(CNN) – Un fuerte informe del organismo de vigilancia ambiental Global Witness califica a Honduras como “el lugar más peligroso para defender el planeta” y vincula a las empresas y a la elite del país con brutales abusos de derechos humanos.
Global Witness dice que 123 personas han sido asesinadas protegiendo la tierra en Honduras desde el golpe de Estado de 2009.
El informe se divulga casi un año después de que la galardonada ambientalista Berta Cáceres fuera asesinada dentro de su casa después de luchar contra uno de los proyectos hidroeléctricos más grandes de Centroamérica.
La investigación de dos años arroja luz sobre lo que el grupo dice que es corrupción política en Honduras.
Gladis Aurora López, presidenta del partido oficialista y vicepresidenta del Congreso, es considerada una de las políticas y empresarias más poderosas implicadas en la represión violenta, dice el informe.
El reporte vincula al esposo de López, Arnold Gustavo Castro, a las polémicas represas hidroeléctricas Los Encinos y La Aurora, que están siendo construidas en tierras sagradas de indígenas. Como el director de las compañías detrás de las represas, Global Witness dice que obtuvo ilegalmente los contratos cuando su esposa estaba en el Congreso.
Tres activistas indígenas que lucharon contra la represa de Los Encinos fueron asesinados y “sus cuerpos fueron desmembrados y mostraban señales de tortura”, dijo Global Witness.
López y su esposo negaron cualquier implicación en los asesinatos, dice Global Witness. No respondieron a la solicitud de CNN en Español para comentar al respecto.
Advertencia contra posibles “falsas acusaciones”
Algunos dentro del gobierno advierten contra lo que llaman acusaciones temerarias.
“Se debe tener certeza de las personas que se va acusar en dado caso que pudiera tener una implicación para no hacer acusaciones falsas o que la investigación pues se pueda perder por hacer algo prematuro”, advirtió Jorge Galindo, portavoz de Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) de Honduras.
En Honduras, una nación pobre que está en proceso de reconstrucción desde el golpe de 2009, seis de cada 10 horarios viven en la pobreza extrema con 2,50 dólares al día.
La región, en la que hay desigualdad en la distribución de la riqueza y de tierras, es “rica en recursos, pero la corrupción de alto nivel y un débil estado de derecho contribuye a que la situación actual de líderes comunitarios asesinados en cifras récord”, dijo Billy Kyte de Global Witness a CNN en un correo electrónico.
Kyte acusa a la elite del país de usar “medios criminales y corruptos para ganar dinero con la riqueza natural del país, y están reclutando el apoyo de las fuerzas estatales para asesinar y aterrorizar a las comunidades que osan cruzarse en su camino”.
“Si no también señalar a la autoría intelectual quien planificó, quien pagó, pero también señalar la responsabilidad en esta caso de la empresa de funcionarios del estado que también promovieron el hostigamiento , la persecución , la criminalización que culmino en un asesinato”.
“Quienes denuncian están siendo silenciados en cifras récord”, dice Kyte. “Son personas del común defendiendo sus tierras contra la imposición ilegal de minería, represas hidroeléctricas y negocios agroindustriales”.
El informe critica a Estados Unidos por “financiar” a las fuerzas estatales hondureñas, que con frecuencia —dice— están “detrás de asesinatos y ataques contra activistas”. Estados Unidos es el principal socio comercial de Honduras, según el Departamento de Estado. En 2013, los dos países tuvieron una relación comercial de 9.800 millones de dólares.
En respuesta a ese reporte, Estados Unidos reafirmó su compromiso con atender las preocupaciones de derechos humanos en Honduras.
“Estados Unidos está enfocado en apoyar los esfuerzos hondureños para enfrentar la impunidad, fortalecer la sociedad civil y crear condiciones que llevarán seguridad y prosperidad económica amplia a Honduras”, dijo un portavoz del Departamento de Estado a CNN, citando el compromiso de la Embajada de EE.UU. de entregar 2,9 millones de dólares en un convenio con Freedom House, una organización que trabaja con el gobierno hondureño para ayudar a proteger los defensores de derechos humanos.
Arrestos por la muerte de ambientalista
El gobierno hondureño ha dicho varias veces que trabaja para que los responsables de los crímenes sean llevados ante la justicia y para asegurar que los grupos más vulnerables no sean perseguidos ni atacados.
En el caso de Cáceres, siete personas han sido arrestadas en conexión con su muerte, incluyendo al hombre que administraba el proyecto de la represa Agua Zarca para Desarrollos Energéticos.
“Tenemos que también señalar a la autoría intelectual, quien planificó, quien pagó, pero también señalar la responsabilidad en esta caso de la empresa de funcionarios del estado que también promovieron el hostigamiento, la persecución, la criminalización que culmino en un asesinato”, dijo la hija de Cáceres, Berta Zúñiga, a CNN en Español.
La compañía niega involucramiento en el asesinato o cualquier hecho ilegal.
En tanto, Silvio Carrillo, el sobrino de Berta Cáceres, impulsa un proyecto de ley en el Congreso de EE.UU. —la “Ley Berta Cáceres de Derechos Humanos en Honduras”— que cortaría toda la financiación para Honduras hasta que las violaciones de las fuerzas de seguridad hondureñas cesen y los perpetradores sean llevados ante la justicia”.
“Esto no se trata solo de Berta”, le dijo Carrillo a CNN. “Puede que ella simplemente haya sido un daño colateral para el gobierno de EE.UU., pero para nosotros y para los millones que nos apoyan alrededor del mundo, ella —y al menos otros 123 activistas muertos— es un símbolo de una política estadounidense que claramente ha fallado. Seguimos pidiendo que EE.UU. deje de apoyar a este sindicato criminal que dice ser gobierno en Honduras”.
Con colaboración de Kelly Chen de CNN