(CNN Español) – Este martes Human Rights Watch publicó una denuncia sobre las supuestas violaciones a los derechos humanos que habría cometido el general (r) Mario Montoya, exjefe del Ejército de Colombia. Y calificó estos hallazgos como “evidencias inéditas”. Según la organización, este oficial del Ejército “no habría adoptado medidas razonables para impedir ni sancionar cientos de ejecuciones extrajudiciales”, un caso que en el país colombiano se ha conocido como “falsos positivos”.
El oficial aún no ha sido imputado formalmente por estos hechos y no se ha referido al tema. Su abogado, Andrés Garzón, le aseguró a CNN en Español que es “absolutamente extraño e irregular que Human Rights Watch tenga conocimiento” de detalles de la investigación, como los testimonios que habrían rendido generales del Ejército sobre el caso. Por eso, envió un derecho de petición a la Fiscalía, que deberá dar respuesta en máximo 15 días, pidiéndole que le haga llegar toda la información revelada por la organización para poder conocerla, “pues es más importante el derecho de defensa”. Además, desestimó las acusaciones contra el general (r) Montoya.
“Montoya sabía de los falsos positivos”
“Montoya estuvo al frente del Ejército colombiano cuando se cometieron algunas de las atrocidades masivas más graves que hayan ocurrido en el hemisferio occidental en los últimos años”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch en la publicación.
La organización reportó que el general (r) Montoya, junto a otros 14 generales colombianos, está siendo investigado al menos desde 2015 por hechos relacionados con ejecuciones extrajudiciales. Crímenes, continúa el informe, que se cometieron mientras Montoya comandó el Ejército entre febrero de 2006 y noviembre de 2008, “un período durante el cual se registraron las cifras más altas” de estos delitos.
En este sentido, Human Rights Watch señaló que en esos casi tres años por lo menos 2.500 civiles habrían sido víctimas de esta práctica. Una información que la organización pudo conocer por el acceso que tuvo a archivos de la Fiscalía de Colombia. “Por ejemplo, en 2007 y 2006, más de uno de cada tres muertes informadas como bajas en combate podrían ser ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del Ejército, según un análisis de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas”, se lee en la publicación.
Los “falsos positivos” se empezaron a perpetrar extendida y sistemáticamente en 2002, explica Human Rights Watch, con el objetivo de incrementar fraudulentamente el número de bajas en combate.
Además, la organización reportó que en octubre pasado tuvo acceso a cientos de transcripciones testimonios que rindieron seis generales del Ejército a la Fiscalía General de la Nación entre agosto de 2015 y 2016. Los testimonios, insistió Human Rights Watch, “sugieren de manera convincente” que el general (r) Montoya sabía o contaba con información relacionada “que demuestra que debería haber sabido sobre los casos de falsos positivos cometidos bajo su mando”.
Para el abogado Andrés Garzón es “un contrasentido” que “oficiales de más alto rango del Ejército tuvieran conocimiento de atrocidades como los ‘falsos positivos’ y no hicieran nada. Es ilógico que unos generales salgan afirmando una responsabilidad de Montoya, por encima de las de ellos mismos, porque estarían aceptando ese conocimiento y yo, la verdad, no creo que sea así”.
Por eso, insistió en que su defensa radicó el derecho de petición ante la Fiscalía y “si ellos no fueron los que filtraron esta información sí pediré que se abra una investigación para dar con la persona que lo hizo porque este tipo de filtraciones le hacen mucho daño a la investigación”.
Aún así, Human Rights Watch insiste en que este general tenía “un conocimiento detallado sobre las muertes en combate, acceso a reportes creíbles de falsos positivos, y sabía de las circunstancias implausibles de muchas de las bajas reportadas”.
La organización también detalló que había presiones de Montoya “para incrementar el número de bajas”. Es decir, en palabras de Human Rights Watch, que los comandantes medían el éxito en función de las muertes en combate y “presionaban a los subordinados para que incrementaran estas cifras”.
Además la ONG reportó que el testimonio de los oficiales “sugiere que el general Montoya y el general Luis Roberto Pico Hernández, que entonces era comandante de la Séptima División del Ejército, podrían haber estado implicados en la destrucción de evidencias que sugieren que la presión por reportar bajas en combate habría motivado los falsos positivos”.
Sin embargo, la defensa del general (r) Montoya aseguró que, por su parte, cuenta con “declaraciones de los oficiales de más alto rango, del más alto nivel del Ejército, que dicen que la orden del general era la protección a los derechos humanos”. Según el abogado Garzón, Montoya dio la orden de que todas las brigadas tuvieran una pista de derechos humanos, “que es como una pista de combate, pero con obstáculos de derechos humanos”.
Ministerio de Defensa rechazó las denuncias
El ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, rechazó las denuncias de Human Rights Watch y enfatizó en que es la justicia quien debe llevar a cabo las investigaciones contra los uniformados, como lo reportó una comunicación oficial.
“En el comunicado de HRW no hay novedades; hacen relación a una información que ya ha sido publicada numerosas veces en este año y en años anteriores. La Fuerza Pública es respetuosa de la justicia, es la justicia colombiana la que dice cuáles uniformados colombianos son responsables o no de hechos delictivos”, sostuvo Villegas. Además, señaló que no va a haber ningún tipo de actuación sobre carreras militares, personal retirado u oficiales activos “simplemente por cuenta de acusaciones que no provienen de la justicia”.
Finalmente, el funcionario recordó que los supuestos delitos cometidos por el general Montoya están relacionados con acciones en el marco del conflicto armado, “de manera que cuando esa nueva justicia aparezca (Justicia Especial para la Paz que sale de la negociación entre el Gobierno de Colombia y las FARC), él tendrá que tomar las decisiones correspondientes para saber si se acoge o no a esa nueva Justicia”.
Humans Right Watch pidió celeridad a la Fiscalía
En el documento, la organización pidió al fiscal general Néstor Humberto Martínez reactivar el proceso penal en contra de Mario Montoya. “Las evidencias contra Montoya no dejan de acumularse, pero sólo juntan polvo en la estantería de una oficina de la Fiscalía General de la Nación. Ya es hora de que la Fiscalía use la importante evidencia con la que cuenta y avancen en este caso”, señaló José Miguel Vivanco.
Pero para el abogado de Montoya, “en Human Rights Watch quieren hacer de fiscales” y “el señor Vivanco tiene una cruzada en contra del Ejército y en contra del general Montoya”. Indicó que “cuando un proceso penal se mueve no implica imputación de cargos, se mueve porque hacen investigación que es lo que quiere presionar esa organización”.
Justamente, uno de los cuestionamientos más duros de Human Rights Watch es el hecho de que la audiencia de formulación de cargos contra el general (r) Montoya estuviera programada para marzo, se haya aplazado y hasta la fecha no se haya realizado. Ante esto, Andrés Garzón sostuvo que la diligencia se suspendió porque “la defensa pidió ampliación del interrogatorio para presentar nuevos elementos probatorios y a partir de esos elementos se han hecho labores de investigación y se le ha dado un mayor impulso al caso”.
También la defensa señaló que el general Montoya ha estado todo el tiempo en Colombia y “en ningún momento ha pensado en evadir a la justicia o siquiera no asistir a las citas. Han pasado situaciones en que yo no he podido ir y él se presenta solo”.
Human Rights Watch considera preocupante que la investigación penal de Montoya y otros oficiales pueda verse frustrada por la posibilidad de que muchos casos de falsos positivos sean juzgados en la Jurisdicción Especial para la Paz, un sistema judicial ad hoc creado por el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como parte del proceso de paz. Esta jurisdicción podría aplicar una definición restrictiva del principio de “responsabilidad de mando” que beneficiaría a los altos mandos del Ejército bajo investigación por los crímenes cometidos por sus subalternos.
Sin embargo, Andrés Garzón desestimó tal posibilidad. “Creemos en la absoluta inocencia del general Montoya y estamos dispuestas a acudir ala justicia ordinaria, para demostrarla con pruebas como lo hemos hecho”, apuntó. Y reiteró la Jurisdicción Especial para la Paz no está dentro de las situaciones que considerarán como defensa.