Nota del editor: Susan Coppedge es Embajadora Especial de la Oficina de Vigilancia y Lucha contra la Trata de Personas del Departamento de Estado de Estados Unidos. Las opiniones expresadas en este comentario son exclusivamente las de la autora.
(CNN) - Nina huyó de casa a los 14 años. Ella conoció a una mujer que la puso en una habitación de hotel y le llevó “clientes”. Durante los siguientes 13 años, Nina tenía 20 proxenetas diferentes que la anunciaba para sexo en internet y abusaron de ella verbal y físicamente.
Para cuando Nina —cuyo nombre real no voy a revelar para ayudar a proteger su identidad— finalmente fue referida a los servicios de víctimas, ella había sido declarada culpable de 52 delitos, principalmente por prostitución, pero también por robo y uso de una identificación falsa.
Había pasado un tiempo tanto en el centro de detención juvenil como en la cárcel. ¿Debería Nina tener antecedentes penales?
Las ramificaciones de antecedentes penales son muy reales… ya sea para un sobreviviente del tráfico sexual que no puede conseguir trabajo o alquilar un apartamento a causa de arrestos previos por prostitución; una trabajadora doméstica que ha huido de su hogar abusivo y necesita protección, pero en vez de ello es penalizada por violar las leyes de inmigración de Estados Unidos; o bien, aquellos que son obligados por grupos delictivos organizados a producir, transportar y vender drogas.
Esta es una realidad que muchos gobiernos locales y agentes del orden público enfrentan a causa de la creciente conciencia sobre la trata de personas, también conocida como la esclavitud moderna, y a causa de una mejor comprensión sobre quiénes son las víctimas. Ahora sabemos que algunas de las mismas personas que están siendo criminalizadas son las personas que necesitan la mayor protección.
Recientemente, ofrecí un discurso en la reunión de invierno de la Asociación Nacional de Procuradores Generales en Washington D.C. en apoyo a leyes de anulación relacionadas con víctimas de trata condenadas por crímenes violentos cometidos como resultado directo de su victimización.
Algunos estados de Estados Unidos han promulgado disposiciones que les proporcionan a los sobrevivientes la capacidad para obtener una orden judicial que anula o elimina condenas penales presentadas contra ellos a raíz de la situación del tráfico.
Se necesitan estas leyes, ya que a menudo las víctimas que se ven obligadas a cometer un delito son confundidas con delincuentes por las autoridades policiales y judiciales. Muchas víctimas de tráfico sexual y laboral, tanto aquí en Estados Unidos como en todo el mundo, permanecen sin ser detectadas entre los que han cometido delitos por temor a presentarse y las fuerzas del orden público carecen de medidas adecuadas para la detección e identificación de la víctima.
Sin embargo, dado que la ley de protección de víctimas de la trata fue promulgada inicialmente en el 2000, hemos hecho grandes progresos en la aplicación de un enfoque centrado en las víctimas como parte de nuestros esfuerzos de aplicación de la ley.
Los 50 estados tienen leyes que penalizan la trata de personas y muchos cuentan con grupos de trabajo que se dedican a implementar políticas y procedimientos eficaces para luchar contra la trata de personas a través de la colaboración de los fiscales, la policía y proveedores de servicios. El siguiente paso es que los 50 estados cuenten con leyes de anulación.
Las víctimas de la esclavitud moderna, ya sean niños o adultos, no deben ser consideradas responsables penalmente por su participación en actividades ilegales que son consecuencia directa de su victimización.
Aunque los esfuerzos del gobierno nunca pueden deshacer totalmente el trauma que resulta de la trata de personas, podemos empezar por mejorar nuestras leyes y políticas para garantizar que las víctimas de la trata de personas no sean procesadas por crímenes que han sido obligados a cometer en primer lugar.
Si son procesados y condenados, debemos contar con un sistema para anular, o eliminar, los antecedentes penales de las víctimas de la trata. En el 2010, Nueva York se convirtió en el primer estado en aprobar una ley que permite que los sobrevivientes de la trata anulen las condenas por delitos de prostitución. En el 2013, la ley de la Florida fue aún más lejos, estipulando la eliminación de antecedentes penales por “cualquier condena relacionada con un delito cometido cuando… era víctima de la trata de personas”.
Las leyes de abolición les dan a las víctimas de la trata no solo la oportunidad de corregir las injusticias del pasado, sino que también les permite reconstruir sus vidas.
Al menos un estudio encontró que aproximadamente 80 por ciento o más de los empleadores en Estados Unidos utilizan la verificación de antecedentes penales durante su proceso de empleo. La ley de anulación aumenta la capacidad de buscar empleo a los sobrevivientes, reduciendo las vulnerabilidades económicas y el riesgo de volver a caer en la trata.
En febrero, les hice un llamado a los fiscales generales de los 50 estados y los territorios estadounidenses para que usen sus posiciones, como ahora lo estoy haciendo yo, para amplificar las voces de las víctimas de trata de personas.
Hay sobrevivientes en todos los estados de este país, quienes necesitan ser escuchados; necesitan leyes que les permiten borrar sus antecedentes penales no violentos como resultado de su explotación previa.
Los sobrevivientes del tráfico merecen un nuevo comienzo y un futuro lleno de posibilidades y oportunidades, sin que el estigma y el dolor de la trata de personas los persiga para siempre.