(CNN Español) - Los delegados de paz del gobierno de Colombia y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmarán este jueves 24 de noviembre el nuevo acuerdo de paz, según anunciaron en un comunicado conjunto.
El acuerdo, llamado por las delegaciones “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, fue alcanzado el pasado 12 de noviembre y comunicado a la población y a los impulsores de la opción del no en el plebiscito para refrendar el primer documento emanado de las conversaciones.
“Las delegaciones acordamos que el mecanismo de refrendación de este Acuerdo será a través del Congreso de la República y estamos precisando los procedimientos que se van a utilizar para este propósito”, dice el comunicado.
Santos: La vía más conveniente para refrendar el acuerdo es el Congreso
En alocución en la noche del martes, el presidente Juan Manuel Santos reiteró que la firma será el jueves. El mandatario dijo que “una creciente opinión señala que el Congreso es la instancia más idónea para refrendar el acuerdo de paz” y que por tanto considera que “la vía más conveniente” para refrendarlo es el Congreso y que así procederá.
Santos dijo que la decisión se toma para promover la unión y evitar la polarización de una nueva campaña hacia un plebiscito.
Santos dijo que la “mayoría de sectores” ha mostrado preocupación sobre el nuevo plebiscito”.
“Desafortunadamente algunos de los sectores más radicales del no se siguen oponiendo al acuerdo”, dijo.
El presidente dijo que “el mundo entero expresó su apoyo” al nuevo acuerdo y manifestó que los cambios que se hicieron son de fondo y significativos.
“Alcanzamos un mejor acuerdo de paz”, dijo.
Zuluaga: Es un golpe de Estado a la voluntad de los colombianos
Para el excandidato presidencial y uno de los líderes del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga, “los anuncios de hoy son un golpe de Estado a la voluntad democrática de los colombianos”.
Zuluaga dijo en entrevista con Patricia Janiot, presentadora principal de CNN en Español, que en el nuevo acuerdo no están los temas esenciales que motivaron a la mayoría a votar por el no, como que se mantengan el narcotráfico y el asesinato de soldados y policías como delitos políticos.
Con el acuerdo, los cabecillas de las FARC responsables de crímenes de lesa humanidad van a ser elegibles, dijo Zuluaga.
La elegibilidad política de los guerrilleros fue el principal reclamo de los opositores y precisamente el tema en que Santos dijo que no se podía negociar debido a que el objetivo era, justamente, cambiar las armas por la política.
“No es un nuevo acuerdo, es el mismo que negamos los colombianos con retoques”, dijo. El Centro Democrático propone un referendo u otro mecanismo de refrendación popular para “hacer respetar la decisión del pasado 2 de octubre”.
Lo que dice la oposición
El lunes, el Gobierno y los representantes del no se sentaron a revisar a puerta cerrada el documento del nuevo pacto. En un comunicado difundido en la noche del lunes, el expresidente Álvaro Uribe, dijo que el Gobierno negó “la posibilidad de este Acuerdo Nacional sobre temas sustanciales” e insistió en que la refrendación la tiene que hacer “el pueblo colombiano”.
La oposición colombiana ha plantado una posición crítica contra el presidente Juan Manuel Santos por según ellos, no darles oportunidad de revisar el texto final antes de la firma. El expresidente Uribe, cara del movimiento a favor del no, aseguró que muchos temas importantes fueron ignorados en el nuevo acuerdo y junto al expresidente Andrés Pastrana, ha dicho que la modificación del acuerdo solo “mantiene la esencia antidemocrática del pacto original”.
Ambos expresidentes piden que el nuevo acuerdo vuelva a ser refrendado y de lo contrario, advierten que Santos estaría esquivando una resolución judicial que le ordena respetar la voluntad de la mayoría de los colombianos que rechazaron el acuerdo y conferirles un efecto jurídico.
El congresista Federico Hoyos considera que no hay claridad si el nuevo acuerdo de paz realmente tiene los cambios de fondo que obedezcan al resultado del plebiscito.
Santos, por el otro lado, admite que con las propuestas de la oposición y otros grupos sociales en Colombia se alcanzó un mejor acuerdo con las FARC, pero advirtió que es el mejor acuerdo posible y que debe actuarse con premura para evitar reactivar un cruce armado entre la guerrilla y el gobierno colombiano.
El acuerdo se dio tras días de intensas reuniones en La Habana en las que se discutieron las propuestas de quienes estaban en contra del primer texto, entre ellos el expresidente y senador Álvaro Uribe.
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El 16 de noviembre hubo un combate en el sur del departamento de Bolívar en el que murieron unos guerrilleros, un hecho que para algunos puso en riesgo el proceso y la continuidad del cese del fuego.
El presidente Santos dijo en conferencia de prensa dijo que el limbo en el que se encuentra el acuerdo de paz en Colombia aumenta los riesgos de no llegar a acuerdos.
Lo que cambió en el nuevo acuerdo
En el nuevo acuerdo se establece la creación de un inventario de bienes y activos de las FARC para reparar a las víctimas. Si los guerrilleros esconden bienes, podrían perder el tratamiento especial de justicia.
Las modificaciones incluyen la protección del derecho a la propiedad privada y no se perseguirá a los terratenientes que pagaron sobornos durante el conflicto.
Se establece un límite de tiempo a la jurisdicción especial de paz: hasta 10 años. Y se elimina la presencia de jueces extranjeros con capacidad de decisión durante la transición.
Se redujo el 30% la financiación de un posible partido político de las FARC, que ya no tiene garantizados 16 curules en la cámara de representantes ni tendrá cargos en el gobierno.
Además, se exigirá a las FARC más colaboración contra el narcotráfico: se les pedirá información sobre rutas o clanes, y que se desliguen de estos.
En cuanto a la paridad en la aplicación de la justicia: los militares y los policías no serán juzgados de una manera más severa que los guerrilleros. En ese sentido los guerrilleros no pagarán condena de cárcel, pero tendrán restringidos sus movimientos en lugares y plazos de tiempo dependiendo de sus delitos.
Lo que no cambió
El presidente Santos reconoció el 12 de noviembre que, aunque era un punto que reclamaron muchos opositores al primer acuerdo, se mantuvo la posibilidad de que los jefes guerrilleros sean votados en puestos de elección popular.
“Tengo que decirlo con franqueza: aquí no se logró avanzar”, dijo Santos con el argumento de que la razón de ser de todos los procesos de paz es precisamente que los guerrilleros dejen las armas y hagan política dentro de la legalidad.
Eso sí, aclaró, no habrá curules aseguradas para los guerrilleros, sino que tendrán que participar en las elecciones. Tampoco tendrán cargos en el gobierno.