lisandro Quintanilla, defensor de los militares.
El gobierno dice que solo colabora con la justicia y deja el caso en manos de los magistrados de la Corte Suprema.
“La Policía Nacional Civil lo que ha hecho es capturarlos y están ya a la orden del juez, es el sistema de justicia quien va a decidir si los extradita o no los extradita”, aclaró el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén.
Los familiares de los capturados llegaron hasta la sede de la policía para pedir que respeten la integridad y cuiden la salud de sus allegados.
Según el exministro de Defensa de El Salvador, el general en retiro Humberto Corado, la extradición en este caso no procede porque los detenidos ya fueron juzgados en El Salvador, fueron enviados a prisión y liberados posteriormente por la Ley de Amnistía, aprobada en 1993.
“Hasta que la Corte emita una sentencia a favor o en contra de la extradición. Hasta entonces la policía puede proceder, eso está claro en el último pronunciamiento de la corte lo dejó bien establecido”, explicó el militar retirado.
La policía aseguró que mantendrá operativos para localizar a los otros implicados.
Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia deberá estudiar este caso y decidir si mantiene la decisión de 2012, que negó la extradición o si cambia su análisis y decide enviarlos a los implicados a España para que respondan por los crímenes.