(CNN Español) – Buena parte de los ecuatorianos están pendientes de la Contraloría General del Estado. ¿La razón? La entidad investiga una negociación entre entidades públicas en la que supuestamente habría detectado un sobre precio.
Pero la historia no es nueva. Empezó en el 2010 y en aquella época no mereció grandes titulares.
Resulta que el Ministerio de Ambiente compró 220 hectáreas de terrenos baldíos al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) para la construcción de un parque llamado Samanes en la ciudad de Guayaquil. El valor de la compra fue de 48 millones de dólares.
Tratándose de dos entidades públicas, la información de ese año recogía lo que calificaban como un mero acto administrativo. Sin embargo, cinco años después, aquella negociación dió un giro inesperado. Un dictamen del procurador general del Estado, Diego García, publicado en noviembre de 2015 concluyó que el contrato debía ser corregido y solicitó que las partes se pusieran de acuerdo para establecer una rebaja.
El procurador argumentó que según la ley para establecer el valor de los terrenos debía considerarse el avalúo municipal que era de 7.300.000 dólares y no el avalúo de la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros que era de 48 millones de dólares.
Lo cierto es que el Ministerio del Ambiente finalmente pagó los 48 millones de dólares.
El enfrentamiento
Hace dos semanas el presidente Rafael Correa dijo que el Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas (ISSFA) debía devolver esos valores cobrados de más.
El pasado 5 de febrero la cúpula militar en pleno comunicó en una declaración pública que no estaba de acuerdo con esa propuesta porque afectaría el patrimonio de la institución. En la cuenta oficial de Twitter de Fuerzas Armadas se publicó un mensaje al respecto.
“Los recursos del #ISSFA le pertenecen a los soldados en servicio activo y pasivo y a sus familias. No podemos estar de acuerdo en que se debiten los recursos de la seguridad social de las Fuerzas Armadas”.
Ese mismo día Correa aseguró que no discutiría con sus subalternos, destituyó a toda la cúpula militar y anunció que retirarían del ISSFA el pago en exceso, es decir, 41 millones de dólares.
El presidente indicó en su cuenta en Twitter que las pensiones militares están garantizadas por el artículo 370 de la Constitución y por el propio ISSFA, y agregó que la institución “está más solvente que nunca”.
Este conflicto provocó protestas.
En esos días, militares en servicio pasivo protagonizaron un plantón frente al Ministerio de Defensa en respaldo al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA).
Los manifestantes portaban carteles con el rostro del ministro del ramo, Fernando Cordero, en el que lo acusaban de ser “enemigo” de las Fuerzas Armadas.
Mientras tanto, un grupo de personas afines al Gobierno llegaron al sitio para respaldar la posición oficial. Esto provocó enfrentamientos verbales y empujones.
El general Paco Moncayo fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas hasta 1998, aunque no tuvo participación en el negocio menciona que de por medio hay un contrato y que por lo tanto debe ser resuelto en las instancias judiciales.
“Hay un contrato muy claro y en democracia el contrato es ley para las partes. Y ahí se establece que de haber alguna diferencia entre el Ministerio y el ISSFA se debe acudir en primer lugar a una mediación y de no llegarse a un acuerdo a la vía judicial, incluso, dice en el juzgado correspondiente en la ciudad de Quito”, dijo el general.
Pero el presidente Correa no está de acuerdo.
La semana pasada en una concentración de masas dijo que el tema se está “politizando” y que están tratando de asustar a los militares diciendo que el ISSFA va a quebrar.
Correa dijo que “eso no va a pasar” y agregó que las pensiones de los militares y policías están garantizadas.
Además recordó que el ISSFA cobró indebidamente siete veces más de lo que costaban esos terrenos y que le asiste el derecho de recuperar esos valores.
“Tengan la plena seguridad que lo que hemos hecho, recuperar esos valores 41 millones de dólares pagados de más se ajusta perfectamente a la ley, a la constitución a la justicia, al bien común”, dijo el presidente.
Este lunes a través de su cuenta de Twitter, Correa aseguró que ir a juicio por este caso es “una leguleyada” para engañar a la ciudadanía.
De momento la contraloría general del Estado elabora un informe para dirimir el conflicto.
Moncayo opina que este tema ha desbordado, que debió resolverse frente a un juez pero “lamentablemente no se han respetado los procedimientos. Recién se va a hacer un estudio de contraloría”, dijo.
“Esta orden fue precipitada sin duda porque debía haber esperado tener por lo menos el estudio de contraloría para saber qué mismo sucedió en el contrato. El presidente cometió un error y no lo quiere asumir. Él ha dicho que las fuerzas armadas no están por encima de la ley, y yo le digo, tampoco el presidente está por encima de la ley”, añadió Moncayo.
Pero la posición de Correa es clara, menciona que retirar los fondos del ISSFA no es una decisión precipitada porque se trata de un litigio antiguo.
“¿Saben cuándo se determinó este sobre pago? En el año 2013. Llevamos más de dos años pidiéndole al ISSFA que nos devuelva los valores pagados de más y no lo han querido hacer y aquí, si no se han enterado, ya hay un presidente, compañeros, que no permitirá abusos de nadie”, dijo el mandatario de Ecuador.
El presidente concluyó su intervención publica asegurando que el caso del ISSFA es un tema menor y lo hizo agitando la bandera de Ecuador ante miles de simpatizantes desde el balcón del palacio de gobierno.