(CNN) – Recibir más de un millón de dólares de una sentencia que buscaba casi 200 millones puede no parecer mucho. Pero para un hombre afligido, que perdió a su padre hace años por en una de las guerras de guerrilla más largas de América Latina, es una victoria crucial.
Desde que su padre diplomático murió a manos de las fuerzas rebeldes colombianas, en 1999, Antonio Caballero ha estado viviendo en Estados Unidos con asilo político, buscando maneras de llevar a los responsables del asesinato ante la justicia.
Un grado de cierre ocurrió en 2014, después de que un tribunal de primera instancia de Florida le otorgara a Caballero daños y perjuicios en un caso en el que los guerrilleros y narcotraficantes más conocidos de Colombia fueron responsabilizados, in absentia, por el brutal ataque. Caballero había demandado al ELN y a las FARC, las guerrillas más grandes de Colombia, en 2012.
El problema es que recoger dinero de una organización terrorista extranjera -especialmente un grupo rebelde armado que intenta ocultar su dinero fuera del alcance de los tribunales estadounidenses- es difícil, más si no eres ciudadano estadounidense.
Así que su equipo legal siguió el dinero, rastreando las drogas y los pagos que comenzaban en la selva colombiana y pasaban a través de un cartel de drogas mexicano hasta un vehículo blindado en Texas, antes de aterrizar en una cuenta bancaria en Florida.
Ahora que Caballero ha recogido una pequeña parte del dinero que un tribunal le concedió, se siente reivindicado.
“El simbolismo de esta justicia es más importante que el dinero”, dijo Caballero, de 59 años, en una entrevista con CNN a través de su abogado, Joseph Zumpano. “Pero la recaudación del dinero en sí hace que la justicia sea más significativa”.
El comienzo sangriento
El padre de Caballero, Carlos Caballero, era una gran figura en la política colombiana.
Líder del Partido Liberal y cinco veces senador, ocupó el cargo de embajador de Colombia en las Naciones Unidas, en 1972. A lo largo de su carrera política, fue un crítico abierto de las fuerzas guerrilleras colombianas.
El embajador tenía 76 años cuando fue tomado como rehén, en febrero de 1999, durante un período de violencia extrema entre narcotraficantes y grupos paramilitares. Alrededor de esta época, Colombia registró un gran aumento en el número de secuestros, según la unidad de servicios para víctimas del país.
El padre de Caballero murió más de seis meses después de que los rebeldes exigieran 6 millones de dólares para su liberación. Durante su cautiverio, las fuerzas rebeldes lo torturaron diariamente, forzándolo a caminar por la selva durante horas y privándolo de alimentos y agua, según la denuncia civil presentada por Caballero en un tribunal de primera instancia de Florida.
A pesar de recibir, de acuerdo con los registros judiciales, una “suma considerable” de dinero, los rebeldes mataron a Carlos Caballero, disparándole en la nuca y echando su cuerpo al lado de un camino de tierra.
En la denuncia, Antonio Caballero dice que se vio obligado a huir de su país de origen, abandonando propiedades y negocios, y quiere que los responsables paguen.
Los acusados fueron los dos grupos guerrilleros más grandes de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), junto con el Cártel del Norte del Valle de Colombia.
La demanda dice que el padre de Caballero fue atacado por sus posiciones políticas en contra de los grupos rebeldes, y porque la propiedad que poseía podría facilitar el transporte de drogas de Colombia al sur de la Florida.
Los registros del Observatorio de Derechos Humanos del Gobierno colombiano culpan al ELN por la muerte del padre de Caballero. Pero la sentencia judicial consideró que “un asesinato de tan alto perfil” no sería posible sin la “aprobación y consentimiento” del ELN, FARC y NDVC, una determinación de tres vías que resultaría crucial para que Caballero pudiera recuperar su dinero.
Un disparo en la oscuridad
Después de la sentencia, Antonio Caballero intentó recolectar el dinero presentando una orden en Florida para tomar una parte de la sentencia de 191,4 millones de dólares contra las FARC, ELN y el Cartel del Norte del Valle.
Pero recoger dinero de las guerrillas colombianas y narcotraficantes a miles de kilómetros de distancia en Estados Unidos es difícil.
En 2012, un juez de la Florida otorgó a tres contratistas estadounidenses que habían sido secuestrados por las FARC un total de 318 millones de dólares, pagados de cuentas bancarias incautadas de narcotraficantes colombianos vinculados a las FARC, según Reuters.
Hasta 2016, solo se había podido reclamar una pequeña parte de ese dinero, informó Reuters.
Uno de los contratistas secuestrados por las FARC, Thomas Howes, abordó este obstáculo en una declaración escrita, de 2014, al Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
“Las FARC no tienen activos bloqueados en los Estados Unidos, nunca ha sido así y es probable que nunca sea así. (Las organizaciones terroristas extranjeras) simplemente no abren cuentas bancarias ni tienen activos en su nombre, sino que operan a través de cárteles, grupos, narcotraficantes y lavadores de dinero -las agencias o instrumentos de las FARC”.
Con la esperanza de que le pagasen a Caballero, el abogado Zumpano dice que hizo lo que llama un “disparo en la oscuridad”, una apuesta poco probable, tratando de encontrar cualquier narcodinero que pudiera ser rastreado a los rebeldes colombianos y narcotraficantes y puesto a disposición de Caballero para su cobro.
Zumpano emitió citaciones a algunos de los bancos más grandes de la Florida. Pensó que si las drogas colombianas estaban llegando al sur de la Florida, entonces el rastro del dinero no estaría muy lejos.
El abogado, quien tiene sus oficinas en Miami, encontró una “cuenta bloqueada” vinculada a una incautación de 2 millones en dinero de drogas de un vehículo blindado en Texas, cerca de la frontera con México. La cuenta estaba vinculada a una operación de lavado de dinero del célebre cártel mexicano de la droga, Los Zetas.
El equipo legal de Caballero argumentó con éxito que su cliente tenía derecho al dinero, ya que Los Zetas estaban actuando como un “instrumento” de los grupos rebeldes del país al transportar drogas colombianas a mercados extranjeros.
Es la primera vez en su carrera legal que ha visto a una víctima del terrorismo recuperar activos en Estados Unidos de un cártel de drogas mexicano, dijo Zumpano. Bajo la ley federal, los activos tomados por los EE.UU. de los cárteles de la droga mexicanos a menudo no están disponibles para las víctimas del terrorismo.
“No muchos abogados hacen este tipo de litigio … Es un campo solitario”, explicó Zumpano. “Pero si eres una víctima del terror, tienes que ser capaz de seguir el dinero, y remontarse a quién está realmente detrás de él.”
Zumpano y su socio legal, León Patricios, recaudaron cerca de 24 millones de dólares por daños y perjuicios por parte de Cuba en nombre de la hija de un piloto de la CIA derribado durante la invasión de Bahía de Cochinos. En 2010, también argumentó que la inyección del gobierno cubano de hepatitis C en un cuerpo de prisionero político constituyó un ataque biológico a un ciudadano estadounidense.